Uno de los debates que reaparece con cierta frecuencia en nuestro país es la cantidad de subvenciones y publicidad institucional que reciben las principales cabeceras y grupos de comunicación por parte de las diversas administraciones públicas —ayuntamientos, diputaciones, Gobierno de la Generalitat y el Estado— y sus supuestos efectos sobre las respectivas líneas editoriales.
Para poner cifras concretas a esta situación, según la última Memoria de la Comisión Asesora sobre la Publicidad Institucional, en 2020 la Generalitat de Catalunya presupuesta 41 millones de euros en publicidad institucional a medios de comunicación y 8 millones en subvenciones por los medios que se editen en catalán.
Estas cifras -y el importante peso que llegan a representar en la facturación de algunas cabeceras- pueden explicar algunas de las injerencias documentadas por parte de los partidos que controlan el sector público en los medios de comunicación. Un sector que, teóricamente, para poder cumplir su función social de forma autónoma e independiente debería estar liberado lo máximo posible de estas intromisiones tanto del poder público como del privado. Algunas cabeceras como el digital La República han llegado a percibir el 65% de sus ingresos de fuentes institucionales, por poner sólo un ejemplo.
Ante esta situación, una de las propuestas más innovadoras para solucionarlo viene de la mano de Julia Cagé, profesora de economía en la universidad de Sciences Po en París.
En un libro titulado “Salvar a los medios. Capitalismo, financiación participativa, y democracia”, publicado en 2016, Cagé propone un modelo de gestión a medio camino entre la fundación y la sociedad por acciones pensado para limitar el poder de decisión de aquellos actores con un alto poder financiero e incentivar la entrada de grupos de lectores y trabajadores en la gestión del propio medio (lo llama “sociedad de medios”, pero también se refiere como fundacción).
Antes de continuar, dos puntualizaciones sobre lo que sugiere: Cagé piensa su propuesta para Francia, donde la injerencia en los medios de comunicación se produce más desde el ámbito privado que el público —como demuestran las recientes apuestas de compra por parte de Vincent Bolloré, magnate de la comunicación francés, en un variado número de medios. Y también la plantea centrándose sobre todo en medios de prensa escrita. A pesar de estas contextualizaciones, el marco central de la propuesta es trasladable a la situación en nuestro país.
Esta idea de Cagé se construye sobre tres pilares conceptuales distintos: primero, considera el periodismo como un elemento más de la economía del conocimiento; segundo, propugna un sistema de gobernanza donde más inversión no implique mayor influencia en la gestión y tercero, incentiva la entrada como inversores a conglomerados de lectores y trabajadores de los mismos medios.
Cagé aduce que la consideración del periodismo como un elemento más de la economía del conocimiento (como el I+D o las universidades) permitiría que los medios de comunicación se pudieran adherir a formas de financiación (eg convertirse en fundacción) que les permitirían escapar de la dualidad de verse influenciados en exceso ya sea por el poder político o por el poder económico. Esta consideración, Cagé la justifica en el papel que desempeña el periodismo y los medios como garantes del acceso a la información, un derecho fundamental que no puede ser excesivamente dependiente de una única fuente de financiación.
Para evitar estas dependencias excesivas, Cagé prevé la entrada de capital privado en los medios de comunicación —algo que ya es una realidad en el panorama comunicativo propio y de nuestro alrededor— pero de una manera que aleje a aquellos inversores que sólo buscan beneficios y/ o influencia en el medio.
Concretamente, conseguiría alejar tanto a los inversores que sólo buscan beneficios gracias a la transformación de los medios en fundacción, ya que las aportaciones de capital en este caso no proporcionan dividendos, como los inversores que buscan influencia en el medio introduciendo un coeficiente de reducción de los votos a partir de un determinado umbral de acciones, con el que se hace más difícil “comprar” influencia simplemente invirtiendo porcentajes muy elevados en el medio.
Por último, propone que trabajadores y usuarios tengan un coeficiente de incremento de votos (gracias al coeficiente de reducción implementado por los grandes inversores) para incentivar su entrada en el accionariado. Así, se garantizaría un poder ejecutivo más granular y diversificado con el que sería más fácil, desde un punto de vista del gasto por parte de estos pequeños inversores, conseguir una mayor representación en los órganos de gobierno del medio.
Analizando, sin embargo, la implementación práctica del modelo Cagé en nuestro país hay dos elementos que merecen ser considerados con atención: primero, la regulación actual en materia de fundaciones no reconoce el derecho a la información como uno de los preceptos a los que se pueden acoger las fundaciones para justificar su actividad y su forma jurídica. Así pues, sería necesario un cambio legislativo que permitiera introducir este derecho como precepto fundacional.
En segundo lugar, la propuesta de Cagé implementa importantes deducciones y bonificaciones fiscales a fin de que la inversión financiera en las nuevas fundacciones siga siendo atractiva para los grandes inversos. Esto puede generar tensiones considerables en materia de equidad y gasto público, puesto que las administraciones seguirían financiando medios vía subvenciones y gasto en publicidad pero dejarían de recibir los ingresos fiscales correspondientes a los grandes inversores ya un gran número de pequeños accionistas. Sin embargo, la solución a esta situación puede ser resuelta fácilmente si se disminuyen de forma importante y proporcional a lo que se deja recaudar estas subvenciones y gastos en publicidad institucional.
Como hemos visto, el modelo de Cagé permite que los medios de comunicación se liberen de la dependencia financiera hacia el poder político mediante la entrada de capital privado. Pero lo hace de forma que se evita la entrada de inversores que quieran controlar la línea editorial y se incentiva la entrada como inversores de asociaciones de trabajadores y lectores, introduciendo así un poder más distribuido en la gestión de la cabecera
.Además, y como conclusión, Cagé pone sobre la mesa la necesidad de que el derecho a la información sea visto como algo clave en el nuevo contexto de la economía del conocimiento y permite instaurar unos mecanismos que permiten el ejercicio libre del mismo derecho a la información, una de las bases imprescindibles de sociedades democráticas, justas y abiertas.
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