Los hijos y los nietos de Paco «El Bajo» y la Régula han intentado, por todos los medios, dejar las duras condiciones del campo y su mala retribución. Dentro de la «España vaciada». Los pueblos casi vacíos se cuentan por decenas, en la Mancha, Extremadura, Lleida y Andalucía. Pero, esto no quiere decir que los puestos de trabajo del campo hayan quedado vacantes. Claro que no. Ahora en el campo trabaja Rahid, Hadj, Abdoulaye y Aminata. Perpetuando una miseria heredada, que el paso del estrecho no cambió, y que, para más inri, coexiste con el racismo intrínseco de nuestra sociedad y con la mirada hacia otro lado de los urbanitas, que queremos fruta y verdura fresca, de calidad y a bajo precio. El 1 de diciembre, un incendio arrasó, literalmente, un asentamiento cerca de los invernaderos de El Viso (Níjar). Decenas de personas se quedaron sin «hogar». Tranquilos. Ninguna culpabilidad. No lo veremos abriendo telediarios como si fuera un incendio en el Paseo de las Acacias o el Paseo Maragall.
Todos hemos visto, en la televisión, como es un campo de refugiados. Hemos visto los de Darfour, los de Tindouff y los de Lesbos. Todos nos hemos puesto las manos en la cabeza o nos ha caído una lágrima. ¿Pero, hay mucha diferencia entre estas imágenes y los lugares donde viven los y las temporeros y temporeras en España? Mirad que decía, Philip Alston, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos después de su visita a España a principios de 2020: “En Huelva, me reuní con trabajadores que vivían en un asentamiento de inmigrantes en condiciones que rivalizan con las peores que he visto en cualquier parte del mundo. Están a kilómetros de distancia de agua potable y viven sin electricidad ni saneamiento adecuado. Muchos llevan años en España y pueden permitirse un alquiler, pero dijeron que nadie los acepta como inquilinos. Ganan apenas unos 30 euros al día y casi no tienen acceso a ningún tipo de apoyo gubernamental”
Y no es solo en Huelva, también es en Albacete y en Níjar, y lo dejo aquí porque la lista es demasiado larga. Hablo de estos sitios porque he tenido la oportunidad de visitar los asentamientos en estos dos municipios durante el mes de noviembre. Dos realidades diferentes en los detalles. En Níjar, los invernaderos permiten que la temporada agrícola dure casi todo el año. En Albacete el trabajo es más por temporada, cuando se recoge todo el ajo, el volumen de temporeros se reduce considerablemente. Esta temporalidad influye en las estructuras de los asentamientos, algunos pensados para perdurar a lo largo del tiempo, y los otros que responden a una necesidad más momentánea.
Sin embargo, todos comparten un acceso muy precario a puntos de suministro de agua, falta de electricidad (muchas veces «pinchada»), abandono por parte de la Administración y mucha estigmatización. Factores que producen un deterioro rápido de la salud. Por ejemplo, infecciones bucales causadas por la falta de higiene debido a la falta de agua u otras infecciones causadas por la falta de fosas sépticas y de gestión de residuos. Y a todo esto, se le suma la gran dificultad que a veces tienen para acceder a la tarjeta sanitaria y/o al empadronamiento que les dificulta el acceso a la salud.
En resumen, en los asentamientos de temporeros no se cumplen muchos de los derechos recogidos en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Además, la gestión de los asentamientos durante la pandemia del Covid en ciertas ocasiones ha sido pésima y ha empeorado sus condiciones. Un ejemplo es el cierre de asentamientos ubicados en naves de Albacete, alegando que no se cumplían las condiciones necesarias de salud pública, y que provocó que cientos de subsaharianos pasaran de vivir en un lugar resguardado a estar abocados a dormir en la calle. Y, mientras tanto, los medios nos bombardean sobre sí habrá o no ayudas europeas debido a las reticencias de Hungría y Polonia a aceptar una cláusula de respeto al Estado de Derecho. Que en ningún caso es un tema anodino. Pero, sobre lo que ocurre aquí con los miles de personas que residen en asentamientos, silencio.
En 2020, en principio deberían repartir casi 5.000 millones de euros de la PAC a unos 700.000 agricultores. Si hacemos las cuentas de la vieja, sale a algo más de 7 mil por agricultor. Aunque ya sabemos que estos números, teniendo en cuenta la estructura de un campo con grandes tenedores de tierra, no son reales, nos podemos hacer una cierta idea de la magnitud que representan.
Por si no lo sabíais, sí, los tomates, las lechugas y las acelgas están subvencionados. Bendecimos los fondos europeos. ¡Amén! Ahora, los inmigrantes residentes en asentamientos con limosna ya tenemos suficiente. Para eso están las entidades sin ánimo de lucro. Y aquí aparece la ayuda humanitaria. A través de fondos públicos, irrisorios comparados con la PAC, financiamos proyectos de ayuda humanitaria, no para dar respuestas a situaciones de desastres naturales, sino para poner pequeñas tiritas a las injusticias inherentes al sistema.
Y es que Rahid, Hadj, Abdoulaye y Aminata no dejan de ser los Pacos «El Bajo» y las Régules del siglo XXI. Igual de invisibilizados, de olvidados, de precarizados y de reprimidos. Porque por muy buena pinta que haga la ensalada que comerás hoy, mientras no dignificamos el campo, el relato de Delibes será aún vigente.
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