De acuerdo a las circunstancias, esto podría ser debido a tres factores principales: La situación de minoría en el pleno del Ajuntamiento por parte del PSC, así como su cierta incapacidad de llegar a acuerdos con otras formaciones políticas; la entrada en la agenda pública del tema de la vivienda como elemento fundamental en lo referente a la intervención urbana y urbanística, algo ajeno a su programa histórico y, finalmente, la iniciativa política escorada relativamente a la izquierda por parte del Gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Madrid. Pasaremos a desarrollar cada uno de estos puntos de forma más detallada.
La nueva-vieja alcaldía del PSC
Los resultados electorales de las elecciones municipales de mayo de 2023 ofrecieron los siguientes números: con el 22,45% y 11 regidores Junts per Catalunya, aunque operando bajo el nombre Trias per Barcelona; con el 19,82% y diez regidores, el PSC; con el 19,76% y nueve regidores Barcelona en comú; con el 11,24% y cinco regidores Esquerra Republicana de Catalunya (ERC); con el 9,22% y cuatro regidores el Partido Popular (PP) y, para acabar, con el 5,71% y dos regidores, el partido de extrema derecha VOX. La fragmentación del Pleno Municipal, así como el ya tradicional doble eje político clase/nación –izquierda/derecha y España/Catalunya– complicaba enormemente la configuración de una coalición más o menos estable en torno a alguna de las articulaciones tradicionales. A esto habría que sumar, además, el hecho de que, visto los resultados electorales municipales y autonómicos, el Gobierno del Estado, en manos de Pedro Sánchez (PSOE), decidió adelantar los comicios para finales de julio de ese mismo año, resultando una escenario igualmente dividido. De este modo, aun perdiendo las elecciones, el PSOE logró revalidar la Presidencia con el apoyo de gran parte del Congreso de los Diputados, pero a costa de una importante bajada en el porcentaje de apoyo de sus socios de coalición SUMAR –a su teórica izquierda– y, de mayor importancia para lo que significa el panorama político catalán, ERC, que llegó a perder un 47,1% de los votos obtenidos en la anterior legislatura. La leve, pero significativa por decisiva, importante subida de Junts, que pasó a ser esencial para alcanzar cualquier mayoría en el Congreso, llevó a las formaciones catalanas a sumergirse en un largo proceso de renovación de sus liderazgos que, al acabar varios meses después, hizo imposible avanzar hacía lo que podría ser, para el Ajuntament de Barcelona, una alianza plausible: o bien, en el eje de clase, una coalición de PSC+Junts –el PSC de Barcelona es un partido socioliberal muy vinculado a las prácticas de emprendeduria urbana, aspectos que comparte con Junts, anterior Convergència i Unió (CiU). De hecho, la única medida de calado aprobada por el Ajuntament de Jaume Collboni ha sido una revisión a la baja de los impuestos que pagan los bares y restaurantes de la ciudad por disponer de espacio público urbano para la disposición de terrazas (sillas y mesas), la cual salió adelante con el apoyo de Junts, además de los del PP y VOX. La recuperación de un gobierno tripartito entre PSC, BeC y ERC se mostró desde el principio como imposible dada, principalmente, la lejanía ideológica entre PSC y BeC pero, sobre todo, las intenciones del primero de alejarse del ámbito de influencia de BeC y su alcaldesa Ada Colau–, o bien, en el eje nacional ERC+Junts, ya que la mayoría se sitúa en los 22 regidores. Esto llevó a un resultado final un tanto sorprendente: el Pleno elegiría finalmente a Jaume Collboni, que en su primer intento de llegar al poder municipal elaboró un programa denominado Pla Collboni para Barcelona, con los votos de BeC y el PP, en un intento, por parte de los primeros, de sentar las bases de un futuro y potencial gobierno o de unas políticas de izquierdas y, por parte de los segundos, de evitar cualquier alternativa de corte independentista catalana en la corporación municipal.
A esta endiablaba situación política vivida tanto en el Gobierno del Estado como en el Ayuntamiento, habría que sumarle la que se comenzó a gestar en la Generalitat de Catalunya, el Gobierno autonómico, cuando un año después de la llegada al poder de Jaume Collboni en Barcelona, el PSC, esta vez en las manos de Salvador Illa, ex Ministro de Sanidad durante la pandemia de COVID19, se convirtió en el nuevo Presidente de Catalunya. La situación de fragmentación, presente en la totalidad de los diferentes niveles de la arquitectura político-administrativa española desde las elecciones de 2015, volvió a repetirse, necesitando el PSC, de nuevo, el apoyo de ERC y los comunes para investir a Illa como máximo dirigente de la autonomía.
De esta manera, la agenda política regional y estatal ha influido notoriamente en las posibilidades de alcanzar acuerdos importantes en el Pleno del Ayuntamento, como alternativa práctica a un gobierno de coalición más o menos estable. Si por parte de Junts ha existido, desde el principio, una gran reticencia a vincularse más de lo debido al PSC, pese a compartir un modelo de ciudad, Barcelona en comú, y en menor medida ERC, ambos posibles socios a la izquierda del PSC, han denunciado en numerosas ocasiones la deriva derechista del Gobierno de Collboni. Y algo de esto hay, ya que muchas de las decisiones y acciones emprendidas durante la primera parte de su mandato a cargo de las políticas municipales –apuesta decidida por el turismo, eventización de la ciudad, proyección y recuperación de la Marca Barcelona, recuperación de las viejas recetas de atracción de grandes eventos, como el Tour de Francia o la Copa Amèrica de Vela, etc.–, el PSC ha reorientado las últimas políticas públicas de la ciudad encaminándolas hacia una gestión emprendedora de ésta, es decir, más de gestión a favor del mercado que de gobierno integral y sostenido. Para ello no ha necesitado el apoyo de ningún partido político porque, o bien se ha tratado de decisiones que no necesitaban pasar por el Pleno Municipal, o bien solamente ha dado los permisos burocráticos oportunos, por lo que lo que ha acabado actuando han sido las fuerzas del capital y parte de las élites de la ciudad. Eso sí, bajo esta fórmula puede resultar sencillo navegar una legislatura municipal, pero es muy complicado llevar a cabo cualquier tipo de proyecto vinculado con transformaciones significativas.
La importancia de la vivienda
A estas alturas, decir que el sector de la construcción ha sido uno de los grandes protagonistas del desarrollo capitalista español puede resultar redundante. La vinculación de éste con ámbitos empresariales como el turismo han llevado a que más del 13% del PIB español se encuentre vinculado a la atracción de visitantes y viajeros, así como a ser un factor relevante a la hora de influir sobre la baja calidad del empleo en el país. Menos conocido es, quizás, la evolución que ha mantenido el mercado de la vivienda.
La vivienda en España ha seguido, en cierta medida, los patrones europeos en cuanto a vinculación con el sector público y la iniciativa privada, aunque siempre bajo las características propias de un país que sufrió una Dictadura fascista durante más de 40 años. Así, si bien durante los años inmediatamente posteriores a la finalización de la Guerra Civil, la vivienda fue objeto de atención relativa, con la construcción de polígonos de vivienda de pauta racionalista, aunque de baja calidad y liderazgo plenamente público, a partir de los años 50, con la incipiente apertura del mercado español y el abandono de la autarquía, juntamente con la introducción del sector privado, los niveles de construcción de vivienda se vieron acelerados, creando grandes fortunas y asegurando, siempre dentro de ciertos límites, el asentamiento de las grandes masas de población que se vieron arrastradas del campo a la ciudad en el proceso de transformación capitalista que vivió entonces España. La posterior llegada de la democracia liberal a finales de los años 70, con la inclusión en la Constitución española del derecho a la vivienda, aunque dentro del Capítulo 3, Título I, De los principios rectores de la política social y económica, y la paralela división competencial, que deja en manos de las Comunidades Autónomas las políticas sobre vivienda y en manos de los ayuntamientos la planificación urbanística, hizo que las primeras alcanzaran consideraciones diferenciadas de acuerdo al color político de las regiones y a sus prioridades programáticas. En el caso de Catalunya, por ejemplo, la primera ley de vivienda no llegó hasta 2007, siendo también vanguardia en la totalidad del Estado y aunque su aplicación ha estado llena de altibajos, también es cierto que, en aquel momento, tanto Catalunya como el resto del Estado cabalgaban una ola de crecimiento inmobiliario sin precedentes, por lo que ‘la vivienda como un derecho se veía como algo inofensivo, frente a su otra concepción como un activo económico fuerte, seguro y generador de plusvalías inagotables en progresión geométrica‘.
Los niveles de precios y la cantidad de vivienda producida durante los años previos al estallido de la Crisis del Ladrillo, versión española de la Gran Recesión, operaron como garantes de la transformación de la vivienda en un activo financiero, además de situar el acceso a éstas como uno de los grandes temas de conversación entre la población española. Pero si complicado fue conseguir una vivienda asequible durante los años de la burbuja, desastrosos fueron los resultados de su estallido, el cual mostró la dura realidad de un mercado altamente desregulado donde el neoliberalismo propició altas cotas de acumulación del capital, garantizándose su rescate en los momentos inmediatamente posteriores al inicio de la crisis, a costa de altas cotas de endeudamiento y precariedad de parte de la población española.
La posterior estabilización del mercado de la vivienda se llevó por delante las posibilidades de acceso mediante compra de importantes sectores de la población y situó el alquiler como trampolín esencial a la hora de llevar a cabo un proyecto de vida independiente. Sin embargo, esa rearticulación en el mercado inmobiliario, lejos de distanciarse del papel de activo financiero de la vivienda, acentuó el proceso, algo a lo que no fue ajena la transformación turística de las ciudades, esto es, la conversión de parte del mercado de la vivienda en uso turístico, así como la aparición en escena de grandes fondos internacionales como Blackstone y otros. El resultado fue una vuelta de tuerca a la precariedad a la vez que, de forma indirecta, una intervención relativa del Gobierno central, principalmente, en este mercado con la aprobación, por primera vez en democracia, de una Ley por el Derecho a la Vivienda. Esta normativa, que permite el establecimiento de topes en las subidas de los alquileres, es el resultado, por un lado, de la presencia en el Gobierno central de partidos situados a la izquierda del PSOE, con especial sensibilidad hacía las políticas de garantías de derechos y, por otro lado, a la presión de organizaciones y movimientos sociales como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y los diferentes sindicatos de inquilinos e inquilinas nacidos por la totalidad del territorio estatal. El papel de estos no fue únicamente de lobby social, presionando para que el Congreso de los Diputados acabara por aprobar una ley de similares características sino, más importante aún, situar la vivienda como sentido común, esto es, como elemento principal de la agenda de políticas públicas de todas las administraciones públicas.
Es este hecho el que ha llevado al PSC de Barcelona, que durante sus primeras décadas al cargo del gobierno municipal apenas puso en marcha ninguna iniciativa de construcción de vivienda, es más, privatizó parte del parque de vivienda pública heredado del Franquismo, a centrarse, al menos de forma discursiva, en la puesta en marcha de diferentes iniciativas de garantía de acceso a ésta, entre las cuales podemos citar, la cesión de suelo público a la Generalitat de Catalunya para la construcción de nueva vivienda, el acceso a créditos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) destinados a la edificación de nuevas promociones, la modificación de la normativa que obliga a las nuevas promociones a dedicar un 30% a vivienda de protección oficial, algo contestado desde diferentes esferas sociales, o al anuncio de eliminación de todas las licencias concedidas hasta el momento de vivienda de uso turístico en la ciudad, la cual se calcula en torno a las 10 mil.
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