La alcaldesa de Barcelona Ada Colau, tendrá que ir a declarar ante un juez el 4 de marzo como investigada por las subvenciones y contratos a asociaciones como el Observatorio DESC, y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), de la que fue cofundadora y portavoz. Reproducimos el comunicado de prensa de Barcelona en Comú sobre las informaciones recientes:
«Ante la nueva denuncia que impulsa la Asociación por la Transparencia y la Calidad Democrática sobre las subvenciones a entidades sociales cabe recordar que todas las querellas judiciales que se han presentado contra concejales y concejalas de Barcelona En Comú, han terminado archivándose. Ahora mismo hay 10 denuncias archivadas.
En este caso, la misma denuncia ya la presentó la asociación de ultraderecha Abogados por la Constitución por subvenciones totalmente regulares que ya se realizaban en el mandato de Trias a entidades de derechos humanos que luchan por evitar miles de desahucios y cortes de suministro de agua y luz a familias vulnerables, y que se archivaron porque se ajustaban a derecho.
Para Barcelona en Comú esta estrategia de lawfare es un ataque directo al debate democrático. Lo que está en juego es que la ciudadanía y sus representantes políticos escogidos democráticamente puedan o no decidir sobre las cuestiones que les afectan. Se trata de una cuestión de salud democrática y de defensa de derechos y libertades.
Respecto al supuesto incumplimiento del Código Ético de Barcelona en Común por parte de la alcaldesa, en ningún caso Ada Colau debe renunciar a su cargo. El Código Ético de BComú concreta que la dimisión debe ser sólo en casos en los que haya un presunto “ánimo de lucro” personal. En el caso actual no existe ninguna acusación de presunto “ánimo de lucro” personal. Lo que se está investigando son subvenciones a entidades que concede la comisión de gobierno como órgano colegiado.
Recordemos que a raíz de la declaración como investigada en otra causa judicial de la Teniente de Alcaldía Janet Sanz, un Tribunal ya aclaró que no se daba el supuesto de dimisión o cese pues no había acreditado ningún “ánimo de lucro” vinculado en la supuesta comisión del delito de prevaricación. De hecho, el Juzgado obligó a rectificar la noticia publicada por Crónica Global en la que se afirmaba que Sanz estaba incumpliendo el Código Ético de Barcelona en Común»
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