El 8 de agosto de 2024, mientras Salvador Illa abría el discurso de investidura elogiando a Tarradellas y la democracia cristiana, un operativo de los Mossos buscaba a Carles Puigdemont por Barcelona. El president del Parlament tenía instrucciones de suspender el pleno si lo detenían, y toda la bancada de Junts per Catalunya presionaba con fuerza para prorrogar la llegada y así imposibilitar la del primer presidente socialista de la Generalitat desde que lo fue José Montilla. No lo detuvieron, pero tampoco quedó muy claro por qué.
La cuestión es que después de doce años de épica de esteladas y procesismos, un exministro de Sanidad que hablaba de listas de espera, de trenes que llegan a la hora y de plazas de escola bressol prometía gestión, véase: se acabó el relato, empieza la administración. ¿Cómo va, esa gestión, en el ecuador de su mandato?
Con ERC firmó un calendario: un modelo de financiación singular, la Agència Tributària de Catalunya recaudando todo el IRPF en 2026, el traspaso integral de Rodalies y la gratuidad del I1 en las escoles bressol el curso 2025-2026. Con los comuns, vivienda y fiscalidad: 50.000 pisos públicos hasta 2030 con 1.100 millones anuales, la regulación del alquiler y una fiscalidad sin excepciones que empezaba por liquidar el privilegio del Hard Rock. Resumiendo: mejorar los servicios públicos, el acceso a la vivienda y avanzar hacia la autonomía de Catalunya en una línea que el socialismo que luchó por sacar adelante el Estatut seguro que aprobaría. Por último, pero no menos importante, está la cuestión de la seguridad: cómo afrontaría el president Illa el incremento subjetivo de la percepción de la inseguridad en la ciudadanía, en un momento álgido de discursos de odio que relacionan directa —y erróneamente—, el incremento de la criminalidad al incremento de la inmigración.
1. El IRPF ya no existe ni como utopía en el calendario. En el balance de curso, el president admitió que la cesión que el pacto fijaba para este año no está en el foco, y los republicanos habían reconocido antes, en una circular interna, que el traspaso necesitaba tres años como mínimo. Un calendario firmado sabiendo que era imposible, muerto sin que nadie haya pagado el precio. Y de la financiación singular queda el nombre y una fecha: el Consejo de Política Fiscal y Financiera de julio se canceló porque las comunidades del PP no acudieron y se ha vuelto a convocar para el 4 de septiembre. Se podría argumentar —acertadamente— que esto ya se sabía que pasaría. Que era casi imposible conseguir todo eso. Pero como la letra impresa no acepta las hipótesis de la mente, hoy ya se puede decir que este es un acuerdo incumplido. Como mínimo, en este punto.
2. La amnistía tiene aval, aunque no haya entrado completamente en efecto en cuanto a su aplicación a Puigdemont, Comín y Lluís Puig. El TJUE la avaló el 16 de julio, el Supremo mantiene la orden de detención contra Puigdemont y el Constitucional no resolverá el amparo hasta octubre. Quizá después de octubre, con la posible llegada de Puigdemont, se cierre este capítulo.
3. En 2025 se construyeron en Catalunya 3.517 viviendas protegidas, la mejor cifra desde 2012 según la consellera Paneque. Llegar a las 50.000 en 2030 exige superar las 8.000 cada año: hacer anualmente lo que en el quinquenio anterior se hizo entero. El Incasòl, el brazo promotor de la Generalitat, terminó veinticuatro en 2025. Por lo tanto: un progreso que se queda a medias. A día de hoy, el ritmo de construcción está muy lejos de la promesa de legislatura de Salvador Illa.
4. Rodalies estaba en el pacto con fechas: nueva operadora entre 2024 y 2025, primeras infraestructuras traspasadas durante 2025, inicio del traspaso de la R1. La empresa mixta —50,1% de Renfe, 49,9% de la Generalitat— no se constituyó hasta enero de 2026, con meses de retraso y justo la semana del colapso. El 20 de enero un muro de contención cayó sobre un tren de la R4 en Gelida y mató a un maquinista en prácticas venido de Sevilla a acabar su formación. Dos días después el Govern anunció que el servicio volvía a la normalidad; al día siguiente ficharon seis de los ciento cuarenta maquinistas, y hasta dos veces ha sido a consellera Paneque ha sido reprobada en el Parlament.
La primera línea de ferrocarril del Estado se construyó en Catalunya y unía a Mataró con Barcelona. Del orgullo de entonces, a la vergüenza de hoy, ciento cincuenta años después. Revertir esa situación al completo no es algo que sea justo exigirle al president. Que haga todo lo posible para revertirla, sí.
5. El debate sobre la seguridad e inseguridad ha sido tradicionalmente uno de los debates más difíciles de afrontar desde la izquierda. Lo ha sido todavía más en Catalunya en los últimos años, ya que a la dificultad de hacer funcionar una policía democrática se le ha unido la dificultad de navegar entre una ciudadanía dividida por el eje independencia o no independencia. En este sentido, la decisión de Salvador Illa de colocar al frente de los Mossos al Major fue respaldada por una mayoría social que bascula entre el pensamiento moderado y un amplio espectro socialdemócrata. Trapero ha representado, en años intensos del Procés, un cierto espíritu y transversalidad del seny català. Las cosas, sin embargo, no le han salido como esperaba; señalado por haber permitido la infiltración de policías en las asambleas de profesores, y descontento — según apuntan fuentes internas —, por cambios en la cúpula de los Mossos des de la Conselleria de interior, el Major dimitió de su cargo hace pocos días. Más problemas para el president Illa.
Gobernar, difícil tarea
Ningún político pasaría, al final de su mandato, un test con un cumplimiento del 100% de lo prometido, pero si algo está demostrando la llegada de Illa a la Generalitat es que gobernar no es tener un tono serio y repetir la palabra gestión. Es llegar a una conselleria de Educación y descubrir que un acuerdo firmado con dos sindicatos dejando fuera a los mayoritarios te cuesta diecisiete jornadas de huelga; que un 23,2% de alumnos exentos te deja fuera de PISA y que esconderlo hasta el 24 de julio, con el Parlament cerrado, te cuesta más que decirlo en marzo. Es descubrir que la espera para ver a un especialista ha pasado de 93 días a casi 120 mientras tu consellera explica en el Parlament que si hoy hablamos de listas es porque se trabaja más; que los trenes son de un ministerio, que tu agencia tributaria no tiene ni plantilla ni sistemas, y que los pisos los construye quien quiera construirlos.
Ningún político pasaría, al final de su mandato, un test con un cumplimiento del 100% de lo prometido, pero si algo está demostrando la llegada de Illa a la Generalitat es que gobernar no es tener un tono serio y repetir la palabra gestión.
Lo único que ha salido redondo en dos años —los 49.162 millones aprobados el 2 de julio, los primeros presupuestos desde 2023— llegó por la vía del cálculo parlamentario, después de que Illa retirara su propio proyecto en marzo para que el pleno no se lo tumbara.
Y, aun así, se puede decir que el gestor está sobreviviendo haciendo política. Dentro de dos años será el momento de pasar cuentas. Entonces ya no valdrá ninguna excusa.
