Desde hace unos días está en marcha un proceso de regularización extraordinaria de migrantes impulsado por el Gobierno español, que puede beneficiar a medio millón de personas sin papeles, unas 150.000 de las cuales en Cataluña. Una medida que, como prácticamente todas en plena era de la polarización, está siendo duramente atacada por la oposición de derechas.
Pero, ¿qué opina la ciudadanía sobre la inmigración? Se pueden encontrar pistas en la Encuesta longitudinal, un amplio estudio demoscópico del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat, cuya última oleada, correspondiente a 2025, se publicó el pasado 5 de marzo. Catalunya Metropolitana ha extraído los datos del ámbito metropolitano de Barcelona, formado por las comarcas del Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental y Vallès Oriental, a partir de una muestra de 4.417 personas de 16 años o más que respondieron a un extenso cuestionario entre el 9 de octubre y el 9 de diciembre de 2025. Esto ocurrió antes del primer anuncio de la regularización, el pasado 27 de enero, pero el tema migratorio estaba muy presente en la esfera pública a raíz del posible traspaso de competencias a la Generalitat, el episodio de Torre Pacheco, las redadas del ICE en EE. UU. y otros puntos calientes.
Lo primero que llama la atención es que poca gente conoce el peso real de la inmigración en Cataluña: menos del 24% de los encuestados son capaces de acertar, aproximadamente, la proporción real de ciudadanos nacidos en un país extranjero, que según el censo oficial del 1 de enero de 2025 era del 25,1%. En el centro del siguiente gráfico figuran destacadas en verde las respuestas que se han situado en el rango que va del 21% al 30%, y por tanto las más cercanas a la realidad.
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El bloque más grande es el de los ciudadanos metropolitanos que sobrevaloran el peso de los extranjeros de nacimiento establecidos en Cataluña, los de las barras de color rojizo: suman hasta el 45%, grupo dentro del cual se incluye el 18% que cree que son más de la mitad de la población, es decir, que los extranjeros establecidos aquí duplican su proporción real y representan más de la mitad de la población catalana. En tercer lugar se sitúa el grupo —un 31% de los encuestados, sumando las barras azules— de quienes subestiman claramente el volumen de inmigración en el país, situándola entre el 0 y el 20%.
El Gobierno español enmarca la regularización en una “política migratoria basada en los derechos humanos, la integración y la convivencia, compatible con el crecimiento económico y la cohesión social”. El argumento económico es el que comparte mayoritariamente la población metropolitana para considerar positivo el fenómeno migratorio. La encuesta del CEO pide a la muestra que se pronuncie en una escala de 0 a 10 sobre si es malo o bueno para la economía que personas de otros países vengan a vivir a Cataluña, y el 63% se decanta por puntuaciones entre el 6 y el 10. Las puntuaciones más elegidas son el 5, el 7 y el 10. La nota media resultante es un 6,4.
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El mismo ejercicio realizado con el binomio inmigración y cultura arroja un resultado menos favorable. Los residentes metropolitanos que opinan que la llegada de personas extranjeras más bien enriquece la cultura catalana (entre el 6 y el 10 en la escala numérica) son apenas el 51%, mientras que un 31% perciben el efecto contrario, un empobrecimiento de la cultura autóctona (entre el 0 y el 4). Quienes se mantienen en un término medio (5) representan el 18% y la nota media resultante es un 5,5.
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Aún generan más dudas las posibles consecuencias de la inmigración para la convivencia. Quienes se sitúan en la parte alta de la escala numérica, entre el 6 y el 10, y por tanto asumen un efecto positivo de la llegada de extranjeros, suman el 42%, mientras que otro grupo importante, del 34%, se acerca a la opinión de que la presencia de recién llegados hace que Cataluña sea un lugar peor para vivir. El 24% restante opta por un 5 justo, a medio camino entre ambas valoraciones. La nota media resultante es un 5,2, un aprobado justo.
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En otro apartado, la encuesta intenta descubrir las actitudes personales de los catalanes ante el contacto directo con personas racializadas o diferenciadas por su orientación sexual. Para ello, el CEO diseñó una pregunta indirecta, con el fin de evitar la tendencia a dar respuestas socialmente consideradas más correctas: “¿Cómo cree que se sentiría alguien de su entorno cercano si uno de sus hijos o hijas mantuviera una relación amorosa con una persona de alguno de los siguientes grupos?” Esta pregunta solo estaba incluida en el cuestionario en línea, que en las comarcas metropolitanas fue respondido por 3.875 personas de 16 años o más.
Los resultados se resumen en el siguiente gráfico. Tanto las personas de origen asiático oriental y latinoamericano como las de piel negra generan niveles similares de tolerancia, con una mayoría de respuestas de total comodidad (8-10) o bastante comodidad (6-7). Además, las relaciones con personas de Asia oriental son las que generan menos rechazo: solo el 5% apunta a una incomodidad total (0-2) de la persona de su entorno cercano si su hijo o hija tuviera un vínculo sentimental con alguien procedente de China, Japón, Corea o Vietnam, por ejemplo.
En cambio, afloran prejuicios contra las personas de etnia gitana y, sobre todo, las árabes o magrebíes. Hay un 24% de residentes metropolitanos que manifiestan total incomodidad con personas de este origen norteafricano y un 18% señalan lo mismo en caso de una relación cercana con alguien de etnia romaní.
En cuanto a la orientación sexual, se detecta una notable tolerancia hacia las relaciones con gays, lesbianas y bisexuales: el 51% de los encuestados presupone una total comodidad (8-10) en su familiar o amigo íntimo en caso de tener un hijo o hija que se relacione sentimentalmente con alguien de estos colectivos. La cosa cambia si el vínculo se establece con una persona transsexual: la comodidad total se reduce al 33% y en parte se compensa con el 20% que anticipa una incomodidad total (0-2).
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Dado que el CEO ha realizado la Encuesta longitudinal durante tres años consecutivos, es posible comparar resultados entre la primera edición, correspondiente a 2023, y la tercera y más reciente, la de 2025. El siguiente gráfico muestra la evolución de la media de las respuestas a la pregunta anterior, sobre la incomodidad que causaría a alguien cercano la hipotética relación de su hijo o hija con una persona perteneciente a grupos racializados o a colectivos LGTBI. En los siete casos planteados por el cuestionario se detecta un retroceso en el grado de aceptación, que va de dos a cinco décimas. Una evolución que enciende una señal de alerta y que deberá seguirse en futuras oleadas del estudio.
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