Análisis

Inquilinos vs propietarios: cómo la vivienda determina la clase social

La vivienda es la principal preocupación para un 34,1% de los españoles, según el CIS. Se trata de una de las mayores fuentes de desigualdad en España y hoy en día se ha convertido en el elemento que divide a la sociedad en dos nuevas clases sociales: propietarios e inquilinos.

En Cataluña, el Gobierno de la Generalitat y los Comunes han llegado a un acuerdo para duplicar la tasa turística hasta los 15 euros por noche y la tasa de Transmisiones Patrimoniales, que pasa del 10% al 20% en el caso de los grandes tenedores —los propietarios de cinco o más viviendas— con «el objetivo de frenar la especulación» y disponer de más recursos para impulsar políticas públicas de vivienda. Además, también se fija un impuesto del 20% cuando se compren edificios enteros para evitar casos como el de la Casa Orsola, convertida en símbolo del movimiento por la vivienda. La presión de los vecinos consiguió frenar el desalojo del profesor de matemáticas Josep Torrent. El Ayuntamiento de Barcelona decidió comprar el edificio por 9,2 millones de euros al fondo de inversión Lioness Inversiones, que lo había adquirido en 2021 por 5,4 millones de euros.

Aprovechando el impulso de la Casa Orsola, el Sindicato de Inquilinas, que lleva meses presionando en las calles junto con otros movimientos por la vivienda, ha convocado para el próximo 5 de abril una manifestación en las principales ciudades del país bajo el lema «Acabemos con el negocio de la vivienda».

Un 77% de los españoles es propietario

La propiedad inmobiliaria se ha convertido en un medio de acumulación de capital hasta el punto que el 70% de la riqueza de los hogares españoles se concentra en el ladrillo. La concepción de la vivienda como un medio de especulación, sumada a la falta de oferta y a la meteórica revalorización que ha experimentado en los últimos años, ha conformado un triángulo que estratifica socialmente entre propietarios que, por el hecho de tener un piso, acumulan más riqueza que los inquilinos.

España ha sido tradicionalmente un país de propietarios. Un 77% de los españoles vive en una vivienda en propiedad, según Statista, y dos de cada diez tienen más de una vivienda en propiedad. Siempre ha existido la idea de que al tener una propiedad se accede a un servicio de residencia y, a la vez, a una inversión, mientras que con el alquiler solo se tiene el servicio residencial.

Una generación de arrendadores

El Banco de España ya ha advertido de la fractura social que existe entre propietarios e inquilinos. Mientras que la renta media bruta de los propietarios arrendadores oscila entre los 50.604 y los 56.473 euros anuales, la de los inquilinos no supera los 26.288 euros al año, según el informe El Mercado del Alquiler. Fuente de Desigualdad, elaborado por el Grupo de Estudios Críticos Urbanos.

La tradicional clase media ha muerto y la propiedad se ha convertido en el principal determinante en clave de clase social. Los inquilinos son un grupo poblacional con menor renta y dificultades para ahorrar, mientras que los propietarios que alquilan tienen mayores niveles de renta, que aumentan con las transferencias que reciben de los inquilinos.

El informe del Grupo de Estudios Críticos Urbanos concluye que «el mercado del alquiler se ha convertido en un medio de empobrecimiento de la población y en motor de la desigualdad social en España». En la última década, el precio de los alquileres en el país ha aumentado un 77%, mientras que la renta media disponible de los hogares solo lo ha hecho un 33%. De manera que el alquiler ha aumentado más del doble de lo que lo ha hecho la renta de las familias.

La imposibilidad de acceder a un piso de compra debido al elevado precio y los ahorros necesarios para pagar una entrada configura un sistema en el que cada vez más personas se ven obligadas a vivir de alquiler. Los inquilinos de entre 30 y 44 años han pasado del 18,1% en 2007 al 34,3% en 2023; mientras que los menores de treinta años representaban el 32,3% en 2007 y en 2023 eran un 56,6%, según apunta el Banco de España.

Al otro lado, se encuentran los arrendadores que han ampliado su patrimonio para responder a la creciente demanda de viviendas, constituyendo una generación de arrendadores que hoy en día ya supone un 9,5% de la población. Poner un piso en el mercado de los alquileres se ha convertido en uno de los negocios más rentables. «Yo tengo cuatro casas. En una vivo, en otra también en Miami y otras dos las tengo alquiladas», reconocía la cantante Aitana recientemente en una entrevista en el programa La Resistencia de TVE. La cantante es administradora de la empresa Sop y Oli SL, con la que gestiona el alquiler de los pisos.

Mientras los propietarios tienen cada vez un horizonte vital más claro con un mayor control de sus recursos y vidas, los inquilinos se encuentran atrapados en un ciclo de dependencia económica y falta de seguridad. De hecho, casi cuatro de cada diez inquilinos deben destinar más del 40% de sus ingresos a pagar el alquiler, la peor cifra de las grandes economías europeas. Y es que, en términos generales, la desigualdad española es similar a la de la UE gracias a la elevada tasa de hogares con vivienda en propiedad que pudieron acceder antes de la crisis de 2008. En cambio, en términos de renta, la desigualdad española es de las más elevadas de la UE.

Otro de los elementos que difumina la igualdad de oportunidades en el acceso a la vivienda es la herencia de pisos, que ha aumentado un 53% en los últimos quince años. Una transferencia de riqueza que, frente a la creciente desigualdad de acceso a la vivienda, consolida un sistema en el que las oportunidades de tener una propiedad quedan determinadas por el patrimonio familiar y no por el esfuerzo individual. Las herencias, que determinan el 70% de la desigualdad en España, también han creado una brecha entre aquellos que acceden a una propiedad sin necesidad de enfrentarse a los elevados precios del mercado inmobiliario y aquellos que no tienen un contexto familiar favorable y se les hace casi imposible acceder a un piso de compra.

Un país de inquilinos pobres

España es un país de inquilinos pobres. El 45% de las personas que viven de alquiler están en riesgo de pobreza o exclusión social, según el Banco de España. En cambio, casi 8 de cada 10 arrendadores se sitúan entre los dos cuartiles de renta más elevados. Un 39,4% de los inquilinos destina más de un 40% de la renta a pagar el alquiler, mientras que en el caso de los propietarios no llega ni al 3,2%.

Los hogares de propietarios arrendadores conforman el grupo con mayor renta del país, incluso sin tener en cuenta sus ingresos por el alquiler, siguen cobrando 20.000 euros anuales más que los inquilinos.

Los inquilinos no tienen capacidad de acceder a una vivienda de compra. Tres de cada cuatro no tienen suficientes ahorros para poder pagar la entrada y los gastos necesarios, según el Banco de España, y los jóvenes son los principales perjudicados. Un 58% ya cree que vivirá peor que sus padres, según el CIS del pasado mes de junio. La falta de capacidad de ahorro impide cualquier esperanza de poder impulsar un proyecto vital. Las generaciones más jóvenes experimentan un crecimiento salarial mucho más bajo que el de las generaciones nacidas entre los años 50 y 60, lo que, ligado a la inestabilidad laboral, explica la falta de capacidad de ahorro.

Mientras que para sus padres, pagar un piso representaba de media dos veces su renta, para los jóvenes de hoy supone seis veces su renta. Unido a la falta de vivienda a precio asequible, que representa un 2,5% del total frente al 10% de la media de la UE, limita aún más las posibilidades de emancipación de los jóvenes.

La imposibilidad de acceder a una vivienda se debe ya no solo al aumento de precios, sino a la inestabilidad del mercado laboral y a los complejos criterios de concesión de créditos hipotecarios establecidos tras la crisis inmobiliaria. Por tanto, mientras los precios de la vivienda de compra aumentan y los inquilinos tienen cada vez más dificultades para pagar el alquiler, los arrendadores aumentan su riqueza gracias a la transferencia de renta de los inquilinos. De hecho, más de la mitad de las compras las realizan personas que ya son propietarias.