El operativo, ordenado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz —titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que lleva el caso SEPI—, incluyó la personación de los agentes en el cuartel general socialista para requerir documentación, así como diligencias en los domicilios del exsecretario de Organización Santos Cerdán —que abandonó el PSOE en 2025 y figura actualmente como independiente—, del exdirigente socialista Gaspar Zarrías y del empresario Javier Pérez Dolset, todos ellos investigados en la causa.
Conviene distinguir aquí dos causas paralelas. El operativo de este miércoles corresponde al caso SEPI, instruido por el juez Pedraz, centrado en la presunta trama de adjudicaciones irregulares articulada en torno a la exmilitante socialista Leire Díez. La imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, en cambio, la instruye el juez José Luis Calama —titular del Juzgado Central de Instrucción número 4— en el marco del caso Plus Ultra, vinculado al rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea en 2021. Ambas causas comparten algunos investigados y forman parte del mismo ecosistema político-judicial, pero son piezas procesales distintas.
La investigación del juez Calama acorrala políticamente al expresidente Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, con posible extensión al blanqueo de capitales. El auto cifra en cerca de 1,95 millones de euros los beneficios presuntamente percibidos por Zapatero y su entorno. El escenario se mueve en un estricto ‘blanco y negro’: la contundencia de las imágenes de la UCO y el cerco judicial disparan la sospecha ambiental al máximo, pero en el centro del debate técnico sigue existiendo una densa niebla sobre si los millonarios rescates pandémicos fueron el resultado de una red criminal o de la propia burocracia administrativa de la época.
El marco político: el retorno del ‘quien pueda hacer’ y la ‘situación agónica’
El terremoto policial ha encontrado un eco inmediato en el Congreso de los Diputados. Minutos después de conocerse el asalto a Ferraz, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, comparecía en los pasillos para exigir elecciones anticipadas ante lo que ha calificado como una ‘situación agónica’ con ‘riesgo de contagio’ institucional. La derecha reactiva así de forma natural la conocida proclama que José María Aznar recuperó recientemente: ‘El que pueda hacer, que haga, el que pueda aportar, que aporte’.
Desde las filas del Gobierno, la estrategia se debate entre el control de daños y la diferenciación estética. Mientras el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, defendía en el hemiciclo la ‘tolerancia cero’ combinada con el respeto a la presunción de inocencia, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, intentaba transmitir ‘tranquilidad’ marcando distancias con el pasado del principal partido de la oposición: ‘El Partido Socialista es distinto al PP. Aquí no existe destrucción de pruebas y toda la información requerida será trasladada’.
El presidente del gobierno Pedro Sánchez ha reiterado su apoyo a Zapatero, afirmando y ha vuelto a repetir que su intención es finalizar la legislatura: “No puedo convocar elecciones por interés partidista, lo importante es el interés general de los ciudadanos”, ha afirmado.
El ‘indicio’ contra la norma: el laberinto de los 132 millones de la SEPI y los 53 de Plus Ultra
En el núcleo del caso SEPI que dirige el juez Pedraz se encuentra la presunta trama criminal que utilizaba un grupo de WhatsApp autodenominado Hiruro (‘nosotros tres’, en euskera), compuesto por la propia Leire Díez; Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI; y el empresario vasco Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en la empresa Servinabar 2000. La investigación apunta a que este grupo articuló una estructura para el cobro de comisiones ilegales de más de 750.000 euros canalizadas a través de la mercantil Mediaciones Martínez S.L., afectando a cinco operaciones que suman 132,9 millones de euros en ayudas y adjudicaciones a entidades como Mercasa, Enusa o la firma de renovables Forestalia.
Paralelamente, el caso Plus Ultra investiga el presunto uso irregular del rescate de 53 millones de euros concedido a la aerolínea, en el que el juez Calama sitúa a Zapatero como presunto líder de una estructura estable de tráfico de influencias ante instancias públicas. Es en la pieza de Tubos Reunidos —que recibió un rescate de 112,8 millones en 2021 aprobado por la SEPI y el Consejo de Ministros— donde el debate jurídico entra en su zona más gris. El auto señalaba que el ‘acceso anticipado a información privilegiada sobre la inminente concesión de la ayuda’ era un indicio flagrante de tráfico de influencias.
¿Fue el mensaje de felicitación enviado por Julio Martínez (dueño de la empresa Análisis Relevante y vinculado a Zapatero) al accionista de Plus Ultra una prueba de tráfico de influencias ‘extra procedimental’, o fue meramente el reflejo de que, para esa fecha, todos los filtros técnicos de la SEPI ya estaban aprobados y la resolución era plenamente previsible? La UCO sospecha de lo primero.
La celeridad quirúrgica frente a ‘M. Rajoy’
Resulta imposible desligar la espectacularidad de los acontecimientos de este miércoles de la inevitable comparación con los tiempos de la justicia española. La celeridad con la que se ha levantado el secreto de sumario, se han ordenado detenciones —como las de diciembre de Díez, Fernández Guerrero y Alonso, quienes quedaron en libertad con medidas cautelares al no solicitar la Fiscalía su ingreso en prisión—, e intervenido terminales y registrado la sede central del PSOE contrasta de forma salvaje con el devenir histórico de otras macrocausas de corrupción.
Resulta una paradoja jurídica que los aparatos del Estado demuestren una agilidad tan fulminante en el entramado de Ferraz y la SEPI mientras carpetas históricas de la política española —como la determinación de la identidad oculta tras el acrónimo ‘M. Rajoy’ en los papeles de Bárcenas— se dilataron durante décadas, se cerraron en falso o terminaron extinguidas por la vía de la prescripción temporal. Todo esto no le quita ni un ápice de gravedad a la información que se va publicado día tras día. Pero le da una perspectiva necesaria.
Las declaraciones que tome el juez Calama a los nuevos imputados y la comparecencia de Zapatero fijada para los días 17 y 18 de junio contribuirán a esclarecer si el encuadre termina en condena o en un histórico fuego de artificio político.
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