Miércoles 5 de enero de 2022. Muere un hombre de 74 años mientras trabajaba en una empresa de preparación de hormigón en Constantí. Un trabajador de la empresa se encuentra un camión tipo bañera volcado y el cuerpo del conductor sin vida. Según las primeras informaciones, la víctima habría descargado arena con su camión y por circunstancias que todavía se están investigando éste habría volcado provocándole la muerte.
Viernes 7 de enero de 2022. Muere un hombre de 26 años mientras trabajaba en una explotación ganadera bovina de Campllong, en el Gironès. Dos trabajadores se encontraban realizando tareas habituales con una máquina en el interior de la nave de los animales y el suelo de hormigón ha cedido. Uno de los trabajadores cayó en la fundición séptica y no pudo salir.
Lunes 10 de enero de 2022. Muere un hombre de 42 años de una empresa de trabajos verticales que estaba realizando tareas de rehabilitación en la fachada de un edificio en Salou. Según las primeras informaciones, el trabajador se encontraba realizando la rehabilitación y, por motivos que se desconocen, el sistema de sujeción se rompió, el hombre cayó al suelo y murió.
En los tres casos, los Mossos d’Esquadra, desplazados a los lugares de los accidentes, pusieron los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia de la provincia pertinente y del Departament de Empresa i Treball, de acuerdo con los procedimientos habituales en accidentes laborales con víctimas mortales.
Tres datos en lo que va de año son cifras estremecedoras, pero no lo parecen tanto cuando analizas los datos y te das cuenta de que el pasado mes de noviembre murieron 11 trabajadores tan sólo en Catalunya, siendo éste el peor mes de los últimos tres años, y que en los últimos tres meses de julio hubo 10 muertes. Más allá de números, sigue chocando cuando te das cuenta de que son personas y más aún cuando piensas que son personas trabajadoras que han muerto trabajando a causa de errores en la prevención.
A nivel estatal, noviembre –aún no hay cifras anuales de todo 2021– acababa con un cúmulo de 649 personas fallecidas a causa de su trabajo. Tan sólo una muerte laboral menos respecto 2020. Lo que lleva a los sindicatos a deducir que no se están impulsando planes de prevención de riesgos contra la siniestralidad laboral por un lado y, por otro, que los mecanismos de Inspección de Trabajo no están funcionando.
Según los datos estadísticos de avance facilitados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, correspondientes a los once primeros meses de 2021, en España se han producido 1.051.872 accidentes de trabajo, de los que 527.448 accidentes laborales han causado la baja laboral del trabajador (aumentando este dato en un 18,7%) y 524.424 no han producido incapacidad temporal (experimentando un aumento del 9,6%). 649 accidentes terminaron con la muerte de la persona trabajadora. Según se analiza, las principales causas de muerte en jornada laboral son los infartos y vertidos cerebrales y los accidentes de tráfico. Si bien sindicatos como UGT destacan que el Plan de Choque contra la accidentalidad mortal, elaborado recientemente por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, no aborda las muertes en el trabajo por las patologías no traumáticas, es necesario también exigir la correcta gestión en las empresas de los riesgos psicosociales y organizacionales. Y es que este tipo de riesgos podría estar detrás de muchas muertes en accidentes de trabajo, ya que los infartos y derrames cerebrales pueden tener relación con la presencia de riesgos psicosociales como el estrés laboral, y los accidentes de tráfico en jornada laboral pueden relacionarse con un exceso de carga de trabajo o los plazos ajustados de tiempo.
Con datos de noviembre de 2021, 649 personas murieron a causa de su trabajo en España. Los sindicatos creen que no se están impulsando planes de prevención y que los mecanismos de Inspección de Trabajo no están funcionando
Los sindicatos exigen más prevención
«Año tras año la situación, lejos de mejorar, está empeorando y eso pasa porque no se está yendo a la raíz del problema que son la precariedad laboral y las malas condiciones de trabajo como causa de siniestralidad laboral», opina Núria Gilgado, Responsable de Política Sindical de UGT de Catalunya. «La temporalidad, la falta de formación e información, trabajar por encima de un nivel normal de trabajo, el estrés que esto comporta, los bajos salarios que no te permiten llegar a fin de mes, el miedo a ser despedido… » Todos estos son los factores que para Gilgado generan una serie de riesgos psicológicos que después pueden también suponer una enfermedad profesional o un accidente mortal.
Son factores que, por su parte, deberían abordarse por parte de las empresas, como así contempla la ley de riesgos laborales vigente desde hace 20 años. Si esto no ocurre es, según Gilgado, por la falta de cultura preventiva en las empresas.
Para Mònica Pérez, responsable de Salud Laboral de CCOO de Catalunya, en la misma línea, falta calidad en la prevención de riesgos o en la contención para la salud de las personas en general. «Muchos de estos accidentes se producen por caídas en altura por ejemplo. ¿Aún no sabemos que deben ir con sistema de seguridad, que deben revisarse, que no podemos jugarnos la vida si el sistema se rompe? Son cosas que deberían estar superadas», opina. Y es que el hecho de que no se aborden motivos de accidentalidad que no cuestan de entender como el atrapamiento por máquinas, refleja la desgana a la hora de abordar la contención de riesgos. Pérez también señala que existe una tendencia al empeoramiento de la siniestralidad laboral. Destaca que la accidentalidad de 2021 respecto a 2019, un año que toma de referencia por ser más parecidos en lo que a actividad económica se refiere, ha crecido. Deja el año 2020 por ser extraordinario, pero también porque los accidentes mortales crecieron drásticamente en comparación con el año anterior y en comparación con el resto de accidentes. Cree que esta reducción en los accidentes no mortales se debe a que las empresas pueden esconder más fácilmente aquellos accidentes leves y graves que no producen la muerte: «El año 2020, por su excepcionalidad, fue un año cómodo para esconder accidentes o hacer pasar enfermedades profesionales como enfermedades comunes».
Pasar enfermedades profesionales como comunes: un fraude de las mutuas hacia la Seguridad Social
En este sentido, Gilgado denuncia que existen enfermedades profesionales que no quedan registradas: «existe una infradeclaración espectacular de enfermedades que en realidad son causa del trabajo y que son gestionadas como enfermedades comunes». Que esto ocurra tiene dos consecuencias: primero, que si están gestionadas como enfermedades comunes, no se previenen y por tanto no se ponen las medidas preventivas para evitarlas y, segundo, que se esté cubriendo por parte del servicio público situaciones que se deben cubrir por parte de las mutuas. Sin embargo, desde UGT consideran que hay muchas deficiencias en cuanto a medidas de investigación de los riesgos psicosociales.
Por su parte, CCOO también cree que la obligatoriedad de que una enfermedad sea reconocida por la mutua es contrario a velar por los derechos de los trabajadores. «La mutua es una asociación privada de empresas… Te encuentras con que el médico de tu empresario, no te reconoce la enfermedad y tienes que ir de nuevo al médico de cabecera para que te haga el cambio de contingencia. Quien tiene el boli para reconocer el daño a la salud como consecuencia de una mala prevención es el médico de tu empresario, que tiene intereses…», denuncia. Para CCOO es necesario un cambio de normativa vinculado a la seguridad social para que, o sea el médico público quien defina inicialmente si un problema de salud está relacionado con el trabajo, o que haya una revisión más automática por parte del sistema público de las decisiones de las empresas y las mutuas.
Esto es importante porque como señalan también desde UGT, ahora mismo según la legislación vigente, sólo puede tenerse en cuenta una enfermedad como profesional si está incluida en un real decreto. Actualmente, dice Gilgado, «en el RD pertinente no aparece ninguna enfermedad vinculada con la salud mental, con los acosos, con el burn out, con la sobrecarga de trabajo…».
Las decisiones de qué es una enfermedad profesional y qué no acaban siendo a menudo arbitrarias y también fraudulentas, puesto que la seguridad social paga por cubrir daños que han producido o empeorado las empresas. Además, dice también Pérez, «el empresario da una buena imagen sobre la prevención que hace y justifica que no es necesario mejorar nada». Si bien tú como trabajador tienes derecho a denunciar y señalar que se revise la decisión de la mutua para considerar el accidente de trabajo, que esto se reconozca o no les lleva a trabajadores y sindicatos casi un año, ya que cuesta que la Seguridad Social conteste. «El sistema definido por ley está muy bien, pero se incumple fácilmente y, además, pueden esconderse fácilmente las consecuencias sobre la salud», cree Pérez.
Gran responsabilidad de ello la tienen las administraciones, ya que son ellas las responsables de velar para que las empresas cumplan. «Para hacer esto es muy importante que Inspección de Trabajo», opina Gilgado, «tenga unos mecanismos que ahora mismo no tiene». Como ven los sindicatos, «Inspección de Trabajo realiza una tarea muy buena y eficaz, pero totalmente insuficiente porque no existen los medios materiales y personales suficientes para abordar la gran cantidad de incumplimientos que existen en materia de riesgos laborales». En esta línea, UGT defiende que donde hay prevención, hay menos accidentes y menos personas que puedan acabar muriendo en el trabajo y menos enfermedades profesionales. «Esto se ve en los datos de las empresas donde tenemos delegados de prevención que exigen y denuncian y hacen que exista una cultura preventiva en las empresas», explica Gilgado. Lamenta que las empresas vean esta prevención de riesgos laborales como un coste y no como un beneficio: «si haces una buena prevención de riesgos laborales, evitas bajas, accidentes y muertes en el trabajo y eres una empresa más productiva, pero eso no lo ven».
Es necesario un cambio de normativa para que sea el médico público quien defina si un problema de salud está relacionado con el trabajo o haya una revisión de las decisiones de las empresas y las mutuas
La responsabilidad final: de las administraciones
Desde CCOO apuntan que tanto el estado como la administración catalana, que tiene competencias trasladadas, tienen responsabilidad. Explican que existe un informe del Instituto Catalán de Seguridad y Salud que realiza un análisis del número de empresas que tienen toda la prevención externalizada, lo que se llama servicios de prevención ajenos. Estas empresas están obligadas por ley a realizar una evaluación de todos los riesgos presentes: de seguridad, biológicos, químicos, aquellos relacionados con el estrés… Hacer el diagnóstico. Y también después a poner medidas preventivas para evitar que estos riesgos hagan daño. Lo que sería el tratamiento. Pues resulta que según este análisis de la Generalitat, no más del 5% de las empresas catalanas cumplen con todos los factores. «La administración pública lo sabe, porque lo afirma, pero nadie revisa», denuncia Pérez.
Entendiendo que el hecho de no poner recursos a Inspección de Trabajo ni iniciar otros mecanismos acaba siendo un tema de presupuestos y, por tanto, una decisión política, desde los sindicatos denuncian esta connivencia. Gilgado apunta que «estamos en un país en el que es muy fácil incumplir la ley y que, además, hacerlo no tiene consecuencias», ya que «si tienes la mala suerte de que haya una denuncia y una inspección… la probabilidad y la sanción son pequeñas». Así, entiende que sale más a cuenta para las empresas arriesgarse que implementar medidas preventivas y, esto, en la práctica, tiene que ver con el régimen sancionador. «Cuando tienes altas sanciones económicas esto genera un efecto disuasivo entre las empresas», valora. Y en este sentido, explica, desde la UGT han pedido muchas veces hacer público el nombre de las empresas que hacen incumplimientos de forma reiterada para que tengan algún tipo de repercusión y también, como apunta, porque alguna vez Inspección de Trabajo no ha llegado a tiempo a evaluar alguna denuncia y ha acabado muriendo alguien en el trabajo.
La reforma laboral vista como una oportunidad de incidencia
Un nuevo elemento a tener en cuenta a la hora de prever riesgos laborales es también la incorporación de nuevas formas de trabajar. Así, ambos sindicatos entrevistados para este reportaje consideran que es necesaria una revisión de la ley para adaptarla a las nuevas situaciones y a las nuevas formas de trabajo y para introducir enfermedades profesionales que ahora mismo no están diagnosticadas como tales y realmente lo son. Como ya se ha dicho, que los riesgos psicosociales no estén en la orden del día y no se aborden en las empresas ni en los planes de prevención está provocando accidentes y muertes en el trabajo.
Otro elemento a tener en cuenta es poder modificar la capacidad de los delegados de riesgos laborales para poder incidir aún más en el control y garantía del derecho a la salud y seguridad de las personas trabajadoras. «Si no hay más inspección, seguimiento y control de la actividad y calidad que realizan los servicios de control ajenos, será fácil que nos escondan las consecuencias», apuntan.
Por tanto, en cuanto a la reforma laboral como medida satélite al hecho concreto de la siniestralidad que puede ayudar, creen que cualquier medida relacionada con poner fin a la precariedad laboral repercutirá de forma positiva. «Si paliamos los contratos temporales, no tener la formación ni las medidas necesarias en el trabajo, será más fácil acabar accidentes y acabar con la siniestralidad», valoran.
2026 Catalunya Plural.