El Síndic de Greuges ha presentado en el Parlament el último informe sobre la situación de los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) en Catalunya. En el texto, a pesar de reconocer los «esfuerzos de la DGAIA para poder hacer frente al constante aumento en la llegada de menores», también se ponen de manifiesto diversas carencias del sistema de protección. «Las medidas de atención y acogida deben ir más allá de las medidas de emergencia que se están llevando a cabo en estas dos semanas y se necesitan cambios estructurales en el sistema que no pueden ser si no son con la corresponsabilidad de las administraciones y un aumento presupuestario», ha apuntado el Síndic, Rafael Ribó, quien también ha denunciado «malos tratos institucionales»en los procedimientos de acogida.
El informe La situación de los niños migrantes sin referentes familiares en Cataluña reconoce la labor realizada por la DGAIA, especialmente en los últimos meses, en la creación de plazas de emergencia. Así, 2018 concluirá con 2.047 plazas nuevas (un incremento del 75.1%). Sin embargo, la adjunta para la defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia, María Jesús Larios, ha alertado que, si se sigue con este ritmo de llegadas, es posible que haya 6.000 nuevos MENA en Catalunya el 2019, cifra que requeriría la puesta en marcha de 3.000 nuevas plazas. En esta línea, el Síndic ha asegurado la necesidad de medidas de urgencia, pero también «de trabajar con previsión medio corto plazo, para evitar las situaciones inadecuadas producidas durante los últimos años».
Ribó ha hecho referencia a los recortes en presupuesto y medidas de atención que se dieron en 2010, tras el descenso de llegadas de MENA en Catalunya «y que aún no se han revertido». Así, desde el Síndic, han alertado de varias carencias y deficiencias detectadas en el sistema de acogida de menores, relacionadas con la falta de corresponsabilidades y ejercicio de las competencias del Estado y de las administraciones locales. «Catalunya es la segunda Comunidad Autónoma, después de Andalucía, en acogida de MENA. Falta colaboración entre gobiernos locales en tanto que la mayoría de menores han tenido otros destinos antes de llegar aquí «, asegura Larios, quien añade que, en cualquier caso,»la DGAIA no puede asumir estas llegadas sin la colaboración de todas las administraciones y los Departamentos implicados».
Con esta última afirmación hacía referencia a la discrepancia acontecida entre los Departamentos de Asuntos Sociales y Familia (del que depende la DGAIA) y el de Interior (del que dependen los Mossos) tras la última polémica que se dio con MENA durmiendo en las comisarías del cuerpo policial. «Hay una falta de servicio de protección en la emergencia, que supone déficits de atención», afirmó Larios. Pero la situación de los menores pernoctando en dependencias que no corresponden no es nueva, tal como afirmó el asesor del Síndic, Bernat Albaigés.
Albaigés recordó que esta «situación inadecuada» ya se ha dado anteriormente. «En 2017, con el colapso de la Ciudad de la Justicia, dormían en sus dependencias, en los sótanos, con puertas metálicas, sin camas y las luces encendidas constantemente. Sin condiciones de higiene. Una situación mucho peor que la de las comisarías pero que lleva dándose 10 años».
Este aumento y colapso del sistema, también lleva a la sobreocupación de los centros de primera acogida y situaciones inadecuadas en los centros del sistema de protección, como el ingreso directo a CRAE o CREI (que no son espacios de primera acogida sino de integración ). Y, por otro lado, también se han detectado casos de menores que se han quedado más de los seis meses establecidos en el protocolo en los centros de primera acogida.
Priorizar la acogida familiar y mejorar las pruebas de edad
Tras la anulación del pacto Cataluña – Madrid en 2010, que garantizaba el trabajo sobre el terreno para investigar y garantizar las condiciones del regreso del niño en caso de que el retorno con la familia se considerara la mejor opción, desde el Síndic aseguran que ya no se hace ningún trabajo en este sentido. «El retorno debe ser la opción preferente si es la más adecuada y si coincide con la valoración de los expertos y con el interés superior manifiesto del menor», apunta Larios.
Asimismo, el Síndic ha reclamado que se mejoren los procedimientos de constatación de la edad del menor, para que «puedan recibir atención y tutela inmediata de la DGAIA». Los márgenes de error de dos años en la prueba, que afectan a los cálculos de prestación, y a la regularización de la situación legal de los menores, son algunos de los aspectos que se han destacado. «No debemos olvidar que son jóvenes a punto de llegar a la mayoría de edad; si las pruebas no son diligentes y los menores llegan a los 18 años antes de haberlas concluido, su situación, económica y legal, se complica «, recordó Ribó.
También se debe evitar el ingreso de menores en los CIE: «Sabemos la función que tienen estos centros, y podríamos discutir, pero ya que existen, no podemos permitir que haya menores durmiendo en ellos existiendo un programa integral de acompañamiento a los menores», afirmó. Y en la línea del acompañamiento, también se han destacado los déficits de la asistencia legal y de la transición a la vida adulta. «Los jóvenes ex tutelados muchas veces tienen dificultades de acceso a las prestaciones o a la renta garantía ciudadana. Se quedan solos», concluyó Ribó, quien también ha alertado sobre la alta prevalencia de trastornos psicológicos y de consumo de sustancias tóxicas de estos Menores, debido al «duro periplo migratorio» que pide que no «se les deje desamparados».
2026 Catalunya Plural.