Entre el lunes y el martes de una semana del comienzo de este verano que ahora se acaba vimos como el Tribunal Supremo norteamericano dictaba dos sentencias que volvían a evidenciar el giro conservador de las instituciones de este país, y una tercera que, en cambio, frenaba las intenciones de Donald Trump. Dos de cal y una de arena.
Lunes 29 de junio: el Supremo amplía los poderes presidenciales y da potestad al presidente de los Estados Unidos para despedir a los jefes de las agencias federales. Hasta ahora, el control sobre las agencias federales independientes lo tenía el Congreso. Ahora Trump tiene carta blanca para quitar y poner dirigentes de estas agencias de la administración federal, como por ejemplo la Federal Trade Commission, encargada de proteger a los consumidores y garantizar que haya competencia justa entre las empresas. Sin embargo, esta norma no afectará a la Reserva Federal, a la cual el Supremo otorga un estatus especial.
Martes 30 de junio: el Supremo prohíbe a las personas trans que puedan integrarse en equipos deportivos femeninos. Continúa así la tendencia contra los derechos trans de esta corte, que en marzo de este año tumbó una ley que prohibía las terapias de conversión de menores, y que el año pasado dictó que los Estados federales pueden prohibir el acceso a medicamentos de menores en fase de transición.
Martes 30 de junio: el Supremo confirma que las personas nacidas en los Estados Unidos son naturales de los Estados Unidos y, por tanto, tienen la plena ciudadanía. Trump quería acabar con este derecho en el caso de los hijos de inmigrantes sin documentación nacidos en suelo americano.
A pesar de la derrota del presidente en este último caso, es una excepción a la norma conservadora que impone el Tribunal Supremo desde el primer mandato de Donald Trump.
Un poder supremo y vitalicio
En Estados Unidos, los jueces del Tribunal Supremo son nombrados por el Presidente y confirmados por el Senado. Una vez hecho el juramento, el cargo es vitalicio. Está conformado por nueve jueces: un presidente del tribunal, que lidera las discusiones, y ocho asociados. Todos tienen un solo voto. Desde 2005, el jefe de la Corte Suprema es John G. Roberts Jr., juez conservador propuesto por George W. Bush.
Los jueces no hacen las leyes, las interpretan, pero tal y como funciona el sistema americano, las sentencias del Supremo y la jurisprudencia que se deriva de ellas configuran los derechos civiles, la justicia penal e incluso la política económica del país. Sus decisiones marcan a generaciones enteras y, precisamente por su poder y peso institucional, escoger a sus miembros ha sido y sigue siendo absolutamente clave.
Los jueces no hacen las leyes, las interpretan, pero tal y como funciona el sistema americano, las sentencias del Supremo y la jurisprudencia que se deriva de ellas configuran los derechos civiles, la justicia penal e incluso la política económica del país
Donald Trump batió el récord al nombrar a tres jueces en un solo mandato, una práctica nada habitual. Es, de hecho, el presidente que más jueces ha colocado en la Corte Suprema desde Ronald Reagan (1981-1989), que nombró a cuatro en ocho años.
Gorsuch (2017): recupera la mayoría conservadora (5-4)
En 2017, Donald Trump nombró a Neil Gorsuch como nuevo juez del Tribunal Supremo. Pero el Senado tumbó el nombramiento, al no haber obtenido el mínimo de sesenta votos de los cien representantes que tiene la cámara Alta, dos senadores por Estado. Ante esto, los republicanos hicieron de todo para conseguir la confirmación de Gorsuch: se invocó la llamada «opción nuclear», con la cual solo se requieren cincuenta votos favorables para aprobar el nombramiento, una decisión sin precedentes. Con Gorsuch confirmado, cambia la mayoría del Tribunal Supremo a favor de los conservadores, que cuentan con cinco jueces ante los cuatro progresistas.
Kavanaugh (2018): mantiene la mayoría (5-4) y añade carácter ideológico
Cuando el ultraconservador Brett Kavanaugh fue escogido juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos en octubre de 2018, ya hubo voces críticas que anticipaban una regresión generalizada de derechos en el país. Fue el segundo juez que Donald Trump nombraba. Su elección tampoco estuvo exenta de polémica: durante su proceso de confirmación en el Senado, se hicieron públicas múltiples denuncias de agresión sexual contra él.
Por otro lado, Kavanaugh nunca ha escondido sus preferencias políticas: durante las elecciones presidenciales del 2000 entre el demócrata Al Gore y el republicano George W. Bush, se unió al equipo legal de este último para parar el recuento de votos en el Estado de Florida, donde había un margen muy estrecho entre los dos partidos. Finalmente, el recuento no se llevó a cabo, lo cual dio la victoria electoral a los republicanos, en medio de una gran controversia.
Coney Barrett (2020): amplía la mayoría (6-3)
Esta jurista de familia ultracatólica y madre de siete hijos obtuvo el cargo en 2020 después de la muerte de Ruth Bader Ginsburg, progresista propuesta por Clinton en 1993. La sustitución de Ginsburg fue, de hecho, una de las últimas acciones que llevó a cabo Donald Trump como presidente en su primer mandato, a solo dos meses de hacer el traspaso de poderes con Joe Biden.
Coney Barrett es una firme defensora del movimiento «provida» y contraria al derecho al aborto. Su entrada en el Supremo fue fundamental en la decisión de este tribunal de revocar el derecho constitucional a la interrupción del embarazo en junio de 2022, con cinco votos a favor (incluyendo a Gorsuch, Kavanaught y Sombrero) y cuatro en contra.
De aquellos jueces, estas sentencias
La sentencia que tumbó Roe vs Wade, es decir, la que anuló el derecho constitucional al aborto, cayó como un jarro de agua fría sobre la sociedad progresista americana. En un breve plazo de tiempo, muchos Estados republicanos ya anunciaban la prohibición total. Actualmente trece Estados tienen ilegalizada la interrupción del embarazo y doce están en proceso de prohibirlo. En Texas, por ejemplo, no hay excepción en caso de violación o inviabilidad del feto, lo cual implica, en muchos casos, tener que parir a la criatura muerta.
La sentencia y sus consecuencias fueron un aviso de lo que venía. Un año después, en 2023, el Tribunal Supremo sentenció la inconstitucionalidad de las «cuotas raciales» en instituciones educativas universitarias que garantizaban la igualdad de oportunidades entre los estudiantes. La pobreza, en los Estados Unidos, está racializada y afecta de manera desproporcionada a las personas afroamericanas, latinoamericanas y de grupos indígenas, y estas cuotas facilitaban el acceso a la educación superior de estos colectivos. Pero el Tribunal Supremo alegó que «no se podía permitir una discriminación por motivo de raza», a pesar de que la intención de las universidades era precisamente la contraria.
La sentencia del 30 de junio fue importante porque reconoce como ciudadanos americanos de pleno derecho a los hijos de los 14 millones de personas que viven en Estados Unidos en situación irregular. Pero dicho esto, hay que ver la fotografía entera. Esta es seguramente una de las pocas victorias judiciales que juega a favor de los derechos civiles en los Estados Unidos, pero representa una aguja en un pajar cada vez más conservador, que está reconfigurando y escorando a la derecha las estructuras de poder y los marcos normativos del país. Si nada cambia, el presidente Donald Trump acabará el mandato en 2028, pero sus jueces seguirán dictando sentencias hasta el día en que se mueran.
