El jueves pasado, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cerró el último frente jurídico abierto contra la ley de amnistía: el derecho comunitario no se opone a ella, ni en la malversación que el Supremo atribuye a Puigdemont ni en el terrorismo imputado a los CDR. Aprobada por las Cortes, avalada por el Constitucional y ahora bendecida por Europa, a la norma solo le queda un obstáculo, que es precisamente el tribunal que se niega a aplicarla. El retorno, pues, ha dejado de ser una hipótesis jurídica para convertirse en una cuestión de calendario. Un calendario que, por cierto, sigue guardado en un cajón del Supremo. Y es ahí donde empieza la política.
Aquí tens la versió en catalá
¿Qué pasará cuando Carles Puigdemont cruce la frontera y llegue a Cataluña, esta vez sin estratagemas ni jugadas maestras? ¿Cómo responderá la gente ante el retorno del president que protagonizó institucionalmente el 1-O? ¿Será acogido como el president de todos? ¿Ayudará a hacer revivir una formación política —Junts per Catalunya— que vive su peor momento desde su creación?
El 23 de octubre de 1977, el president Josep Tarradellas aterrizaba en el aeropuerto de El Prat tras treinta y ocho años de exilio. El día de su llegada, desde el balcón del Palau de la Generalitat, pronunciaba un discurso para la posteridad: «Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí». El presidente del Gobierno del Estado lo restituía como president de la Generalitat. Tres años después, Jordi Pujol ganaba las primeras elecciones al Parlament y Tarradellas se retiraba sin ni siquiera presentarse. De Tarradellas, más allá de los historiadores y los biógrafos, nadie se acuerda.
Ciertamente, ambos casos son muy distintos, tanto en la duración del exilio como en la intensidad de las causas que los llevaron a abandonar el país. Pero el paralelismo sirve para señalar un hecho: el impacto del retorno es tan intenso como fugaz, y la nostalgia, en la política del día a día, solo cuenta si sirve para mejorar la vida de la gente. Eso es, precisamente, lo contrario de lo que hace Junts per Catalunya en el Congreso de los Diputados, votando constantemente con el PP y Vox, ya sea para derogar la moratoria contra los desahucios o para tumbar la reducción de la jornada laboral. La nostalgia moviliza recuerdos. Los alquileres y los horarios movilizan vidas. Y un partido que lleva una década sin gobernar, atrapado entre la oposición a Illa, la competencia de Aliança Catalana por la derecha identitaria y la tentación permanente de entenderse con un Feijóo que ahora pide «pasar página», difícilmente podrá presentar el retorno de su líder como un proyecto. El retorno de Puigdemont no resuelve el problema de Junts: lo desnuda.
El impacto del retorno es tan intenso como fugaz, y la nostalgia, en la política del día a día, solo cuenta si sirve para mejorar la vida de la gente
Junqueras, que sufrió la —injusta— prisión (como injusto ha sido el exilio impuesto a Puigdemont), ya ha tenido tiempo de entender que el aura de víctima se desvanece al instante, y ha tenido que pelearse con su propio partido, que todavía no controla del todo. Si finalmente cae la inhabilitación impuesta por el Tribunal Supremo, tendrá el que será, suponemos, su last dance como candidato. Pero el baile se reabre con un matiz que lo cambia todo: el votante que Puigdemont y Junqueras tendrán que disputarse ya no es el de 2017. Ha envejecido, se ha desencantado, ha cambiado de causa o mira hacia la extrema derecha. ERC ha hecho de la amnistía y de los pactos que la hicieron posible su justificación histórica; Junts hará del retorno una épica. Ninguna de las dos cosas, de momento, es un proyecto de país. La competición entre los dos originales vuelve al tablero justo cuando el público ha cambiado de obra.
Y después están los otros, los que casi nunca salen en el titular. La sentencia también avaló que se amnistíe a los doce miembros de los CDR procesados por terrorismo, aunque la Audiencia Nacional aún debe firmar el archivo. Entre las más de cuatrocientas personas amnistiadas hasta ahora hay activistas anónimos, cargos intermedios, también policías. La movilización que las llevó ante el juez, en cambio, no ha vuelto. La calle que llenó plazas y cortó autopistas no está esperando a nadie: se fue a casa, se desencantó o cambió de causa. La amnistía no reactiva ese mundo: como mucho, lo entierra con honores jurídicos. Y de ese sentimiento de incompletud se aprovechará Aliança Catalana.
¿Normaliza, pues, o congela? Ambas cosas —y, de momento, ninguna de las dos. Porque nada de esto ha ocurrido todavía: Puigdemont sigue en Waterloo, Junqueras sigue inhabilitado, y la duda de verdad es qué otro conejo se sacará de la chistera un Tribunal Supremo que nos tiene acostumbrados a sorprender —esperar al Constitucional, ensayar una nueva consulta a Luxemburgo, descubrir un matiz inédito del «beneficio personal»— y a recordarnos, de paso, una vieja lección: la ley es casi siempre una, la que el poder decide que es. Si acaba aplicándose, la amnistía normalizará porque desjudicializa: por primera vez desde 2017, la política catalana podría discutirse sin un calendario de vistas orales como telón de fondo, y eso, en sí mismo, es higiene democrática. Y congelará porque restaura un elenco: los mismos nombres, las mismas rivalidades, la misma gramática del uno contra el otro, reinstalados en un escenario donde el espectador hace tiempo que mira otra obra.
Quien administra la normalidad, mientras tanto, es Salvador Illa: el dirigente que se opuso a la amnistía, convertido en su principal beneficiario político. Su apuesta es que la desjudicialización trabaje para él: que cada retorno reste épica al agravio y sume rutina a la legislatura, y que la nostalgia, como con Tarradellas, acabe donde mejor envejece, que es en los libros de historia.
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