La pregunta es inevitable: ¿por qué Catalunya ha tardado seis años en hacer lo que ya sabía que era necesario? La respuesta no debe buscarse en el sector, que ha sido persistente, proactivo y paciente, sino en la política pública. Lo que ha fallado es la capacidad de las administraciones —lideradas consecutivamente por las tres principales fuerzas políticas del país— para convertir los acuerdos en políticas y las políticas en realidad.
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Como bien sabéis, la expresión francesa déjà vu significa «ya visto» y se usa para describir la sensación de que una situación se repite sin razón aparente. En la política social catalana, este sentimiento comienza a ser demasiado familiar.
Esta semana se cumplirán seis años desde la firma, en plena pandemia, del Acord per una Catalunya Social entre el president de la Generalitat, el Conseller de Treball, Afers Socials i Families, el presidente de La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya y la presidenta de la Taula. Ese acuerdo nació en un momento crítico: el tercer sector apoyó de manera esencial i comprometida la respuesta comunitaria a la pandemia, mientras que los servicios sociales funcionaron gracias a profesionales con salarios que no reflejaban ni su responsabilidad ni su contribución.
El documento de 2020 identificó con precisión las debilidades del sistema: condiciones laborales insuficientes, tarifas obsoletas, gobernanza débil, concertación residual y financiación demasiado dependientes de convocatorias puntuales. El diagnóstico era correcto, pero el país hizo lo que suele hacer: diagnosticar sin ejecutar. Los compromisos permanecieron en el ámbito de las declaraciones, sin calendario, sin presupuesto y sin mecanismos que los obligaran a hacerse realidad.
Las vicisitudes del calendario han hecho que, más de un lustro después, se celebre la Cimera del IV Plan para apoyar al Tercer Sector Social de Catalunya. Y la paradoja es evidente: los compromisos que se han vuelto a poner sobre la mesa en 2026 son, en esencia, los mismos que ya se incluyeron en el documento de 2020. La Cimera de 2026 no inaugura un nuevo horizonte; reactiva medidas acordadas para responder a deficiencias ya diagnosticadas. Lo que ha fallado no es la capacidad de consenso, sino la capacidad de despliegue.
La Cimera de 2026 no inaugura un nuevo horizonte; reactiva medidas acordadas para responder a deficiencias ya diagnosticadas. Lo que ha fallado no es la capacidad de consenso, sino la capacidad de despliegue.
Sin embargo, la Cimera de 2026 se presenta en un contexto diferente. La nueva Ley sobre el Tercer Sector Social de Catalunya exige especificar lo que solo se anunció en 2020. Y es en este marco donde el Govern y el tercer sector recuperan los mismos puntos, pero con instrumentos que esta vez quieren que sean operativos. Medidas insuficientes que llegan tarde pero que abren una ventana de oportunidad para que las administraciones, ahora si, cumplan. La equiparación salarial se convierte en un plan dotado con 600 millones de euros en cuatro años. La actualización de las tarifas está vinculada a los costes y salarios reales. La concertación, aparentemente, se vuelve preferente por mandato legal. La gobernanza se refuerza con la activación del Consell de Diàleg Civil. Y la financiación estructural se materializa en un plan para promover el tercer sector.
La pregunta es inevitable: ¿por qué Catalunya ha tardado seis años en hacer lo que ya sabía que era necesario? La respuesta no debe buscarse en el sector, que ha sido persistente, proactivo y paciente, sino en la política pública. El tercer sector ha proporcionado diagnósticos, datos, propuestas y consensos. Lo que ha fallado es la capacidad de las administraciones —lideradas consecutivamente por las tres principales fuerzas políticas del país— para convertir los acuerdos en políticas y las políticas en realidad.
En 2020 se acordó un modelo; en 2026 se acuerda el mismo modelo, pero con la obligación y compromiso de implementarlo. Esta reiteración revela una debilidad crónica: Catalunya es capaz de generar acuerdos estratégicos, pero le resulta difícil convertirlos en resultados tangibles. En este caso, no deberíamos hablar de déjà vu, sino de déjà vécu: un «ya vivido» más intenso y profundo.
Los compromisos que se recuperan —equiparación salarial, revisión de tarifas, concertación preferencial, gobernanza estable y financiación estructural— no son nada nuevo. Están pendientes. Son deberes que el país dejó sin cumplir. Y es precisamente esta repetición la que resulta incómoda: si 2026 reactiva lo que ya era esencial en 2020, significa que el sistema social catalán ha funcionado durante seis años con carencias que podrían haberse corregido antes.
La Cimera de 2026 puede interpretarse de dos maneras: como una debilidad, porque muestra seis años de retraso en un sistema frágil; o como una oportunidad, porque ofrece la posibilidad —finalmente— de cumplir lo que el país prometió. La diferencia dependerá de si el gobierno convierte los acuerdos en un presupuesto, calendario y regulación, y de si el sector es capaz de ejercer con firmeza y valentía su capacidad de presión y articulación.
2020 fue un acuerdo estratégico sin músculo. En 2026 es un acuerdo operativo que intenta corregir seis años de incumplimientos. La cuestión decisiva es si Catalunya aprovechará esta segunda oportunidad o si volverá a diagnosticar sin desplegarse. Porque lo que está en juego no es un documento, sino la fortaleza del sistema social, la dignidad de las personas que lo sostienen y la calidad de vida de las personas atendidas y acompañadas por las entidades.
2026 Catalunya Plural.