Reportaje

Huelga de servicios sociales del Raval para no participar en desahucios, aumentar recursos y repensar el modelo

El pasado 7 de mayo en el Raval, mientras los Mossos d’Esquadra reventaban la puerta de una familia, una de las mujeres que estaba dentro se autolesiona por no poder soportar de nuevo otro desahucio. El 12 de mayo, en un nuevo desahucio, mientras echaban de casa otra familia, en la calle se vivía una alta tensión y se detenían 5 personas. Estas pasaron una noche en comisaría y fueron puestas en libertad al día siguiente.

Con todo ello, el 13 de mayo, el Sindicat de barri del Poble Sec y el Sindicat d’Habitatge del Raval ocupaban los servicios sociales de Ciutat Vella para exigir un hogar para la familia de la mujer hospitalizada tras autolesionarse durante su desahucio. Para disolver la ocupación hubo golpes de porra y se hizo uso de gases lacrimógenos.

A raíz de esto, Raval Social, el Colectivo de Profesionales de los Centros de Servicios Sociales del Raval Sud y Raval Nord, publicaban en sus redes sociales no poder trabajar en estas condiciones: «los hechos que han pasado hoy en nuestro centro son fruto de la mala gestión política y de los altos cargos del Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS)». En el mismo hilo manifestaban la falta de recursos dignos para realojar a las familias desahuciadas y exigían «no ir a los desahucios a auxiliar a la comisión judicial, sino a apoyar a las familias que sufren esta vulneración de derechos en el caso de que así lo consideremos como técnicos». También añadían que no se puede tolerar la violencia de ningún tipo: ni policial, ni hacia las vecinas, ni hacia los profesionales de servicios sociales.

Unos días después, convocaban una huelga de los servicios sociales del Raval, una huelga que se hará extensiva al resto de la ciudad y para todos los trabajadores del IMSS el próximo 7 de junio.

Hoy, después de concentrarse a las puertas de una de las sedes de servicios sociales en el Raval, en la plaza del Pedró, los trabajadores han ido hasta Sant Jaume donde han leído un manifiesto y han explicado sus demandas primero ante el Ajuntament para ir luego hasta la parte donde se encuentra la Generalitat. Los trabajadores han explicado que desde la crisis del 2008 trabajan con mucha presión asistencial y una grave falta de recursos dignos para alojar a las familias desahuciadas. Aparte, ahora se suma el hecho de que desde el acuerdo firmado por el mandato de Xavier Trias con los juzgados, los trabajadores sociales están obligados a asistir las comitivas judiciales en los desahucios. Exigen así no ir a los desahucios con la comisión judicial y que la alcaldesa rompa el acuerdo entre el Ajuntament de Barcelona y los juzgados.

Una de las portavoces de las trabajadoras constituidas en asamblea para sacar adelante esta huelga, declara que sí quieren ir a los desahucios, «pero queremos ir a socorrer a las familias, estar con las familias, que es a quien asistimos todo el año». Apunta que es «muy perverso llegar al desahucio y encontrarte que de golpe, con una familia que llevas años trabajando, se te dice que tienes que estar en el otro lado». Con todo, la huelga para denunciar este hecho, la falta de recursos o el hecho de que no estén adaptados los servicios sociales a la realidad de cada barrio son algunos de los motivos que quieren explicar ante los vecinos. Esto y las intervenciones sociales que hacen, los recursos que tienen y sobre todo el modelo asistencialista sobre el que los hacen trabajar.

«A raíz de la pandemia empezamos a ver que todo esto se complicaba mucho más y que no llegábamos», explican. Pero ahora, a raíz de las ocupaciones y también en lo que se imaginan que vendrá de cara a septiembre u octubre, cuando termine la moratoria de los desahucios, decidieron que no podían más. «Vimos que necesitábamos recursos dignos para la ciudadanía y respuestas por parte de políticos porque al final nosotros somos los técnicos de base que no hacemos las políticas, pero que estamos en medio de quien las hace y los vecinos». Es decir, quien las padece. Hacer la huelga para ellos también es una manera de explicar qué es lo que realmente hacen y de qué lado están.

Y es eso y algo más lo que piden los vecinos del Raval organizados en el movimiento popular.

El movimiento popular del Raval pide posicionamiento político

Uno de los puntos del manifiesto de huelga de servicios sociales en el Raval ha sido la solicitud a las administraciones de «tener un canal de comunicación abierto entre técnicos y movimientos sociales del barrio establecido desde la confianza, el respeto y la horizontalidad, y con el objetivo de crear objetivos comunes y sumar fuerzas para su consecución». En otro punto piden ser escuchados y poder participar en las planificaciones de los modelos y planes que tengan que ver con Servicios Sociales Básicos y también remarcan que hay que hacer partícipes a entidades, colectivos y agentes sociales del barrio.

Otro punto del texto denuncia la falta de información real sobre las posibilidades de recursos habitacionales de los que disponen y su papel en los desahucios. Dicen que esta falta de información les ha puesto en una posición que creen que no les corresponde, ya que como trabajadores de servicios sociales, siguen, su posicionamiento «es y será siempre al lado de la ciudadanía».

En este sentido, varios espacios y colectivos del movimiento popular del Raval han publicado un manifiesto titulado «Unidad de clase, unión de luchas: la vida antes de que el capital». Un texto que quiere hacer algunas consideraciones para reforzar la lucha laboral y social de las trabajadoras del IMSS en huelga, así como del movimiento popular en defensa de la casa, educación, salud y trabajo.

Y justo por la defensa de estos elementos apuntan que «la unidad de clase es el único instrumento para confrontar la explotación». Puntualizan que siempre estarán a favor de los trabajadores que luchen por mejorar sus condiciones laborales y los servicios que prestan, pero recuerdan que esto ocurrirá si realmente los intereses se encuentran alineados. Así, dicen: «sin tomar un posicionamiento sobre las problemáticas que el movimiento popular pone sobre la mesa, no será posible la unidad». En este sentido, remarcan que los trabajadores sociales no deberían «gestionar la miseria» sino confrontarse con el sistema que la permite.

Así, con todo, el movimiento popular pide a los trabajadores que no se alinean a los mandatos orgánicos. Por el contrario, desde servicios sociales denuncian la manera de funcionar, de generar un informe tras otro y sobre todo denuncian que se les pida apoyar las comitivas judiciales. Una de las portavoces dice que todo esto «va más allá» y que hay que preguntar qué modelo de servicios sociales quiere tener la ciudad. «¿Debe ser un modelo asistencialista, de bancos de alimentos y colas? ¿O pensamos en alguna prestación para cubrir las necesidades básicas de las familias sin que tengan que estar haciendo cola en un banco de alimentos?», cuestiona. Así, los trabajadores, que volverán a la huelga el 7 de junio junto con el resto de la ciudad, piden que los políticos digan qué modelo quieren tener de ciudad.