Fátima Bouzalim es trabajadora de una residencia geriátrica desde hace quince años. Al ver las situaciones que se vivían en estas, decidió empezar a denunciarlo. Por su actividad la suspendieron de empleo y sueldo durante un tiempo.
Azahara es familiar de dos personas que estuvieron internas en residencias los últimos años de su vida. Murieron allí y diversas regularidades y trato recibido hicieron que se activará para ver las problemáticas que hay en las residencias.
Roberto Martínez es uno de los impulsores de la plataforma de afectados por la empresa BBServeis. Su mujer Maria José, trabajadora en una de las residencias gestionadas por el grupo, fue despedida después de estar meses sin cobrar. Cuando esto pasó, vieron que no había estado cotizando correctamente y que tampoco había un ente a quien denunciar. BBServeis era un entramado de empresas, la mayoría con sede en Suiza, que se dedicaban a generar dinero aprovechando las contrataciones públicas. Los juicios que derivaron de una querella criminal que se puso contra la empresa aún no se han realizado, pero algunos de los responsables de la estafa ya están muertos o desaparecidos.
Estas tres personas, cada una partiendo desde un punto diferente, pero con una misma motivación, son tres de las personas que han creado el Moviment de Residències de Catalunya. Este se presentó de manera oficial a mediados de junio y busca la dignidad en el tercer sector. Con este acto, la plataforma buscaba pasar de la reclamación en las redes a las protestas en la calle. Son diversos los colectivos y mareas que se han sumado a la iniciativa y la clave de todo es la unión de trabajadores, familiares y población en general.
Sin condiciones laborales apropiadas, no hay dignidad para los usuarios
Fátima Bouzalim trabajando en una residencia llevaba muchos años denunciando el trato de los residentes y ya había contactado con varias asociaciones y movimientos para ver qué se podía hacer. Ella misma nos cuenta que se quedó en nada porque muchas de estas asociaciones no tienen en cuenta los trabajadores. A partir de ahí empezó a buscar y encontró la Marea de Residencias en Madrid. Ellos estaban trabajando coordinadamente con las trabajadoras y le explicaron que aquí en Catalunya algunas familias también se estaban empezando a mover. Ahí, dice Bouzalim, “empezó la aventura sin ser preparada”. Y es que sin tener mucho conocimiento, dice, una vez puestos en contacto rápido nació el Moviment de Residències de Catalunya.
Bouzalim trabaja en la misma empresa desde hace 15 años y ya desde un inicio vio cosas que no acababan de encajarle. Al principio, cuando era nueva, le dijeron que las cosas se iban a arreglar en dos o tres años. “Con toda la paciencia del mundo yo me lo creí, pero cuando vi que no había cambios, que sólo eran engaños, dije hasta aquí hemos llegado”, cuenta. Fue entonces cuando empezó a formarse y ver qué se podía hacer. Recurrió a sindicatos, pero estos le explicaban que sin denuncias firmes de familiares no podían hacer mucho. Se puso ella a hacer denuncias como trabajadora y por mucho que llegaron a Inspección de Trabajo no fue a más. También algunas denuncias de familias se resolvían al darles una solución financiera, añade.
Denuncia así que “la gente no se da cuenta de que para tener un servicio decente hacen falta manos. Para dar un vaso de agua o cambiar un pañal se necesitan manos, sin ellas no se puede hacer el trabajo”. Además, considera que sin ellas también existe el maltrato: “aunque digan lo contrario, si alguien se quita su pañal disecado y meado es maltrato, si nadie le ha acercado agua es un maltrato”.
Después de muchas experiencias negativas con su empresa, en marzo de 2020 llegó la pandemia de coronavirus y Bouzalim tuvo que enfrentarse una vez más a sus jefes por falta de material. La situación les llevó a tener que trabajar 13 horas diarias y ella aceptó por el bien de los residentes. Apunta que no se podían negar porque se necesitaba gente para atenderlos, pero también para cubrir las necesidades que se generaban por no ver a sus familiares y estar aislados. Cuando se empezó a salir del confinamiento, volvieron a su horario normal, pero se encontró que estaba sola con 30 personas demandantes, que necesitan atención constante y, por tanto, imposible hacerlo todo en siete horas y media. Se negó a hacer todo aquello que se podía negar a hacer como dar la medicación, pues no entra dentro de sus competencias. Ante esto, la empresa la sancionó un mes y medio. Un tiempo que, feliz dice, dedicó a hacer nacer el Moviment de Residències.
Para Bouzalim hacer entender a la gente que necesitan a las trabajadoras en condiciones porque todo depende de ellas es muy importante. Pero la realidad no es esta: “las trabajadoras del sector de geriatría están todas enfermas”, afirma Bouzalim, “toman medicamentos para depresiones, para dolores físicos…”. I es que para Bouzalim, las empresas que gestionan este sector “utilizan nuestra debilidad porque saben que queremos nuestro trabajo y nos sentimos responsable. Durante años me he sentido responsable de todas estas personas como si fueran familiares míos”.
Familiares y trabajadores unidos contra la gestión privada
Azahara es una de esas personas que ha visto como funcionan las residencias y cómo se encuentran sus trabajadoras. Su madre murió hace tres años y su padre durante la pandemia en noviembre de 2020. Después de moverse “a la desesperada” encontró diversas personas en su misma línea y nació el Moviment de Residències de Catalunya. Celebra que agrupe a diversos colectivos, familias y trabajadoras y cita la célebre frase “la unión hace la fuerza”. Azahara apunta que todos reivindican una ley de residencias y que la explotación de las trabajadoras pare. Denuncia que esto pasa porque la gestión de las residencias públicas está en manos de empresas privadas: “se hace una concesión y siempre hay una entidad gestora, que es una empresa privada que mira su propio bolsillo y beneficio… Hay una explotación de las trabajadoras y por consiguiente un servicio súper precario para los residentes, los usuarios”.
También denuncian así la calidad de los servicios, pues dicen que no está centrada. Además, quieren recordar que todo esto está en guardia por la pandemia, pero ya estaba mal de muchísimo antes, “la pandemia solo lo ha desvelado”. De este estallido, no obstante, Azahara celebra que de lo malo haya salido algo bueno como es la unión de trabajadores, familiares y usuarios. Así, juntos desde el Moviment de Residències se puede hacer mucho trabajo. Azahara opina que detrás de cada número, de cada historia, de cada medida que toma la Generalitat como sería la limitación de las visitas, hay un drama personal que sería por ejemplo como afecta esto al usuario, a las relaciones familiares, psicológicamente… “Mi padre dejó de hablar cuando le cortaron el contacto y, al final, el problema es que cada historia donde hay un drama, quien sale perdiendo es el usuario”, cuenta Azahara que espera que con la plataforma se pueda mejorar en la medida de lo posible la situación “por los que quedan y por los que vendrán”.
El caso de BB Serveis, un juicio pendiente por estafa empresarial a trabajadores y usuarios de residencias
Dentro del Moviment de Residències también se encuentra gente como Roberto Martínez. Él es uno de los fundadores de la Plataforma de afectados por BB Serveis.
En el año 2011 Roberto Martínez y su mujer, María José Alarcón, trabajadora en una residencia de BB Serveis, fueron desahuciados, él se quedó sin trabajo y a ella le dejaron de pagar. Fue entonces cuando vieron que a María José no le estaban pagando ni la seguridad social ni la mutua. A raíz de esto, de empezar a investigar y de coincidir con otras personas se dieron cuenta de que no era un tema personal suyo, sino que iba más allá y que había trabajadoras en situaciones mucho peores.
“La sorpresa fue cuando vimos que todo iba más allá de la zona de Barcelona, que había unos 90 sitios en España”, dice Roberto Martínez. “Lo que hicimos fue investigar de forma rudimentaria con lo que teníamos a mano: con las nóminas viendo el NIF y los teléfonos, todo nos iba dando pistas hasta que nos encontramos con una trama de sociedades, algunas fuera de España, con dinero en Suiza…”, sigue. Y fue con esto delante que el 8 de enero de 2013 decidieron poner una querella criminal contra BB Serveis. Durante año y medio no supieron nada, el caso no avanzaba, y Martínez cree que se pusieron trabas desde la Generalitat.
Finalmente la querella llegó a la Guardia Civil a finales de 2015 y en febrero de 2016 se detuvo a cinco personas por presuntos delitos de pertenencia a organización criminal, apropiación indebida, alzamiento de bienes y contra el derecho de los trabajadores. Desde entonces, gran parte del tiempo el caso ha estado bajo secreto de sumario y poco se sabe de cuando será el juicio contra los responsables de BB Serveis. Un juicio que no será fácil, pues a banda de qué el juez está esperando documentos de Suiza y Andorra, parece ser que dos de las personas imputadas han muerto.
Martínez señala que una de las dos muertes, la de Jesús Puyoles, quien se considera jefe de la trama, “no está registrada en ningún tanatorio de Catalunya, no hay una esquela, ni aparece en el listado de muertes oficiales”. Además, añade, “el certificado de defunción lo presentaron en octubre-noviembre y en teoría este hombre muere un 15 de agosto…”. También es destacable el hecho que dos de los imputados, Ismael Soriano y Diego Parra, siguen coordinando dos residencias: una en la Roca y otra en Granollers. “Para mí esto es lo más bochornoso, que estén campando a sus anchas”, se queja Martínez nombrando la impunidad que tienen los detenidos que siguen en el sector o expandiendo empresas de otros tipos mientras esperan el juicio.
Así, con esta situación en el aire, Martínez y la Plataforma de Afectados por BB Serveis han decidido sumarse también al Moviment de Residències. A raíz de lo que pasó a partir de marzo de 2020 en las residencias con la llegada del coronavirus, algún miembro de la plataforma recibió llamadas de mucha gente preocupada con lo que pasaba dentro de los centros. “Sin respuestas en esa situación tan complicada recurrían a nosotros entendiendo que podríamos darles alguna solución por ser una plataforma que lleva años denunciando lo de las residencias”, apunta Martínez. Además, fue desde la Marea de Residencias de Madrid que estas diferentes personas se pudieron poner en contacto. “Se ha creado un vínculo bastante interesante y bastante majo”, cuenta Martínez que añade que mientras llega el juicio nuestro, así aprovechan para enseñar a la gente lo que han descubierto, ya que cree que la gente no es consciente.
Una nueva ley para regular las residencias
Cada dos o tres meses, Moviment de Residències suelen ir a través de la alianza de movimientos a reunirse con los diferentes grupos parlamentarios catalanes. Fatima Bouzalim apunta que antes se podía justificar que la sociedad no sabía lo qué pasaba dentro de las residencias, pero “ahora sí y nadie se puede desresponsabilizar, ni políticos ni familiares pueden decir que no lo saben”.
Así, para Bouzalim, es muy importante la unión entre plataformas de trabajadores y de familiares y cree que el apoyo de estos es impresionante. Un ejemplo es el de Azahara. Ella apunta que el Departament d’Afers Socials i Famílies “no han hecho cambios significativos” Defiende que se debería escuchar a familiares y residentes y no tanto a las patronales pues “ellos van en beneficio de la empresa y no velan por el bienestar del usuario”. “Estamos bastante descontentos con la gestión que se está haciendo y la voluntad de mejorar deja mucho que desear”, acusa Azahara.
A pesar del panorama, el Moviment de Residències de Catalunya hace meses que camina y ahora con su presentación pública quiere decir que desde todos los frentes piensa lograr una nueva ley que termine con la lacra.
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