El caso: de la ayuda pandémica al presunto enriquecimiento ilícito
Todo comienza en el 2020, en plena pandemia, cuando el Gobierno de Pedro Sánchez concedió un rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra, una aerolínea de capital mayoritariamente venezolano con una posición marginal en el mercado español. La decisión generó controversia inmediata, espoleada por los medios de comunicación más de derechas del Estado, ya que la flota aérea tenía conexiones con círculos íntimos del entonces presidente Nicolás Maduro.
Inicialmente, un juzgado de instrucción de Madrid investigó la medida, pero archivó la causa con el apoyo de la Audiencia Provincial. El caso parecía cerrado hasta que, en el 2024, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional retomaron las investigaciones con un enfoque nuevo: la hipótesis de que el dinero del rescate podría haber servido para blanquear capitales provenientes de la corrupción venezolana.
La causa se inhibió entonces hacia la Audiencia Nacional, que el pasado 3 de marzo asumió la competencia bajo la dirección del juez Calama, quien prorrogó la instrucción hasta el 28 de mayo. En diciembre de 2025 se produjeron las primeras detenciones: el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el consejero delegado, Roberto Roselli y el abogado “empresario Julio Martínez Martínez fueron arrestados por agentes de la UDEF.
La figura de Zapatero entra en escena a través de esta última pieza. Martínez Martínez, amigo personal del expresidente y asesor externo de Plus Ultra, habría cobrado supuestamente 458.000 euros de la aerolínea a través de tres sociedades: Análisis Relevante, IOT Domotic Europe y Voli Analítica, entre los años 2020 y 2025. Esta cifra coincide prácticamente con los empresarios de consultoría. La investigación de la UDEF apunta a que aquellos ingresos podrían ser, en realidad, comisiones ilegales por el papel que el expresidente habría ejercido para facilitar el rescate.
Esta tesis judicial se refuerza por las declaraciones del exministro José Luis Ábalos, quien antes de ingresar en prisión afirmó haber recibido presiones de Zapatero para facilitar el rescate. La Audiencia Nacional investiga al expresidente por tres delitos: organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Además, la UDEF ha registrado la oficina de Zapatero en la calle Ferraz, frente a la sede del PSOE, y la sede de What the Fav SL, una agencia de comunicación fundada por sus hijas Laura y Alba Rodríguez Espinosa, que de momento no figuran como investigadas pero sobre la que los agentes han intervenido documentación relativa a sus vínculos comerciales.
Zapatero, por su parte, niega cualquier irregularidad y sostiene que todos sus ingresos fueron legales, declarados a Hacienda, y que corresponden a trabajos de asesoramiento privado ajenos a la aerolínea. Su declaración como investigado se ha fijado para el 2 de junio.
El horizonte legal: un proceso largo, con la presunción de inocencia intacta
Conviene ser precisos desde el punto de vista jurídico: la imputación -técnicamente llamada «citación como investigado»- no es una condena ni siquiera un juicio. Significa que el juez instructor considera que existen indicios suficientes para interrogar formalmente a una persona sobre los hechos investigados. La presunción de inocencia de Zapatero permanece intacta y el procedimiento se encuentra en una fase de instrucción que puede durar años.
Pero la gravedad de los cargos no es menor. La organización criminal y el tráfico de influencias llevan aparejadas penas que, en su franja alta, pueden superar los ocho años de cárcel. La falsedad documental añade un tercer eje que apunta a una presunta manipulación de la documentación vinculada a los pagos investigados.
El precedente es inédito: nunca ningún expresidente del Gobierno español había sido investigado por corrupción. En términos comparativos, la causa recuerda en complejidad a las grandes tramas de corrupción institucional juzgadas por la Audiencia Nacional en el pasado, con investigaciones que se han extendido durante lustros y con resoluciones que, incluso en casos sólidos, han visto cómo los recursos alargaban el desenlace final.
Zapatero, por tanto, dispone de todos los mecanismos procesales (declaración, recursos, juicio oral, apelación) para articular su defensa. Todo apunta a que la cosa irá por largo. Y todo hace pensar, también, que el proceso servirá de munición valiosa para desgastar —un ya bastante desgastado— gobierno del Estado.
El impacto político: una bomba a las puertas de Ferraz
Más allá de la dimensión jurídica, la imputación de Zapatero tiene un alcance político difícil de subestimar, tanto para el PSOE como organización como, muy especialmente, para Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.
Zapatero no es un expresidente retirado de la vida pública. Es, de facto, el principal asesor informal de Sánchez: una figura que ha participado activamente en campañas electorales recientes —Andalucía, Aragón, Castilla y León— como activo de comunicación y movilización del electorado socialista. Su oficina en la esquina de la calle Ferraz, literalmente frente a la sede del PSOE, simboliza una proximidad que va mucho más allá del protocolo entre expresidentes. Zapatero, a diferencia de Felipe González, ha estado presente en decisiones estratégicas del “sanchismo” y ha funcionado como elemento de legitimación del proyecto político del presidente.
Para el PSOE, la situación es especialmente delicada porque se acumula a un contexto ya desgastado por otros escándalos judiciales que afectan al círculo del Gobierno. El caso Ábalos —el exministro que ha reconocido presiones y que ahora señala a Zapatero— ha creado una fractura interna y una narrativa de corrupción estructural que la oposición y buena parte de los medios están construyendo con cada nueva pieza judicial. La imputación de Zapatero ofrece al PP y a Vox su argumento más potente hasta ahora: que la corrupción no sería anecdótica sino sistémica, y que alcanza al expresidente que precedió a Sánchez al frente del Gobierno y que ahora ejerce como su principal referente.
Sánchez se encuentra, por tanto, ante un dilema político sin buena salida a corto plazo. Distanciarse públicamente de Zapatero sería leído como una rectificación y una confirmación implícita de la gravedad del caso. Mantener el silencio, en cambio, permite a la oposición construir una narrativa de complicidad. El Gobierno, previsiblemente, defenderá el principio de presunción de inocencia y evitará cualquier declaración que pueda ser interpretada como un juicio previo, pero la erosión comunicativa es inevitable: cada nueva fase judicial reactivará el debate sobre la vinculación entre el rescate de Plus Ultra y el círculo de poder socialista.
La sombra del lawfare: argumento político, origen incómodo
Desde la imputación, los socios parlamentarios del Gobierno han activado el relato del lawfare, es decir, el uso politizado de la justicia para erosionar a la izquierda. No es ni un argumento ni una historia nueva. Casos como el de Begoña Gómez o el del fiscal general García Ortiz han alimentado la tesis de que ciertos jueces actúan como brazo judicial de la derecha extrema, también conocidas como las Cloacas del Estado. Tanto la izquierda situada a la izquierda del PSOE como los movimientos independentistas conocen bien esta narrativa.
La hipótesis del lawfare cuenta, además, con un sospechoso habitual: Manos Limpias. La querella que activó la imputación de Zapatero fue presentada por el pseudosindicato de ultraderecha que ya había protagonizado el caso contra Jennifer Hermoso. El documento, de siete páginas, no aportaba pruebas documentales, sino que se sostenía en declaraciones de Víctor Aldama en el programa de Iker Jiménez y en las afirmaciones de un youtuber que decía haber localizado una supuesta cuenta de Zapatero en Panamá. Que el juez Calama haya acabado citando al expresidente no significa que los indicios provengan de aquella querella, ya que la UDEF llevaba meses investigando de forma independiente, pero el vector de entrada al proceso es un elemento que el relato del lawfare debería poder incorporar sin complejos, y que la oposición debería explicar sin triunfalismos.
Existe, además, una dimensión interna que el caso puede profundizar. Zapatero no representa al PSOE del establishment: es la figura que ha apostado más decididamente por la alianza con fuerzas de izquierda y con el soberanismo catalán, actuando desde el 23-J como mediador entre Sánchez y Puigdemont en las conversaciones de Suiza. Barones territoriales como García-Page han criticado abierta y constantemente esta línea. Su imputación, por tanto, no debilita cualquier pieza del PSOE: debilita precisamente al ala que ha sostenido la arquitectura parlamentaria de la legislatura.
En definitiva, la imputación de Zapatero por la Audiencia Nacional es mucho más que una noticia judicial: es un terremoto político que sacude los cimientos del PSOE en un momento de máxima vulnerabilidad del Gobierno. La causa es larga, compleja y jurídicamente incierta, pero su impacto político es inmediato y potencialmente devastador para un Pedro Sánchez que ve cómo su aliado más cercano queda bajo el foco judicial, con los registros policiales y las imputaciones como imagen del día. Independientemente de cómo termine este proceso, lo evidente es que amplía una herida ya de por sí profunda en las filas socialistas y da más alas a una extrema derecha que ya se ve gobernando la Moncloa dentro de poco más de un año… si es que es antes.
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