Era un punto del acuerdo de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE.
Concretamente, el 2.9.3:»Frenaremos las subidas abusivas del alquiler.Para ello: Se impulsarán las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado.» Pero no era sólo un acuerdo entre partidos políticos, también era un acuerdo asumido con más de 9.000 organizaciones sociales y sindicatos. Era un acuerdo con la inmensa de la población de este país.
La comparecencia del miércoles del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana José Ábalos es la enésima jarra de agua fría – con cubitos incluidos – en la cabeza de los intereses de la gente que la familia socialista dice querer representar. Según Ábalos, la mejor manera de frenar la pandemia de la vivienda no es la de limitar el precio máximo de los alquileres, ni la de imponer sanciones a los propietarios (muchos de ellos fondos buitres) que tengan pisos vacíos. No. La mejor manera es insistir en el actual sistema de bonificaciones fiscales, un modelo que se ha demostrado fallido y que consolida el poder de los grandes propietarios ante la mayoría de la población.
La táctica política está sobrevalorada
Nos estamos acostumbrando demasiado a que la política representativa se fundamente en las «jugadas maestras» de señores en despachos cuya única motivación es la expansión de sus organizaciones políticas. Asesores que se piensan que están jugando al Estratego (como diría Aitor Esteban), y que parecen vivir con absoluta indiferencia respecto a la realidad social de un país cada vez desigual y empobrecido.
Es evidente que hay una estrategia política ante la «propuesta» de Ábalos. Sólo la existencia de esta táctica puede explicar cómo es posible que el PSOE haya dado la espalda tanto a sus bases como a los compromisos públicos adquiridos con Unidas Podemos. En este caso, la «jugada maestra» de Iván Redondo consistiría en aprovechar la actual situación de un Partido Popular que flirtea con VOX para dar un paso hacia la derecha, arramblar con el electorado de Ciudadanos, y convertirse en el único partido con “sentido de Estado” de cara a los ojos del poder, a la vez que acusando a Unidas Podemos ser unos radicales antisistema.
El poder (las grandes corporaciones, los bancos, los principales medios de comunicación, los grandes tenedores) siempre preferirán opciones conservadoras de derechas, pero, en línea general, desconfiarán de opciones reaccionarias de extrema derecha que pongan en peligro el funcionamiento general de la sociedad. En esfumarse Ciudadanos y al ver que el PP vuelve a flirtear con el franquismo, el PSOE ha visto la oportunidad de convertirse en todo lo que Sánchez prometió que no sería y que le hizo ganar las primarias del PSOE: establishment.
Visto desde este punto de vista de los intereses del partido, en la sala de máquinas de la Moncloa sonreirán satisfechos: si Unidas Podemos decide romper el actual pacto de gobierno, serán presentados a ojos de la prensa generalista como una banda de adolescentes histéricos que son incapaces de gobernar. Si Unidas Podemos decide no romper con el actual pacto de gobierno, serán acusados por la militancia de izquierdas y el conjunto de formaciones políticas del espectro como una banda. Jugada maestra.
Ahora bien, por muy que hábiles que sean los analistas que juegan a la política como si la vida de las personas fueran soldaditos de plomo, no altera la triste realidad del documento presentado. La propuesta de Ábalos es, strictus senso, la propuesta de los fondo buitre, de las SOCIMI, y de los grandes propietarios.
El borrador socialista es básicamente una tómbola donde los propietarios pueden conseguir diferentes premios en forma de bonificaciones fiscales. Bonificaciones que se aplican de manera indiscriminada, sin tener en cuenta si los propietarios tienen dos propiedades, diez propiedades, o veinte mil propiedades gestionadas desde un fondo buitre con sede en Luxemburgo.
¿Cuál es la novedad que incorpora la propuesta de ley, si el programa de bonificaciones fiscales ya existía? Pues que ahora hay más. Que los propietarios salen más beneficiados: a aquellos que rebajen el precio del alquiler hasta un 10% en zonas tensadas, la exención fiscal del IRPF podría pasar del actual 60% al 90%. Es decir, en caso de que el propietario rebaje el precio del inmueble de 700 € a 630 este dejaría de ganar 840 € al año … para ganar 950 € en beneficios fiscales. Una ganga.
El borrador también considera otros casos. Por ejemplo, si se ofrece el alquiler a una entidad social, los propietarios obtendrían una reducción de un 60% en el IRPF. Si la arrendataria una persona de entre 18 y 35 años y el propietario la alquila a un precio «limitado», puede conseguir un 70% de bonificación. Etc.
Aparte de recordarle al ministro Ábalos que el precio del alquiler se ha incrementado en algunas zonas hasta un 50% en los últimos cinco años, y que por lo tanto una bajada de un 10% no es ni un inicio de solución al problema de la vivienda, se debería también insistir en la idea de que hacer lo mismo no trae resultados diferentes. Las bonificaciones fiscales en vivienda son una estrategia fallida en el campo de las políticas públicas en vivienda. Que se quiera insistir en esta idea implica que lo que se pretende no es revertir la situación de precariedad y vulnerabilidad de inquilinos y arrendatarios, sino mantener la situación de privilegio de los grandes beneficiados de este sistema.
Hoy en día, en España, mientras los desahucios se han convertido en rutina y la emancipación juvenil en una utopía, las SOCIMI no pagan impuestos de sociedades y tienen una bonificación del 95% del impuesto del impuesto de transmisiones patrimoniales. (Para entender qué son y cómo funcionan las SOCIMI hay que leer este artículo de Jordi González Guzmán).
Hoy en día, en España, y según el informe «Vivienda, infancia, y salud» de la Fundación Pere Tarrés, el 29% de las familias ha tenido que cambiar de residencia en los últimos cinco años por motivos económicos, un 13% los menores viven en viviendas inadecuadas, un 46% de las familias cree está en riesgo de perder su hogar y un 10% admite ocupar de manera ilegal la residencia donde vive.
Empresas (fondos buitres) como Blackstone no pagan impuesto de sociedades, y otros tipos de empresas que se dedican a la gestión de inmuebles se pueden acoger a un régimen fiscal que les habilita, en caso de disponer de ocho o más viviendas, a desgravarse un 85% del impuesto de sociedades (EDAV). Es decir, el sistema, como está organizado actualmente, ya es altamente favorable a los intereses de los propietarios, y aún lo es más de favorable a los intereses de los grandes propietarios.
El borrador de la propuesta socialista no sólo hace la vista gorda a una praxis que se ha demostrado desastrosa, sino que la valida. En caso de aprobarse, se podrá afirmar sin temor a exagerar que la propuesta del ministro Ábalos defiende los intereses de los fondos buitres, de los grandes propietarios, y de los especuladores de vivienda en detrimento a los intereses de la mayoría.
Entonces, no cabrán tactismos, ni estrategias, ni discursos glorificando las virtudes históricas de la izquierda socialista. Entonces habrá que recordar, como bien decía el ex-Presidente de Cataluña José Montilla, que en la política lo importante son los hechos, y no las palabras.
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