La nueva reforma de la Ley de Dependencia que entró en vigor la semana pasada pretende, principalmente, reducir los plazos y los trámites administrativos que deben resolver las solicitudes de dependencia; en este sentido, con la nueva normativa, el tiempo máximo para resolver una solicitud de dependencia debería pasar de 6 a 3 meses. La reforma también incluye reconocer que el grado I de dependencia equivale automáticamente a un 33 % de discapacidad y que los grados II y III suponen un 65 %; también prevé convertir la teleasistencia en un derecho garantizado para todos los grados de dependencia, y que esto no suponga un impedimento para recibir otras prestaciones de forma simultánea.
Pero la otra cara de la historia muestra que, en los últimos diez años, en Cataluña se han duplicado las solicitudes de dependencia, que aproximadamente 128 000 personas esperan respuesta en alguna fase del proceso de reconocimiento de la dependencia, y que alrededor de unas 18 000 lo hacen con una alta probabilidad de tener un grado III, según datos de la Generalitat. Además, hasta ahora, en Cataluña la espera actual para resolver trámites en este circuito supera los 397 días de media, un plazo que queda muy lejos del objetivo marcado. Y, desgraciadamente, muchas personas dependientes mueren esperando recibir esta ayuda.
En los últimos diez años, en Cataluña se han duplicado las solicitudes de dependencia, aproximadamente 128 000 personas esperan respuesta en alguna fase del proceso de reconocimiento de la dependencia, y alrededor de unas 18 000 lo hacen con una alta probabilidad de tener un grado III.
La impotencia que sienten miles de familias ante el pesado viaje burocrático que deben afrontar cuando algún familiar se encuentra en situación de dependencia la reflejó la actriz Assumpta Serna en un video de denuncia que publicó en sus redes sociales y se hizo viral. La actriz protestaba por la falta de horas de ayuda a domicilio para personas mayores que necesitan atención las 24 horas del día, por la poca formación de las cuidadoras que ofrece la Administración, por la inexistente comunicación del Departamento de Derechos Sociales e Inclusión con la gente afectada y por los años de retraso para valorar el grado de dependencia del afectado… El trato «no es ni humano ni justo», resumía Serna. La actriz catalana acompaña y cuida a su madre centenaria, que padece un proceso de deterioro cognitivo que equivale a un grado III de dependencia. El reel en el que manifestaba su frustración e indignación ante el mal funcionamiento del sistema de dependencia obtuvo más de un millón y medio de visualizaciones en solo cinco días y miles de «me gusta», compartidos y comentarios que la impulsaron a liderar la denominada Plataforma Dorada, que busca adhesiones y voces para exigir un Pacto de Estado por la dependencia.
Para Assumpta Serna, la nueva Ley de Dependencia «es una ley que tiene buenas intenciones, pero que luego no se cumple porque no hay suficientes recursos para ofrecer una atención integral, cuidados de calidad, respeto y dignidad, ni para que todas las personas dependientes tengan los mismos derechos y garantías, independientemente del lugar donde vivan». En este sentido, la plataforma social que encabeza ha redactado diez principios básicos que debería incluir este Pacto de Estado para mejorar el sistema de dependencia:
- La atención a la dependencia es un derecho
- Igualdad de derechos en todo el territorio
- Financiación suficiente, estable y sostenible
- Atención centrada en la persona
- Derecho a elegir dónde y cómo vivir
- Calidad y dignidad en los cuidados
- Coordinación sociosanitaria real
- Apoyo real a las familias cuidadoras
- Transparencia, evaluación y rendición de cuentas
- Un compromiso que trascienda las legislaturas
Tarde y mal
La madre de Montse Solà tenía 88 años cuando solicitó el grado de dependencia: «Caminaba mal, tenía mucho dolor y había sido operada del corazón, y pensamos que era un buen momento para que valoraran el grado de dependencia y pudiera tener un poco de ayuda». Hasta pasados dos años, en 2024, no se enteraron de que le habían otorgado una discapacidad del 75 %. «Como no teníamos ninguna experiencia sobre cómo funcionaba este proceso, estuvimos esperando a que nos dieran alguna respuesta, y resulta que le habían concedido una discapacidad del 75 %. Lo supimos porque recibimos en casa la tarjeta de persona con discapacidad». En aquel momento, la madre de Montse Solà ya vivía en una residencia; hacía un año que se había roto la cadera y ya no podía caminar. Entonces solicitaron la revisión de grado. La madre de Montse falleció finalmente el pasado mes de junio. No hacía ni un año que había comenzado a recibir una prestación por dependencia. Montse Solà considera que «falta mucha información a nivel de usuario que no tiene ninguna experiencia y también accesibilidad». También pone el foco en las residencias, y apunta que «las residencias tampoco son el lugar ideal para las personas mayores, que se lo merecen todo y no se les da porque las condiciones de asistencia y de atención no son óptimas». Solà denuncia que hay muy poco personal para muchos residentes y recuerda que su madre siempre se quejaba de la comida. Fue más tarde cuando se enteró de que «la media diaria de un menú de desayuno, comida, merienda y cena es de 3 euros y poco por persona, no llega a 4. Así no puede haber calidad en la comida».
Montse Solà se ha adherido como voluntaria a Plataforma Dorada, colectivo con el que enseguida se sintió interpelada e identificada. «Ahora que mi madre ya no me necesita, las horas que le dedicaba las puedo invertir en procurar que el sistema no siga funcionando así… ¿cómo puede ser que las instituciones estén tolerando esta situación?», concluye.
Y el caso de Montse no es único. Agustí, de 80 años, también tiene un grado III de dependencia y una discapacidad del 75 %. Vive con su mujer, de 81 años, y tiene derecho a media hora diaria de atención domiciliaria y a una prestación económica que no llega a los cuatrocientos euros (362 €). Joan tiene 70 años, grado II de dependencia y una discapacidad del 81 %. Vive con su hermana, que este año cumple 80. Tiene concedidas 9 horas semanales de atención en casa. Y podríamos alargar tanto como quisiéramos la lista de casos que reciben una ayuda insuficiente, así como la de gente que espera una respuesta por parte de la Administración.
Todo apunta a que el creciente envejecimiento de la población ha desbordado un sistema de dependencia que está pensado para una sociedad menos longeva, y hace falta un nuevo modelo que proteja socialmente a las personas dependientes y garantice una atención de calidad. En este sentido, Assumpta Serna considera que «la gente no necesita más dinero, necesita que la atención y los cuidados estén bien», y añade que «tenemos que hacer algo que sea suficiente y estable y que esté centrado en la persona humana y no en los números». La solución de Plataforma Dorada pasa por un pacto de estado que dote de tiempo, calidad y formación la gestión de los cuidados y la atención a las personas dependientes.
