La democracia es el sistema de gobierno que une derechos civiles con la redistribución más equitativa posible de los recursos. Permite vivir en libertad y hace posible, mediante la redistribución de la riqueza, que las mayorías sociales puedan acceder a la educación, la sanidad, la cultura y otros bienes básicos, y prosperar a través del trabajo y de los servicios públicos. Así, tiende a reducir las desigualdades derivadas del lugar de nacimiento o de la procedencia y contribuye a conformar un demos.
Ningún trabajador se ha beneficiado nunca de sistemas autoritarios, más bien al contrario. La historia está llena de ejemplos; cada vez que se debilitan los derechos civiles, se debilitan también los derechos laborales; cada vez que se degradan los contrapoderes democráticos, se degrada también la capacidad de la mayoría social para defender salarios, condiciones de trabajo y servicios públicos. Por eso no es casualidad que quienes desprecian la democracia entendida como sistema de derechos, pluralismo y redistribución sean los mismos que menosprecian los sindicatos, demonizan los partidos y presentan los servicios públicos y los impuestos como una losa.
Eso es lo que sucede hoy en la Argentina de Javier Milei, y también en los Estados Unidos de Donald Trump. No estamos ante dictaduras clásicas, sino ante derivas iliberales que preservan la forma electoral mientras erosionan contrapesos institucionales, debilitan la protesta y reducen la capacidad colectiva de los trabajadores para defenderse. En el caso argentino, esto se concreta en una reforma laboral que facilita la extensión de la jornada, modifica las vacaciones, rebaja garantías indemnizatorias y refuerza una lógica de flexibilización favorable a la empresa; en el caso norteamericano, la lógica es paralela, aunque no idéntica: la ofensiva se centra más en debilitar la negociación colectiva, presionar a los sindicatos del sector público, favorecer fiscalmente a las rentas altas y someter los servicios públicos a recortes o desinversión. Milei y Trump comparten una misma orientación de fondo: menos poder para el trabajo, menos densidad democrática y más margen para el mercado y para las minorías económicas que quieren menos regulación, menos redistribución y menos sector público.
A esta deriva hay que añadirle otro elemento: la violencia, ejercida tanto en el lenguaje como en la acción institucional. En Argentina, Human Rights Watch documenta una retórica hostil del presidente y de altos cargos contra periodistas independientes, al tiempo que Amnistía y HRW han denunciado obstáculos crecientes al derecho de protesta y respuestas represivas ante movilizaciones sociales, incluida la actuación policial contra pensionistas y manifestantes. En Estados Unidos, Trump ha utilizado reiteradamente un lenguaje deshumanizador contra adversarios políticos e inmigrantes, en un contexto que Reuters describe como el ciclo más sostenido de violencia política en el país desde los años sesenta; de hecho, hemos visto en los medios escenas de violencia contra los migrantes y contra activistas por los derechos civiles. Este es un modus operandi de disciplinamiento social porque la violencia y la deshumanización tienen como objetivo instalar la idea de que discrepar, protestar u organizarse colectivamente es una amenaza o formas ilegítimas de expresión, cuando son un derecho.
Los ejemplos de Argentina y de Estados Unidos son muy esclarecedores porque permiten ver en tiempo real lo que podría pasar aquí si gobernaran PP y Vox. Cuando se ataca la política, cuando se desacredita o se ridiculiza a los sindicatos y se presentan las ONG, los partidos o las entidades sociales como cuerpos parasitarios, lo que se está preparando no es una sociedad más libre, sino una sociedad más desprotegida. El ambiente antipolítico y antisindical no irá nunca a favor de ningún trabajador; de hecho, abona el terreno de quien no cree en lo público, de quien entiende los servicios públicos no como un derecho sino como una oportunidad de negocio en la que solo participa quien puede pagar, dejando fuera a la gran mayoría.
Por eso hoy hay que defender la democracia reforzando el papel que tienen los partidos, los sindicatos y la sociedad civil en la construcción de sociedades libres e iguales, pues son elementos imprescindibles. Los partidos políticos, sin embargo, deben hacer una reflexión, ya que el exceso de tacticismo no solo erosiona estas organizaciones; erosiona la propia democracia. Toda organización política quiere existir y crecer, pero la solución no puede ser una tensión permanente convertida en ruido institucionalizado. Seguir degradando el sistema democrático a base de simplificaciones, insultos y cálculo cortoplacista solo nos lleva a un carril en el que la ciudadanía acaba aceptando una propuesta mínima y pobre de la democracia, sin músculo social, sin cultura cívica y sin instituciones capaces de frenar los abusos de cualquier minoría poderosa. Si los partidos piensan que en un ecosistema así podrán seguir existiendo es que no están calibrando bien la magnitud de lo que puede llegar a suceder.
Solo con un sistema de partidos fuerte, con sindicatos fuertes y con una sociedad civil fuerte se pueden construir democracias alejadas de la violencia, de la polarización destructiva y de la captura oligárquica. No es casualidad que se demonice a estas organizaciones. Partidos, sindicatos y asociaciones son redes de apoyo mutuo, espacios de defensa colectiva e instrumentos de defensa de derechos civiles y de promoción de valores democráticos. Intentar destruir las organizaciones que contribuyeron a construir la democracia es, en el fondo, luchar contra la propia democracia.
La democracia, por tanto, está en disputa. Es la disputa entre una democracia densa, social, redistributiva y plural, y una democracia vacía, formal, domesticada por el mercado y hostil a todo lo público. Hace falta más responsabilidad, más cooperación y menos política espectáculo, saliendo del cálculo electoral constante para anteponer el bienestar ciudadano. Hay que reforzar la democracia y el sistema de partidos, fortalecer los sindicatos y reconstruir vínculos entre organizaciones y sociedad civil. Hay que hacer un esfuerzo por explicar a la ciudadanía que a los únicos a quienes beneficia un sistema sin impuestos y sin servicios públicos, sin partidos políticos y sin sindicatos, es a los ricos. De eso hablamos cuando hablamos de la ley del más fuerte: si alguien en su barrio piensa que puede llegar a serlo, ya puede darse por enterado de que es solo una ilusión, porque fuera de un sistema democrático fuerte solo le espera un futuro de pobreza y desesperanza.
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