La autarquía es la situación en la que una comunidad intenta satisfacer sus necesidades con recursos propios, reduciendo al mínimo la dependencia del exterior. No es exactamente lo mismo que la autosuficiencia, ni tampoco una situación a la que hoy queramos volver. Pero la palabra nos hace pensar en un mundo que explicaba un viejo campesino cuando relataba los equilibrios que tenía que hacer para mantener dos mulos solo con aquello que le daba el campo. Era difícil ir mucho más allá de los recursos disponibles. En los años cincuenta y sesenta, en muchos sectores y en las condiciones de vida de buena parte de la sociedad, todavía se estaba marcado por esta limitación. Después, la producción de energía fue un elemento fundamental para la industrialización, la apertura económica y las grandes infraestructuras que transformaron el país. Ahora, el cambio climático nos obliga a reducir las emisiones, electrificar buena parte de la actividad e ir abandonando progresivamente un modelo energético basado en los combustibles fósiles.
Durante el siglo pasado salimos de la autarquía gracias, entre otros factores, a la industrialización, al crecimiento de las ciudades y del parque automovilístico, a las migraciones internas y a las infraestructuras. Se extendieron las redes eléctricas y de gas, las carreteras y el ferrocarril, los polígonos industriales y logísticos, los sistemas de abastecimiento y saneamiento de agua y la telefonía. También hemos añadido internet y, ahora, la inteligencia artificial. Esta transformación ha ampliado los servicios y las oportunidades, pero se ha sostenido en gran parte con energía fósil. El reto actual es cambiar sus bases sin renunciar a aquello que hemos ganado.
Ante este escenario han surgido asociaciones arraigadas en el territorio y en el mundo rural que quieren defender la tierra, la biodiversidad y los ecosistemas que nos sostienen. También reivindican un campesinado con futuro y pueblos vivos, con vivienda accesible, trabajo y servicios públicos. Es una demanda legítima. La cuestión es cómo hacerla compatible con los cambios que exige la transición energética y con las infraestructuras que esta necesita.
Vivir y trabajar en cualquier lugar requiere energía. También la necesitan las escuelas, los centros de salud, el transporte, las comunicaciones y las actividades económicas. No hay pueblos vivos sin un suministro suficiente y fiable. Por eso cabe preguntarnos qué recursos sostenibles tenemos, cuáles podemos desarrollar y cómo podemos sustituir el modelo energético heredado del siglo XX, dependiente de los combustibles fósiles, por un sistema sostenible que asegure el bienestar de las personas y respete el territorio.
Construir un futuro que proteja la tierra y la biodiversidad exige una cesta energética más sostenible. Esto significa saber qué recursos puede aportar cada territorio y qué necesidades tiene, pero también participar en las decisiones, la planificación y el retorno de los beneficios de las inversiones realizadas. Hasta ahora, el sistema ha sido sobre todo unidireccional: las grandes decisiones y la gestión de la energía se han concentrado en la Administración y en las compañías del sector. La transición puede abrir una relación más compartida, con participación territorial y beneficios concretos.
Construir un futuro que proteja la tierra y la biodiversidad exige una cesta energética más sostenible
Por ello, cada territorio debe conocer sus recursos, sus necesidades y sus propios objetivos de futuro. No basta con afirmar que los tejados y los espacios antropizados serán suficientes. Hay que comparar su potencial con la demanda que tendremos cuando electrifiquemos la movilidad, la calefacción y la industria. Si hoy la electricidad representa aproximadamente una cuarta parte de la energía final consumida, esta proporción tendrá que crecer mucho. Habrá que generar energía renovable, transportarla, distribuirla y, cuando sea necesario, almacenarla o importarla. Sin estas piezas, los servicios y las actividades económicas quedarán limitados, como ocurre con la telefonía móvil cuando no hay cobertura.
En este debate existen inquietudes comprensibles sobre el impacto de los proyectos en el paisaje, la biodiversidad y la vida cotidiana. Hay que escucharlas y mejorar la manera en que se decide dónde y cómo se construyen las instalaciones. Pero la discusión no puede quedar reducida a un «sí, pero así no» sin llegar a alternativas viables. Las plantas renovables, las líneas de evacuación y distribución, el almacenamiento, las líneas de muy alta tensión, los centros de datos, las plantas de biogás y las infraestructuras de residuos tienen impactos diferentes y deben evaluarse caso por caso. Si queremos pueblos con servicios, vivienda y trabajo, debemos concretar de dónde vendrá la energía y cómo esta llegará a donde se necesita. No se puede parar el mundo sacrificando la propia evolución a expensas de querer volver a la autarquía o convertirse en una sociedad como los amish vetando las nuevas tecnologías.
El PLATER es una base para identificar los recursos disponibles, que se enriquece con la evaluación continua, la discusión y la mejora de los datos mediante criterios transparentes y participación local. Hay que concretar cuáles son y cómo realizar las acciones necesarias, qué inversiones requerirán las plantas de generación y las redes, y cómo se distribuirán los beneficios. Es preciso estimar la demanda futura de cada pueblo y comarca, de acuerdo con sus planes de crecimiento y los objetivos de cero emisiones para 2050. Este horizonte parece lejano, pero las infraestructuras y los proyectos necesitan años para planificarse, obtener acuerdos e inversiones, ejecutarse y entrar en servicio. No podemos aplazar las decisiones hasta que la urgencia las tome por nosotros.
Es preciso estimar la demanda futura de cada pueblo y comarca, de acuerdo con sus planes de crecimiento y los objetivos de cero emisiones para 2050
Si no planificamos cómo llenar la cesta energética, continuaremos dependiendo del gas y del petróleo y nos costará reducir las emisiones. También podemos quedar más expuestos a las limitaciones de la red y a la falta de energía asequible. No creo que esto nos devuelva literalmente a la autarquía rural tal como era en el pasado; más bien el riesgo es otro: que algunos territorios queden más aislados, con menor capacidad para atraer actividad y mantener servicios, mientras dependen de energía fósil producida lejos. Para evitarlo, cada lugar debe poder valorar qué puede aportar, qué necesita y cómo quiere crecer.
Más allá de los planes aprobados por el Gobierno y el Parlamento, hay que trabajar con cada pueblo y cada comarca en este diagnóstico y en la planificación de futuro. La transición energética no puede ser responsabilidad exclusiva de las compañías; exige compromiso institucional y ciudadano, y también garantías de que los territorios que acogen infraestructuras participen en ellas y se beneficien de las mismas. Es necesario que los pueblos vivos sean actores activos construyendo su futuro sostenible y no enganchándose a los fósiles para sobrevivir. Es una tarea que nos corresponde hacer ahora, pensando en las generaciones venideras.
