Este 9 de agosto hace veinte años que la Ley Orgánica 6/2006 de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña, del 19 de julio, entró en vigor. Algunos medios de comunicación se han hecho eco, pero el cumpleaños ha sido obviado por las instituciones del país, que parece que, por motivaciones diversas, se sienten incómodas ante la fecha.
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El Gobierno de la Generalitat no ha organizado ningún acto conmemorativo. Entre los acontecimientos incluidos por la Generalitat en el listado de efemérides del año, este no figura. El Parlament, hace un par de meses, celebró con toda solemnidad el decimoquinto cumpleaños de la aprobación de la Ley del Área Metropolitana de Barcelona, otorgando un protagonismo desmesurado al PSC, que tan solo ha presidido la AMB algo más de tres de estos últimos quince años; pero el mismo Parlament, en cambio, no ha considerado oportuno recordar los 20 años del Estatuto. No pensemos mal: 2026 todavía no ha acabado y hay tiempo para reflexionar sobre un episodio que, con sus aciertos y errores, ha marcado las últimas dos décadas de la historia del país.
Es bien cierto que el actual Estatut no es el que votó la ciudadanía: fue desnaturalizado en 2010 por un Tribunal Constitucional al servicio del PP. Pero aquella sentencia está en la base de lo que después se denominó procés independentista, que todavía estamos digiriendo. Y a pesar de todo, aquel Estatuto descabezado es hoy el marco legal que configura nuestro autogobierno. Parecen razones suficientes para no dejar pasar sin pena ni gloria su vigésimo cumpleaños. Se han elaborado bastantes análisis desde una perspectiva jurídica pero falta una reflexión política profundizada y crítica sobre aquella apuesta colectiva.
A pesar de todo, aquel Estatuto descabezado es hoy el marco legal que configura nuestro autogobierno. Parecen razones suficientes para no dejar pasar sin pena ni gloria su vigésimo cumpleaños
La historia del Estatut de 2006 pone en evidencia la volatilidad y fragilidad de un Derecho sometido a interpretaciones diversas e incluso contradictorias: es fácil deducir que, si el Tribunal Constitucional competente para valorar el texto estatutario hubiera tenido la composición del actual, el Estatut habría sido declarado constitucional y la evolución política de España y de Cataluña habría sido diferente. La sentencia pareció que daba la razón a quienes piensan, desde casa nuestra, que España es irreformable, y a quienes, desde Madrid, defienden con dientes y uñas que la España centralista y conservadora tiene que ser, por definición, intocable.
El Estatut, aprobado por el Parlament en septiembre del 2005 y que, modificado, recibió el visto bueno de las Cortes en el mes de mayo de 2006, y que después fue refrendado por el pueblo catalán el 18 de junio, pretendía situar el autogobierno de Cataluña al máximo nivel que permite la Constitución, interpretada de acuerdo con los criterios abiertos de los dos constituyentes catalanes, Jordi Solé Tura i Miquel Roca Junyent. Por eso, la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 supuso la ruptura del pacto del 1978. Y esta consecuencia destacadísima todavía no ha sido corregida.
El Estatut tuvo una gestación larga y complicada. Y fue mérito de mucha gente que hoy me apetece mencionar: de la terquedad del presidente Maragall en contra de los miedos de un PSC supeditado al PSOE, y del impulso que le dio Joan Saura, de ICV, desde su consellería. Para mí fue un honor compartir ponencia parlamentaria con Joan Ridao, Miquel Iceta y Lidia Santos, Quico Homs y Francesc Vendrell; hay que destacar el papel educado, a menudo contradictorio pero no obstructivo, de aquel PP catalán de Josep Piqué y de Francesc Vendrell, que ha desaparecido con ellos para dar paso a una rígida y crispada sucursal centralista.
El rigor jurídico se aseguró desde varios ámbitos: por los letrados Joan Vintró e Ismael Pitarch, desde el Parlament; por Carles Viver i Pi-Sunyer, desde el Instituto de Estudios Autonómicos; y por Miquel Caminal, coordinador de la Comisión Asesora para la Reforma del Autogobierno, integrada por Joaquim Ferret, Ferran Requejo, Xavier Arbós, Joan Subirats y Manuel Gerpe; todos ellos acompañados de los mejores especialistas en cada tema y cada competencia; la academia catalana se implicó a fondo en el Estatuto. En materia de financiación jugaron un papel destacado el consejero Antoni Castells y la economista Maite Vilalta. Sin olvidar las tareas de fomento de la participación ciudadana impulsadas por Quim Brugué desde su dirección general.
A menudo se habla de que nos hace falta un proyecto de país: el Estatut lo fue. Y fracasadas otras vías, habrá que retomar, más tarde o más temprano, la apuesta que significó el Estatut de 2006: con otros métodos y con otros contenidos, pero con la misma voluntad de definir Cataluña como nación y de incrementar sus cuotas de autogobierno, sin renunciar a que, cuando las circunstancias lo permitan, Cataluña pueda ejercer el derecho a decidir su futuro.
Soy consciente de los peligros que representaría un gobierno de PP y Vox, que todavía estamos a tiempo de impedir, pero si hacen falta objetivos viables para movilizar la ciudadanía contra quienes nos quieren hacer entrar al túnel del tiempo, el espíritu de aquello que supuso el Estatut de 2006 nos podría ayudar más que alternativas legítimas pero inviables a corto y medio plazo. Aquel Estatut suscitó una gran unidad política y social, no exenta lógicamente de tensiones y maniobras partidistas: cuando aparecen llamamientos al racismo y a la división envueltas de independentismo o de españolismo, la mejor manera de defender la «Cataluña, un solo pueblo» de Josep Benet podría ser construir consensos en temas sociales, económicos y políticos como aquel que se produjo ahora hace veinte años.
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