Beatriz Silva (52) nació en Santiago de Chile. Allí cursó sus estudios en periodismo y residió hasta el año 1995, cuando se mudó a Barcelona para empezar un doctorado en Historia del Arte en la UAB. Militó en el PSUC, y desde el año 2017, en el Partit Socialista de Catalunya, del cual es diputada en el Parlament. Ha dedicado parte de su actividad parlamentaria en escrutar la dirección de TV3, de la que tiene una visión muy crítica: “No puede ser que el tercer sector tenga que justificar hasta el último euro y que TV3 haga lo que quiera”.
Empiezo a preguntarle sobre unas informaciones recientes sobre TV3, un campo al que usted le ha dedicado parte de su actividad parlamentaria. La primera es en relación a Triacom, una productora audiovisual que ha proveído de contenido a TV3 durante los años 2008-2016, presuntamente vinculada con la financiación ilegal de CDC a través de David Madí, y que habría incrementado sus beneficios en un 50%. Aunque TV3 no está investigada por este caso, usted fue muy crítica en una intervención reciente con Núria Llorach: ¿qué responsabilidad le adjudica a tv3 en este caso?
Llorach decía que las filtraciones que ha habido sobre este caso son filtraciones interesadas, pero la realidad es que, interesadas o no, los documentos están allí. La exhaustiva investigación que ha hecho Pere Rusiñol para eldiario.es lo demuestran. Hay dos cosas importantes que los directivos de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals(CCMA) no asumen. La primera, es que esto produce un daño importante en la imagen de la televisión pública, y aumenta la desconfianza de la ciudadanía. La segunda es que esto debería de investigarse. Llevo preguntando por escrito desde que soy portavoz sobre el tema de las auditorías: ¿Cómo se controla el tema de la adjudicación de la producción externa de TV3?
Las respuestas que he ido recibiendo han ido cambiando con el tiempo. Cuando le pregunté a Llorach en comisión de control me respondió que las auditorías eran súper exhaustivas. Ahora me dicen, sobre el caso de Triacom, que lo que se hacen son auditorías aleatorias, lo que significa que no todas las productoras están auditadas. No puede ser que el tercer sector tenga que justificar hasta el último euro y que TV3 haga lo que quiera. Esto no tiene ninguna lógica en términos de transparencia. La corporación debería ser la principal preocupada de aclarar lo que ha pasado por la imagen que representa de cara a la ciudadanía.
No puede ser que el tercer sector tenga que justificar hasta el último euro y que TV3 haga lo que quiera
¿Qué soluciones estructurales cree que deberían hacerse, según su opinión? Pues la composición de los órganos de dirección del CAC se elige en el Parlament en función de los pactos entre partidos, de los cuales el PSC toma parte.
TV3 tiene que cumplir la misión de cualquier televisión pública, que es ser independiente del gobierno de turno, pero sobre todo que sea capaz de representar la diversidad de la sociedad de manera positiva. El pacto para la renovación de la “Corpo” es un avance. El problema es que ellos tienen una misión por ley que no se cumple, como muestran los informes de pluralismo del CAC. ¿Cómo puede ser que la cobertura que hace TV3 de los temas sociales sea mínima y que los principales informativos sean los temas relacionados con el Procés? La televisión pública de Catalunya debería de ser la primera en denunciar la situación de emergencia social que vivimos. Ya no es solamente el desequilibrio en las tertulias o en los entrevistados, sino en la selección de los temas. Tampoco se transmite la diversidad cultural y religiosa del país. A TV3 le falta pluralismo en todos los sentidos.
Pero la nueva composición de la CCMA, según usted, puede cambiar estas dinámicas.
Si realmente ahora el Consell de Govern que va a salir sigue lo que se ha firmado en el documento que se pactó para recuperar la misión de servicio público, vamos a avanzar. Al menos ahora el Consell de Govern va estar más equilibrado, por lo que tendrán que ponerse de acuerdo. El primer paso, y lo que veo más urgente – y esto es una opinión personal -, es que hay despropósitos, como el programa Brico Héroes, que tienen que desaparecer. Cada semana insultan a un colectivo. El último al que insultaron fue al colectivo gitano, que se sienten burlados. Fueron recibidos por el director de TV3 Vicent Sanchís, quien se tuvo que disculpar, y al cabo de dos semanas volvió a ocurrir. Ya no es que la televisión pública catalana no represente a toda la ciudadanía, sino que se dedica a insultar y agredir a ciertos colectivos que son, además, los más vulnerables. Luego nos preguntamos cómo combatimos a VOX y a la ultraderecha.
Comentaba el rol del director de TV3 Vicent Sanchis. Informaciones recientes mostraron que Sanchís, en su Declaración de Bienes Patrimoniales, poseía el 10% de las acciones de Comunicació Vinaria, una entidad que firmó acuerdos con el la CCMA cuando Sanchís ya era el director de TV3.
Yo fui la primera en ingresar preguntas cuando salió esta información pidiendo al CAC qué medidas iban a implementar y que cómo es posible que esto haya sucedido, lo que nos trae de vuelta al tema de las auditorías. ¿Realmente el CAC no mira la declaración de su director? ¿No sabe que es accionista de una empresa que contrata con TV3? Esto tiene que cambiar ya, tiene que existir un uso razonable del dinero público. Cada euro que se gasta tiene que estar justificado. Los medios públicos de comunicación son un pilar para la democracia, pero tienen que ser ejemplares en el uso de los recursos públicos.
La Mesa Diálogo, aunque con menor intensidad, sigue marcando parte de la agenda mediática en Catalunya. Dicha Mesa se mantiene a pesar de que CUP/Junts la critiquen, pero ERC avisa de que si no se debaten cosas sustanciales acabarán perdiendo una oportunidad. ¿Qué puede ofrecer el PSOE si se niega a conceder nada de lo que se pide explícitamente – amnistía y referéndum?
Hay una cosa que nosotros estamos pidiendo y que no ha sido aceptada por el Govern, y es que debería de existir también una mesa de diálogo entre catalanes. El problema no es totalmente entre Catalunya y España, es que en Catalunya tampoco estamos de acuerdo. Tenemos una sociedad dividida al 50%, pero es que además dentro de estas dos mitades hay una diversidad enorme. ¿Qué porcentaje de la población quiere como solución para Catalunya la amnistía y la autodeterminación? El mantra del 80% (de apoyo al referéndum) no es así, porqué no se refleja en el voto en las elecciones. Hay muchos matices. Yo, por ejemplo, no creo que los presos que han pasado por la cárcel sean presos políticos, pero tampoco creo que sus sentencias hayan sido justas y proporcionadas. No todo es blanco y negro, y así es como lo quiere plantear el independentismo.
Usted es federalista y se define como tal. La corriente federalista del PSC, que en su día lideró Pasqual Maragall, ha ido decreciendo paulatinamente. ¿Qué puede ofrecer el federalismo catalán a España y a Catalunya?
Los federalistas queremos una España federal dentro de una Europa federal. El federalismo es necesario, por ejemplo, en temas de armonización fiscal. Que haya pequeños estados dentro de Europa considerados como paraísos fiscales es una anomalía y debe corregirse. Esos debates tienen que hacerse bajo la perspectiva de que vamos hacia un proceso de construcción europea. Desde Federalistes d’Esquerres, lo que siempre hemos planteado desde que nacimos, es la necesidad de que haya cooperación e instituciones que permitan la colaboración para que los distintos agentes implicados puedan ponerse de acuerdo. Lo que tenemos en España en estos momentos es un sistema federal descentralizado, pero es cierto que le falta profundizar en el grado de gobernanza. Intentar administrar la diversidad dentro de la cooperación, que las competencias estén donde en cada sitio estén mejor. Eso es el federalismo.
Sobre la obligatoriedad de cumplir con el 25% de las clases en castellano: ¿es una amenaza para el modelo de la inmersión lingüística?
Yo creo que no es una amenaza. Mi hija va al mismo colegio que los hijos del conseller d’Educació; supongo que él, que tiene una manera de pensar distinta a la mía, si estuviera en contra de la inmersión lingüística no llevaríamos a nuestros hijos al mismo colegio. Aunque yo creo que esto debería de ser algo de sentido común, no impuesto por los tribunales. Se debe garantizar que los niños puedan avanzar en ambas lenguas, y en este sentido confío en el criterio de los profesores. Lo que no se puede hacer es una batalla política de esto. Por desgracia, el Procés ha politizado ámbitos de la vida que antes no lo estaban.
Pero el discurso anti – inmersión lingüística empezó con la entrada de Ciutadans en el Parlament de Catalunya en el año 2006, anterior al inicio del Procés.
Sí, pero el Procés tampoco empezó el año 2012. Hay una evolución, una polarización paulatina. Yo lo comparo, en todo caso, con los años noventa. En aquella época no había Procés. Yo trabajaba como corresponsal entonces, y tuve la ocasión de preguntarle a Jordi Pujol sobre la independencia, y me respondió claramente que “ni hablar, nosotros no aspiramos a algo así”.
Una de las propuestas que está desarrollando el actual Govern es la oficina para la implementación de una renta básica en Catalunya: ¿Qué opinión le merece la renta básica?
Yo estoy a favor en general de que todas las personas tengan una renta garantizada y un nivel de vida garantizado. Yo no creo que esto en ningún sentido vaya a desincentivar que la gente trabaje. Creo que las sociedades democráticas y de izquierdas, si queremos trabajar hacia un horizonte de justicia social, tendríamos que tener un nivel de vista garantizado para todo el mundo. Lo que pasa es que, con los niveles de pobreza severa, lo primero que deberíamos de conseguir es que la renta de ciudadanía funcione y que el ingreso mínimo vital también funcione. No puede ser que, en Catalunya, una región rica, tenga los niveles de pobreza infantil que tenemos.
Estoy a favor en general de que todas las personas tengan una renta garantizada y un nivel de vida garantizado
¿Y qué opinión le merece las críticas que le achacan al PSC que en los últimos años del Procés ha virado hacia la derecha en materias sociales, como podría ser el caso de la ley de la vivienda?
El tema de la vivienda es complejo porque está regulado a nivel estatal. Es cierto que nos dicen de vez en cuando: “no habéis apoyado estas políticas”, pero lo cierto es que el Govern siempre intenta hacer cosas de las que no tiene competencias, como por ejemplo a nivel de política exterior. En lugar de aprovechar las competencias que sí tenemos – sanidad, educación, servicios sociales, y en estos años, en los últimos diez años, se han hecho los recortes más importantes que se han hecho en el contexto español, tal y como afirma la Dirección Estatal de Servicios Sociales. Al comenzar la legislatura propusimos un plan social de choque para todas las situaciones que han surgido desde la covid, aunque muchas se arrastraban con anterioridad. El Parlament lo aprobó, y luego no se hizo nada.
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