Durante más de una década, la política catalana estuvo dominada por un horizonte claro. Desde 2012, con la transformación de Convergència i Unió y la apuesta soberanista que se consolidó con Junts pel Sí, los sucesivos gobiernos de la Generalitat articularon su proyecto en torno a una promesa de ruptura con el Estado. Aquel horizonte, que combinaba movilización social, mayoría parlamentaria, relato épico y altas dosis de delirio, marcó la agenda política hasta 2017 y siguió condicionándola en los años posteriores, con gobiernos compartidos entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana.
Aquel proyecto tenía muchas carencias y, con el paso del tiempo, chocó con los límites que tenía delante pero que, por ignorancia o por cinismo estratégico, se optaron por ignorar. Sin embargo, tenía una virtud política que hoy parece casi olvidada. Ofrecía una expectativa. Tenía una dirección, aunque fuera irrealizable, y permitía situarse a favor o en contra de aquel relato. El fracaso del Procés no solo desactivó un proyecto político, sino que dejó un vacío. Un espacio sin horizonte compartido, donde la frustración y la nostalgia han ido sedimentando.
De esas cenizas ha emergido una nueva extrema derecha de raíz ultranacionalista, con Aliança Catalana como expresión más visible. Su crecimiento no se explica solo por factores identitarios o culturales, sino también por la incapacidad del sistema político para proponer un nuevo proyecto colectivo creíble. Cuando el horizonte desaparece, el resentimiento ocupa su lugar. Y cuando la política deja de ofrecer futuro, aparecen relatos que prometen orden, exclusión e identidad como sustituto.
Es en este contexto donde debe leerse la llegada de Salvador Illa a la presidencia de la Generalitat. El Gobierno del PSC no se presentó como una simple alternancia, sino como una respuesta explícita al cansancio del ciclo anterior. Menos confrontación, menos retórica, más gestión. El pacto de investidura con Esquerra Republicana y el acuerdo de gobierno con los Comuns se vendieron como una nueva etapa de pragmatismo, con compromisos concretos y, sobre todo, con la promesa implícita de que ahora sí existía capacidad real de ejecución.
Los acuerdos no eran menores. Con ERC, el Gobierno se comprometía a avanzar hacia una financiación singular y a desplegar la ley de Hacienda Catalana, reforzando la Agencia Tributaria de Catalunya con el objetivo de que pudiera asumir funciones reales de recaudación. La propuesta, tal como se presentó, apuntaba a un cambio de lógica. Catalunya debía empezar a recaudar sus impuestos y transferir posteriormente al Estado la parte correspondiente, invirtiendo el modelo actual. Con los Comuns, el pacto incorporaba una agenda social y climática con calendarios, así como mecanismos de seguimiento y una agenda pública de gobierno que debía permitir a la ciudadanía fiscalizar el cumplimiento de los compromisos.
Todo ello se percibió como plausible por un motivo clave. El PSC gobernaba también en Madrid. La sintonía entre Salvador Illa y Pedro Sánchez se presentaba como el elemento que debía desbloquear aquello que los gobiernos independentistas no habían conseguido. El Estado dejaba de ser un muro infranqueable para convertirse en un espacio de negociación posible. Este relato contó con un apoyo amplio, especialmente entre sectores sociales fatigados por años de bloqueo institucional y simbólico.
Con el paso de los meses, sin embargo, empiezan a aparecer las primeras grietas. El caso de Rodalies es el más evidente. Pese a los anuncios reiterados sobre el traspaso del servicio, las incidencias siguen siendo estructurales. Retrasos, averías y colapsos forman parte de la cotidianidad de miles de personas. La Generalitat asume el desgaste político de un servicio que no controla plenamente, mientras las decisiones clave siguen dependiendo de Renfe, Adif y el Ministerio de Transportes. El traspaso prometido se alarga, se fragmenta y pierde contenido real.
Una dinámica similar se observa en el despliegue de la ley de Hacienda Catalana. Lo que se había presentado como un paso decisivo hacia la soberanía fiscal se ha ido diluyendo con el tiempo. Primero mediante el aplazamiento de los plazos. Después a través de la letra pequeña de los acuerdos, que mantienen el control efectivo de los grandes impuestos en manos de la Agencia Tributaria estatal. Finalmente, con una rebaja progresiva de las expectativas. Aquello que se vendió como un cambio de paradigma acaba reformulado como una mejora técnica y administrativa, sin alteración sustancial del equilibrio de poder existente.
El patrón se repite, aunque con formas distintas. El horizonte independentista, pese a cabalgar a lomos de un relato épico, no tenía capacidad real de materializarse. El nuevo horizonte, pese a disfrazarse de pragmatismo, también carece de poder efectivo, a pesar de contar con alianzas institucionales. La diferencia es que, esta vez, el desencanto puede ser aún más corrosivo, porque nace de la promesa de que ahora todo era posible.
Catalunya se encuentra, de nuevo, en una encrucijada. Sin un proyecto claro que articule expectativas colectivas, con una extrema derecha en crecimiento y con un gobierno que ha basado su legitimidad en la capacidad de cumplir, la pregunta vuelve a ser inevitable. ¿Hacia dónde va Catalunya cuando los horizontes se desdibujan y el presente se convierte en una sucesión de promesas aplazadas?
