El Ministerio de Educación ha sacado a información pública el proyecto de real decreto de garantía de calidad de los centros privados de Formación Profesional. Son 78 páginas que, sobre el papel, regulan requisitos de calidad. En la práctica, apuntan a un fenómeno concreto: la explosión de la FP privada y, dentro de ella, de la oferta a distancia.
«Este proyecto no va contra la FP privada, al contrario, va a reforzar la calidad de los centros privados», defendió la ministra Milagros Tolón en la presentación, acompañada de la secretaria general de FP, Esther Monterrubio.
La FP vive su mejor momento. Supera por primera vez los 1,2 millones de estudiantes y el Ministerio de Educación presume de una inserción laboral cercana al 90% de los alumnos, pero ese crecimiento no se ha repartido por igual.
Según el Observatorio de la FP de CaixaBank Dualiza, el alumnado de FP en centros privados no concertados pasó de 56.727 estudiantes en el curso 2015-2016 a 265.138 en 2024-2025, un aumento del 367%. En el mismo periodo, los centros públicos sumaron un 33% más de alumnos —de 584.637 a 778.924— y los concertados, apenas un 10%. La privada no concertada ha pasado de escolarizar a uno de cada trece estudiantes de FP a casi uno de cada cuatro.
El motor ha sido la FP a distancia. Las estadísticas del Ministerio muestran que el alumnado online creció un 171% en cinco cursos y que ya en 2022-2023 casi uno de cada cinco estudiantes de FP cursaba su ciclo a distancia. Más de la mitad lo hace en centros privados: el 56% en grado medio y el 59% en grado superior. Un título puede costar entre 6.000 y 7.000 euros, lo que explica el interés de grandes grupos y fondos de inversión por un sector con una demanda asegurada.
Las estadísticas del Ministerio muestran que el alumnado online creció un 171% en cinco cursos y que ya en 2022-2023 casi uno de cada cinco estudiantes de FP cursaba su ciclo a distancia
La paradoja es que la ley ya obligaba a lo contrario. El Real Decreto 659/2023, que ordena el sistema, encarga a las administraciones garantizar una oferta pública en modalidad presencial, semipresencial y virtual, con prioridad para los sectores que generan empleo. Esa oferta pública online no ha seguido el ritmo de la demanda y el hueco lo ha ocupado la iniciativa privada.
De la prueba final a un 39% de aula
El cambio de más calado afecta a la modalidad virtual. Hoy, la normativa estatal solo exige presencialidad para la prueba de evaluación final de cada módulo; el resto puede cursarse íntegramente en línea.
El borrador redefine la FP virtual como aquella en la que entre el 61% y el 85% de la actividad lectiva es online, de modo que entre un 15% y un 39% será presencial, sin contar las prácticas en empresa. La semipresencial tendrá entre un 40% y un 60% de clases en el centro. Una orden ministerial fijará la presencialidad de cada ciclo y los títulos que habilitan para ejercer una profesión regulada se irán al máximo.
«Si es un módulo de odontología, tienes que saber tratar al paciente», ejemplificó Tolón, que citó también las familias sociosanitarias. «No puede ser que no hayas pasado» por un aula, resumió. Las ratios, que hoy fija cada comunidad autónoma con enormes diferencias —en Cataluña rondan los 90 alumnos por docente en la FP virtual y en la Comunidad Valenciana, unos 45—, pasarán a tener un techo estatal: 50 estudiantes por profesor en la virtual y 25 en la semipresencial.
El recorte será gradual: 80 en el curso 2028-2029, 65 en 2029-2030 y 50 en 2030-2031. Cuando el alumnado online acuda al centro, se aplicará la ratio presencial. Además, las horas lectivas y de tutoría del profesorado en virtual y semipresencial no podrán ser inferiores a las de la presencial.
El decreto también endurece el acceso. Hasta ahora, para autorizar un ciclo online bastaba con tener autorizada la misma oferta presencial y estar impartiéndola. El borrador exige haberla impartido de forma completa y mantenerla simultáneamente; solo por excepción se admitirá un convenio con otro centro presencial. Pasar de presencial a virtual requerirá una autorización nueva.
A los nuevos centros se les pide además una oferta presencial mínima: dos familias profesionales con al menos dos ciclos cada una o un itinerario vertical completo —básico, medio y superior— en una misma familia. «No es solo un espacio donde se imparte un ciclo. Ha de ser un centro educativo», subrayó la ministra.
A eso se suma tener compromisos previos con empresas para garantizar las prácticas de todo el alumnado, uno de los mayores problemas de la FP dual desde hace años; un plan de innovación e internacionalización a cuatro años; un servicio de orientación; un espacio con simuladores o realidad virtual, y una memoria de viabilidad económica con un plan de continuidad por si el centro cierra.
Los centros deberán llamarse «Centro Privado de Formación Profesional» y su marca comercial no podrá inducir a error sobre su naturaleza o la validez de sus títulos. La otra novedad es el control periódico. Cada cuatro años, los centros presentarán una memoria con datos de profesorado, instalaciones, abandono e inserción laboral. Si no cumplen, se revocará la autorización, aunque «la extinción no podrá producir perjuicio al alumnado matriculado», precisó Tolón. Serán las comunidades las que tendrán que reubicar a esos estudiantes. Los centros ya autorizados tienen hasta el 31 de diciembre de 2030 para adaptarse.
«Extremadamente duro» y solo para la privada
El Ministerio asegura que el texto se ha presentado a la CEOE, Cepyme, Escuelas Católicas y varias comunidades autónomas, y que ha sido bien recibido porque «a las entidades que trabajan con calidad no les genera preocupación». Las comunidades, según Monterrubio, creen que les ayudará a regular «lo que está sucediendo».
La patronal Escuelas Católicas lo ve de otra manera. «Es un proyecto extremadamente duro, muy exigente», resume su secretario general adjunto, Luis Centeno. A su juicio, supone «un salto de enormes proporciones» que hará mucho más complicado abrir o ampliar un centro. Cita las nuevas exigencias de instalaciones, el aumento de horas presenciales y las ratios: si un grupo virtual tiene 50 alumnos pero la parte presencial se imparte a 25, «tendrás que hacer doble espacio».
Su principal objeción es que las exigencias solo recaen sobre la privada. «Si fuera para todos, de acuerdo», dice. «Hace sospechar por qué estas exigencias en la privada y luego en la pública se quedan igual». El borrador, de hecho, excluye expresamente de estos requisitos a los centros sostenidos con fondos públicos, de modo que la presión recae sobre la privada no concertada, justo el segmento que más ha crecido.
Centeno cuestiona también el diagnóstico. El presidente del Gobierno y la ministra han hablado de acabar con los «chiringuitos», centros sin aulas ni clases reales. «Si hay centros que no cumplen, ¿por qué no se actúa contra ellos? Que se mande a un inspector y se precinte», plantea. «Si ves un centro en un garaje, precíntalo». Prefiere más vigilancia «antes que dar una vuelta enorme de tuerca» a todos.
El responsable de la patronal señala otros puntos: la dificultad de conseguir compromisos de prácticas antes incluso de abrir en zonas rurales con pocas empresas y que la nueva red estatal de centros de excelencia sea solo pública. «No sabemos por qué no puede haberlos privados», apunta.
En un punto coincide con el Gobierno: la preocupación por los fondos de inversión. Tolón habló de fondos que llegan «para lucrarse sin tener en cuenta la calidad». Centeno admite que ven en la FP un negocio que amortizan en cinco o siete años.
Pero advierte de un posible efecto del decreto: con plazo hasta 2030 y sin financiación pública, «quien tenga músculo financiero» podrá adaptarse, mientras que un centro pequeño con dos o tres ciclos lo tendrá mucho más difícil. «El real decreto puede ser la tormenta perfecta», avisa.
El hueco que dejó la pública
El decreto responde a un problema real, pero deja abierta una pregunta de fondo: por qué la FP privada, y en especial la online, ha podido crecer tanto. Fuentes del sector apuntan a que la inspección educativa rara vez actúa de oficio sobre los centros virtuales; suele hacerlo a partir de quejas, y las sanciones se quedan en requerimientos, casi nunca en la retirada de autorizaciones.
Fuentes del sector apuntan a que la inspección educativa rara vez actúa de oficio sobre los centros virtuales; suele hacerlo a partir de quejas
Apuntan además a la programación de la oferta. Si un centro privado cumple los requisitos, la Administración no puede negarle la autorización. Y en algunas comunidades ciertos ciclos de alta demanda, como los de emergencias sanitarias, solo se ofrecen en centros privados porque la Administración no ha abierto plazas públicas.
La salida más eficaz, sostienen estas fuentes, no sería levantar barreras sino ampliar la FP pública online, a precio público, hasta que el negocio deje de tener sentido. El Ministerio acompaña el decreto con otra medida en esa dirección: un reparto extra de 107 millones para ofertas de FP para trabajadores de grados A, B y C, que deberán impartirse en centros públicos o propios de las comunidades. El texto crea además dos figuras nuevas: los centros asociados, que colaborarán con un centro principal en la formación de trabajadores, y los centros de segunda oportunidad para jóvenes de 16 a 29 años con especiales dificultades, siempre sin ánimo de lucro. También da estabilidad a la red estatal de centros de excelencia.
Mientras tanto, el reloj corre hasta 2030. Para entonces, la FP a distancia seguirá existiendo, pero con más aulas, menos alumnos por profesor y menos margen. El decreto intenta poner límites a un sector que ha crecido a una velocidad extraordinaria. Pero siempre queda una pregunta muy anterior a la regulación: cuánto de ese crecimiento habría sido posible si la oferta pública hubiera crecido al mismo ritmo que la demanda.
En 2030 sabremos qué centros privados han podido adaptarse a las nuevas reglas y también podremos saber algo quizá más importante: cuántas plazas públicas de FP se habrán creado mientras tanto.
