Análisis

Sanciones a Hungría: excusas pretenciosas

Every single migrant poses a public security and a terror risk – Viktor Orban

La semana pasada, por primera vez, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que se proponía al Consejo de Europa el establecimiento de sanciones a Hungría. Sanciones que podrían llegar hasta la suspensión temporal de su derecho a voto en las decisiones de la UE. Es altamente improbable que el órgano en el que están representados los gobiernos de los diferentes países tome una medida tan drástica, pero no es descartable alguna sanción más leve.

Se trata de una respuesta contundente, prevista en los tratados de la UE, con el fin de castigar a los países que violen los valores en los que se fundamenta la Unión: respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto los derechos humanos (Art. 2 del TUE). La decisión no es improvisada; desde 2011 el Parlamento Europeo ha ido advirtiendo a Hungría, mediante diferentes resoluciones, que sus políticas públicas distaban de los estándares de la Unión. El informe de la europarlamentaria Sargentini señala varios aspectos troncales del estado que se consideran preocupantes. El informe pone negro sobre blanco que las políticas de Viktor Orban, primer ministro húngaro, destacan por su populismo xenófobo, poco respetuoso con los principios democráticos, y con prácticas sospechosas de corrupción.

No es una buena noticia que el gobierno de un país miembro de la Unión tenga tan poco respeto por los principios democráticos, pero a la vez sí lo es que la UE sea capaz de aplicar, colectivamente, los mecanismos punitivos en su caso. Hasta aquí las buenas noticias.

De entre los motivos para las posibles sanciones se ha destacado su política migratoria. Respecto del procedimiento del Parlamento Europeo, el portavoz húngaro Zoltan Kovacs señaló que «representantes de las políticas promigració están tan desesperados para castigarnos por nuestra posición que incluso son capaces de violar el Estado de Derecho».

Pero en la Unión Europea hace tiempo que domina el lenguaje de la inmigración como peligro. Constantemente oímos términos como «crisis migratoria» o «reto migratorio» que nos alertan de que todo lo relacionado con las personas migradas lo debemos tomar con cautela, si no con miedo. Incluso, en este medio, el periodista Victor Saura repasó las  noticias falsas sobre los inmigrantes publicadas este verano, en periódicos supuestamente serios, y que nunca se ha producido ninguna rectificación al respecto. Y si en lo que nos fijamos no es tanto en la retórica de los dirigentes, sino en las políticas migratorias de los países miembros, lo que encontramos es que las diferencias entre Hungría y el resto de países no son evidentes: todos ellos se muestran poco respetuosos con los derechos humanos y comparten un enfoque común.

Los miembros de la UE, especialmente los mediterráneos, han desarrollado mecanismos de control fronterizo militarizados, hacen esfuerzos para prevenir las llegadas (aunque sea a costa de incumplir el respeto por los derechos humanos) e intentan externalizar la responsabilidad del control migratorio en países fuera de las fronteras de la UE. En términos de política pública, la política migratoria es desastrosa: en 2015 los socios comunitarios acordaron, en un plazo de dos años, reasentar a 160.000 asilados. Finalmente sólo Malta logró cumplir con el acuerdo y a raíz de la falta de voluntad de los estados, esta cifra se redujo en un 50%. En total los países miembros sólo acogieron a uno de cada cinco de los asilados a los que se comprometieron. En 2016 se produjo otro pacto vergonzante, en esta ocasión con Turquía; la UE acordó devolver a Turquía inmigrantes, a pesar de que pudieran estar huyendo del conflicto sirio, a cambio de pagar 7.000 euros por cada persona realojada.

Y si miramos más de cerca los ejemplos de violación de derechos humanos en las fronteras de España, como el caso de la playa del Tarajal o las concertinas, son constantes. Un último ejemplo de la inmensa fosa común en que las autoridades europeas están permitiendio que se convierta el Mediterráneo es la ratio entre el número de personas llegadas en Europa en relación al número de muertes: paradójicamente cada vez hay menos llegadas pero, proporcionalmente, muchos más muertos.

*Datos hasta el 10 de septiembre de 2018
Fuente: Missing Migrants

En el único aspecto en que la política migratoria resulta satisfactoria es su funcionalidad de cara al sistema económico. La inmigración clandestina conlleva un volumen importante de mano de obra extraordinariamente precarizada, con un coste de gasto público muy bajo, ya que son personas poco consumidoras de servicios públicos y que además rebajan las condiciones laborales del resto de trabajadores.

Por lo tanto, atribuir a una repentina preocupación por las condiciones de los inmigrantes lo que haya empujado a la UE a actuar contra Hungría, es un error. Es más probable que las próximas elecciones al Parlamento Europeo, previstas para mayo del próximo año, tengan más capacidad explicativa sobre esta conducta.

Efectivamente Viktor Orban es el máximo exponente de la nueva extrema derecha populista y xenófoba europea. Presenta una forma de hacer política cercana a otras fuerzas presentes en varios estados miembros de la UE: Reino Unido, Italia, Suecia, Austria, Polonia, Alemania, República Checa o Francia, entre otros. En las últimas elecciones al Parlamento Europeo esta extrema derecha populista prácticamente dobló sus resultados (del 8,4% de voto y 64 escaños en 2004, a 13,3% de voto y 100 escaños en 2012). El «tradicional» sistema de partidos políticos europeos se siente amenazado por estas fuerzas emergentes. Pero «sobrerreaccionar» y poner como pretexto la política migratoria no parece que sea la respuesta más estratégica.

Es más que probable que en Hungría, y otros países europeos con extremas derechas populistas al alza, las medidas propuestas no hagan más que reforzar los discursos antiinmigración y la percepción que la UE es enemiga de las soberanías nacionales y de sus ciudadanos. El proyecto político europeo requiere una urgente sacudida que devuelva el entusiasmo a un planteamiento tocado, y casi hundido, desde la aprobación del Brexit. La respuesta europea no debe basarse en sancionar a los países con dirigentes populistas, que impulsan políticas migratorias similares al resto, sino en cuestionarse de qué manera el sistema político tiene que dar respuesta a las inquietudes que denota el extremismo electoral.

Adicionalmente, al respecto de las políticas migratorias, a pesar de que tenga que implicar un esfuerzo mucho más largo plazo, la única respuesta ante estos retos debe ser la de implementar una política migratoria común basada en un estricto respeto por los derechos humanos y que implique un reparto, a nivel comunitario, de los costes que pueda generar. Hay que trabajar también para reducir la enorme brecha económica en que actualmente se divide el Mediterráneo, con riqueza en la ribera norte y pobreza y desigualdad en los países de la ribera sur, y políticas sociales en los países miembros de la UE de manera que la población inmigrada no sea percibida como enemiga por parte de la población sino como parte de la propia sociedad.