En mayo de 2013, Zeshan Muhammad fue parado por un policía que lo identificó. ¿Por qué? «No le pediré la documentación a un alemán», respondió el agente, que añadió, «porque eres negro, y punto». Zeshan tiene un permiso de residencia de larga duración: llegó a España desde Pakistán cuando tenía 13 años. Ahora tiene 26, «tengo toda mi vida aquí y sigo sintiéndome fuera», dice el joven, que aún no tiene el pasaporte español. «No lo quiero, por dignidad: no quiero que se me identifique como español sólo sobre el papel, cuando el sistema judicial español perpetra racismo institucional», argumenta. «Puedo aguantar racismo por parte de los vecinos, porque sé que nos podemos entender hablando, pero no puedo soportar no sentirme protegido por el Estado por no ser una persona blanca».
Zeshan lleva cinco años, desde aquella identificación policial por motivos étnicos, llevando su caso, que es representativo de muchos otros, a diversas instancias judiciales españolas, para denunciar «el racismo institucional del sistema español». Con el acompañamiento de SOS Racismo y Open Society Justicie Initiative, fue hasta el Tribunal Constitucional, que no consideró la demanda. Después de haber «agotado todas las vías jurídicas posibles», han presentado el caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH), que sí ha aceptado la demanda y dictaminará sentencia.
La respuesta del TC fue, ya en 2016, lo que Mercedes Melón, abogada de Open Society y representante de Zeshan, considera una contradicción: «por una parte, negaron la prevalencia de las identificaciones policiales con perfil étnico y, por otra, nos aseguraron que identificar a una persona en función de su color de piel en España sería normal y constitucional, ya que los españoles son blancos y no racializados «. Melón hace referencia a la resolución del TC sobre el caso Rosalind Williams, quien también denunció un caso de identificación por perfil étnico en 2001: se aseguró que «como que los españoles somos blancos, es legal y normal parar a personas que presenten características físicas diferentes».
Aunque el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas resolvió que esta respuesta por parte de la justicia española no era aceptable y que estas identificaciones no son legales, no sólo se han seguido produciendo, sino que «los abogados del estado continúan defendiendo estas prácticas y usando lenguaje racista y discriminatorio», denuncia Alba Cuevas, directora de SOS Racisme Catalunya. Así, Melón considera que el caso de Zeshan tiene muchas concordancias con el de Rosalind Williams, ya que, ante las «negativas de considerar la demanda del TC, el órgano encargado de proteger los derechos de todos los que vivimos en este país, debemos recurrir a una entidad de Derechos Humanos internacional para que se escuchen esas vulneraciones».
Así, Cuevas considera que esta respuesta de la abogacía del Estado en todo el proceso judicial iniciado, es una muestra de «racismo institucional y de no evolución, ya que por mucho que cambie la sociedad, el sistema judicial continúa con los mismos posicionamientos que en 2001». Para Melón, esta actitud del sistema supone una ofensa sistemática a las personas que sufren discriminación: «que te identifiquen no es una simple molestia. Te están estereotipando, criminalizando, humillando y estigmatizando a ti ya tu comunidad, en público, haciendo que los vecinos y vecinas que pasen piensen ‘si lo han parado es que algo habrá hecho'».
Los criterios de sospecha, «subjetivos y racistas»
«No estamos ante casos concretos y aislados, sino que son sistemáticos: responden a indicaciones de cómo se entiende y se desarrolla la seguridad del país», apunta Cuevas, quien también asegura que las identificaciones por perfil étnico, muchas veces, suelen ser el principio de una cadena de vulneraciones. Además, estas identificaciones acostumbran a ser «inefectivas», ya que responden a criterios de sospecha subjetivos que «no suelen ser correctos», asegura Melón. Por ello, uno de los puntos que los demandantes piden al TEDH es que indique al gobierno español una serie de medidas para corregir estas prácticas, como proponer unos requisitos de sospecha razonables que no estén sólo bajo criterio de los policías.
Pero para ello, se necesitan datos. Datos que los diferentes cuerpos de policía no proporcionan, en parte porque ahora sólo se notifica la identificación si ésta termina con la persona detenida y llevada a comisaría. «El 78% de las identificaciones se producen en la calle y la víctima no tiene manera de demostrar y denunciar que ha sido víctima de racismo», apunta Melón. En esta línea, Cuevas asegura que el trabajo conjunto con los cuerpos de policía es imprescindible. «Tenemos que conseguir datos, porque en su defecto se niega el problema y nunca lo resolveremos».
Una de las vías para esta recogida de datos que se propone desde SOS Racismo y Open Society es la implementación de unos formularios de identificación que ya se usan en varias ciudades españolas como Fuenlabrada -de momento, ninguna en Catalunya. Se trata de un cuestionario que los agentes deben llenar cada vez que identifican a alguien, especificando, entre otras cosas, el motivo. Esta simple medida «no sólo reduce las cifras de identificaciones por perfil étnico, sino que además, mejora e implementa la cifra policial», asegura Melón.
Según datos desde Fuenlabrada, donde se aplicó este formulario en prueba piloto en 2007, se redujeron en un tercio las identificaciones en sólo seis meses. Y es que «si los agentes deben exponerse a justificar por qué paran alguien, se lo piensan dos veces, lo que nos hace darnos cuenta de estos criterios de sospecha subjetivos y racistas», apunta Cuevas. Además, la efectividad de estas identificaciones (entendida como la ratio entre personas paradas y las que después han sido detenidas por un delito o falta) pasó del 6% en 2007 al 17% en sólo seis meses. En 2014 ya llegaba al 30%.
«A todo esto se le debe sumar que las relaciones entre los agentes y las comunidades mejoraron sustancialmente: al ver que no había identificaciones aleatorias, los vecinos estaban mucho más predispuestos a convivir y cooperar con la policía», añade Melón. Ante todos estos argumentos favorables para la implementación de los formularios policiales, Cuevas se muestra sorprendida por la reticencia de muchos ayuntamientos y administraciones a aplicarlos. «Pero esperamos que la proximidad de las elecciones municipales del 2019 nos ayuden a poder presionar a los grupos políticos a incluir medidas antirracistas en los programas», reflexiona.
Parad de pararme, campaña para facilitar datos
Ante la dificultad para conseguir datos oficiales y completos, SOS Racismo ha puesto en marcha la campaña ‘ Paren de pararme ‘, con la que se pretende visibilizar la situación, desnormalizar las identificaciones y facilitar mecanismos de denuncia. «Debemos facilitar el acompañamiento a las víctimas, porque cuando un policía justifica haberte parado porque eres negro, genera una situación de conflicto. Los niños y niñas que han nacido aquí no se sienten de aquí y no aportarán nada a una sociedad que tampoco hace nada por ellos «, reflexiona Zeshan.
En esta línea, SOS Racismo realizará un informe con datos extraídos de los cuerpos de policía (a través del portal de transparencia) y del buzón de denuncia ciudadana que han puesto a disposición de la ciudadanía. «Lo único positivo que he sacado de estos cinco años son las entrevistas con periodistas, para poder dar este mensaje a la sociedad. Debemos creer en el tejido social, que es el único que puede cambiar «, exclama Zeshan.
«Tenemos que llamar a la solidaridad, porque el racismo institucional nos inyecta veneno. Nuestra lucha es la de siempre, la de los de abajo contra los de arriba y la única manera de ganarla es la unión entre pueblos. Podemos poner todas las denuncias que queramos a los gobiernos, pero el cambio de verdad se gestará en las plazas, en las aulas y los patios de escuela … «, añadió.
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