La Renta Básica Universal, un ingreso económico pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad, individual, universal, incondicional y suficiente para cubrir las necesidades básicas, supondría un cambio de paradigma para las trabajadoras sexuales por lo que respecta a su estabilidad y capacitad de decisión, entre otras cosas.
Aquí la versió en catalá
Cuando el derecho a decir «no» depende de lo que debes
«A veces, por pobreza nos vemos obligadas a aceptar situaciones de peligro.» La frase, contundente y desnudada de cualquier romanticismo, es de Pauline, trabajadora sexual y activista por los derechos de su colectivo. No habla desde la teoría académica, sino desde la experiencia acumulada en un día a día donde el margen de decisión a menudo se mide en monedas. Dentro del trabajo sexual, como en tantas otros trabajos altamente precarizados, la vulnerabilidad económica es el hilo invisible que liga las personas a situaciones que, en otras circunstancias, rechazarían totalmente.
Muy a menudo, cuando se discute sobre trabajo sexual se hace desde debates morales sin contar con la voz de las trabajadoras. Pero pocas veces, quizás por incomodidad, surge esta pregunta: ¿cómo cambiaría esta actividad —y sobre todo la vida de quien se dedica a ella— si las personas pudieran tomar decisiones desde una seguridad económica mínima e incondicional garantizada? ¿Qué pasa cuando desaparece el miedo de no poder pagar el alquiler a final de mes?
Para responderlo, hay que aterrizar una idea que hace años que resuena en las agendas políticas con más voluntad transformadora; y acompasada al ritmo al que crece la pobreza y empeoran las condiciones de vida, la medida toma más sentido. Es la Renta Básica Universal (RBU). No hablamos de un subsidio por pobres ni de una ayuda asistencial. La RBU se define como un ingreso económico pagado por el Estado a cada miembro de pleno derecho de la sociedad, de forma individual, universal, incondicional y suficiente para cubrir las necesidades básicas de la vida. Se financia repartiendo la riqueza: en el Estado español, subir un 10% los impuestos al 10% más rico de la población sería suficiente para aplicarla.
¿Cómo cambiaría el trabajo sexual y la vida de quien se dedica si las personas pudieran tomar decisiones desde una seguridad económica mínima e incondicional garantizada?
A diferencia de las rentas mínimas actuales, la RBU no te obliga a demostrar que eres pobre, ni te fiscaliza el estado civil, ni tienes que demostrar si tienes trabajo o no, ni te somete al control burocrático de la administración (cosa que también significaría un gran ahorro de recursos). Simplemente está, como un derecho de nacimiento. Todo el mundo tiene claro que son un derecho la sanidad y la educación, por ejemplo, como garantes de vida. ¿Por qué no deberíamos tener derecho a unos ingresos mínimos si sin estos tampoco podemos sobrevivir? En un contexto global donde la inteligencia artificial empieza a sustituir puestos de trabajo a marchas forzadas, tal como ha pasado con la mecanización —hecho que tendría que servir para reducir las jornadas laborales sin perder salario, y no para abocarnos al paro—, la RBU se convierte en una herramienta urgente. No es una solución mágica que acabe con todas las agresiones que sufrimos del capitalismo, pero tiene la capacidad radical de modificar de arriba abajo las relaciones de poder y de acabar con la pobreza de un día para el otro.
La asfixia de la precariedad: Cuando no hay opción de escoger
«Si partiéramos de una estabilidad económica, prácticamente nadie se dedicaría al trabajo sexual», reflexiona Pauline (ni trabajaría en una empresa cárnica, ni de camarero en la Costa Brava, ni…). La realidad es que muchas de las personas que se inician provienen de las clases sociales más bajas. Y si bien es cierto que algunas consiguen generar ingresos significativos, a menudo es a cambio de una brutal autoexplotación.
Cuando la necesidad aprieta, conceptos como la «libre elección» se vuelven humo. Pero tanto cuando hablamos de trabajo sexual como cuando hablamos otros sectores precarizados. El trabajo sexual es una de las actividades que sufre de manera más brutal el machismo que impera en toda la sociedad —no el único, podríamos hablar de la situación de algunas «internas»—. El estigma crea un imaginario colectivo donde las trabajadoras sexuales parece que no sean merecedoras de respeto. Pauline lo sabe: «Cuando te ven vulnerable, creen que pueden abusar de tí». Sin un colchón económico, la capacidad de poner límites se reduce enormemente; se aceptan precios más bajos, prácticas no deseadas o clientes que generan desconfianza, solo por el imperativo de sobrevivir.
El cambio de paradigma: el poder de negociación y el derecho al tiempo
¿Qué pasaría, pues, si mañana mismo Pauline y sus compañeras recibieran un ingreso mensual incondicional?
El poder de decir «no»: Con una base económica garantizada, la vulnerabilidad económica se derrumba. Ante una sociedad donde el machismo avanza, dice, «tener capacidad de negociación puede salvar vidas. Permite rechazar ciertas prácticas de un cliente, fijar condiciones y no exponerse a situaciones de riesgo evidente».
Margen vital y estabilidad: La precariedad obliga a una movilidad geográfica constante. «No tendríamos que migrar continuamente ni pasar noches en lugares inseguros, por ejemplo en casa de un cliente que es un desconocido y donde realmente no podemos ni descansar por miedo», explica Pauline. «Dejar de estar sometidas a este nomadismo forzado abriría la puerta a reducir las horas de trabajo, a tener tiempo para estudiar, a cuidar la salud física y mental, o a seguir tratamientos médicos de larga duración que hoy en día son incompatibles con nuestra inestabilidad».
Trabajar mejor o dejarlo: El debate suele quedarse en un marco simplista: abolición o regulación, salir o quedarse. La RBU rompe esta dicotomía. Por un lado, permitiría que cualquier persona que quiera dejar el trabajo sexual lo hiciera libremente, teniendo tiempo para buscar trabajos más satisfactorios o vocacionales. Por el otro, seguramente habría quién decidiera continuar ejerciéndolo —«una vez atravesada la línea del estigma, puede ser una vía para ganar algo más que en otros trabajos precarizados»— pero significaría hacerlo desde la autonomía y sin la soga de la presión económica al cuello.
Límites, contradicciones y la realidad de los márgenes
A pesar de su potencial emancipador, hay que evitar caer en la trampa de presentar la Renta Básica como una utopía que lo cura todo. El dinero resuelven la necesidad material, pero no elimina la estructura social. Una RBU, por sí sola, no pondrá fin al machismo, ni a la estigmatización, ni al racismo, ni a la violencia institucional. Tampoco solucionará automáticamente la carencia de derechos laborales del colectivo. Nos quedará mucho trabajo para hacer.
Sería, como mínimo, una bocanada de aire histórica para la salud mental colectiva y una medida para combatir el auge del fascismo
En el caso de las trabajadoras sexuales, el lugar de nacimiento o la situación administrativa son barreras brutales. Muchas se encuentran excluidas de las ayudas sociales existentes porque no han podido cotizar los años suficientes o se encuentran en situación irregular. Si una RBU no es realmente universal y accesible también para las personas migrantes, el sesgo de vulnerabilidad se desplazará, pero no desaparecerá. Aun así, «un ingreso garantizado haría caer los niveles de ansiedad colectiva de la sociedad; cuando la gente no vive con el pánico de no llegar a final de mes, disminuye la tendencia a buscar culpables en los colectivos más débiles». Seria, como mínimo, una bocanada de aire histórica para la salud mental colectiva y una medida para combatir el auge del fascismo.
¿Quién tiene derecho a tener voz? Subjetividad política
El debate de fondo sobre la RBU es, en esencia, un debate sobre la autonomía. Hoy en día, la amenaza contra las trabajadoras sexuales no proviene solo del avance de las políticas de derechas y extrema derecha a nivel mundial. Proviene también de determinados partidos y discursos de izquierda que se oponen frontalmente al reconocimiento de su trabajo, anteponiendo un feminismo hegemónico y sectario que las criminaliza y las deja fuera de la protección social. Esto se traduce en discursos antiderechos en los medios de comunicación que transpiran a la sociedad y empeoran las condiciones de vida de quien ejerce el trabajo sexual.
«Demasiado a menudo se habla en nombre nuestro sin pedirnos nuestra opinión», denuncia Pauline. Hay una enorme diversidad de situaciones, dependiente, entre otros factores, del país, de la edad, de las ordenanzas municipales, del tipo de trabajo o de si se es migrante. «Nosotras no queremos que nos controlen ni que hagan políticas asistenciales. Somos sujetos políticos y queremos tener voz propia. No necesitamos ser «salvadas», necesitamos ser escuchadas.»
Si el miedo dejara de existir…
Si mañana Paula tuviera la RBU asegurada, su vida daría un giro de 180 grados: «Me dedicaría a cuidar mi salud, a hacer acción política, a estudiar… Me podría despreocupar de si podré pagar el alquiler. Ahora podríamos decir que estoy atrapada por la pobreza, pendiente de permisos, papeleo, viajes… Si cobrara una RBU, no tendría que viajar tanto, podría cuidar mi madre en Argentina con más tranquilidad y acabaría mis proyectos por los derechos de las trabajadoras sexuales». Hoy, la urgencia material le obliga a priorizar el trabajo por encima de su militancia.
Quizás la pregunta definitiva que nos plantea la Renta Básica Universal no es si haría desaparecer o no el trabajo sexual. La pregunta que tenemos que responder es mucho más profunda: ¿qué significa, realmente, la libertad? ¿Qué tipo de sociedad somos si solo permitimos elegir a quien se lo puede permitir? Implementar una RBU sería reconocer, de una vez por todas, que la dignidad no se tiene que ganar, sino que es el punto de partida irrenunciable sobre el cual cualquier persona —ejerza el trabajo que ejerza— tendría que poder construir su vida sin miedo.
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