Cataluña lleva tres largos años sin aprobar unos presupuestos propios. La situación ha bloqueado la capacidad de planificación del país y ha obligado a la Generalitat a gestionar el día a día con suplementos de crédito pactados año tras año. Ahora, con el acuerdo entre Illa, ERC y los Comuns prácticamente cerrado, las nuevas cuentas para 2026 —las primeras desde marzo de 2023— podrían poner fin a una etapa que ha tenido costes tangibles para los servicios públicos catalanes.
El largo túnel sin cuentas nuevas
Los últimos presupuestos aprobados fueron los de 2023, impulsados por el gobierno de ERC en minoría de Pere Aragonès con el apoyo del PSC y los Comuns, y aprobados en el Parlament el 10 de marzo de aquel año. A partir de entonces, la Generalitat entró en una dinámica de prórrogas que se ha perpetuado hasta hoy.
En 2024, el gobierno de Aragonès no consiguió sacar adelante unos nuevos presupuestos. La falta de apoyo parlamentario fue una de las causas que aceleró la convocatoria de elecciones anticipadas. Con la llegada de Salvador Illa a la presidencia, la situación no mejoró de manera inmediata: en su primer año al frente de la Generalitat, Illa tampoco consiguió los apoyos necesarios para aprobar las cuentas de 2025. El resultado fue que el país funcionara otro año prorrogado, con los presupuestos de 2023 como base.
Para compensar la rigidez de esta situación, el Govern recurrió a un mecanismo excepcional: la aprobación de suplementos de crédito. En total, durante 2025 se aprobaron tres ampliaciones que inyectaron cerca de 4.000 millones de euros adicionales a las cuentas prorrogadas.
Estos suplementos, pactados con ERC y los Comuns, permitieron mantener a flote los servicios básicos, pero no eran una solución estructural. Sin unos presupuestos actualizados, decisiones estratégicas como la ampliación del cribado del cáncer de colon y de mama quedaron congeladas. El sistema de salud, la educación y los servicios sociales acumularon un déficit de planificación que las nuevas cuentas tendrán que intentar resolver.
Con todo, vale la pena poner en perspectiva la duración del bloqueo: este ha sido el período más largo sin presupuestos aprobados desde la primera legislatura. Supera los tres años y un mes que transcurrió entre marzo de 2017, con Carles Puigdemont de presidente, hasta las cuentas aprobadas en pandemia en abril de 2020, justo después de la aplicación del 155.
El intento fallido de febrero y la recta final
El primer intento de Illa para aprobar los presupuestos de 2026 fracasó antes de llegar al Parlament. El 27 de febrero, el Govern aprobó el proyecto de ley en el Consell Executiu con el apoyo de los Comuns, pero sin haber cerrado el acuerdo con ERC. Los republicanos bloquearon las cuentas porque consideraban que el PSC no avanzaba suficientemente en la cesión de la gestión del IRPF a Cataluña, una de sus exigencias centrales desde el acuerdo de investidura de Illa, y advirtieron que presentarían una enmienda a la totalidad si no había avances. Ante la imposibilidad de obtener los votos necesarios, el proyecto quedó paralizado en el Parlament sin llegar siquiera a votación.
Desde entonces, las negociaciones se han retomado con un tono diferente. ERC ha acabado rebajando su principal línea roja: la recaudación del 100% del IRPF ha quedado fuera de la mesa de negociación presupuestaria, en gran parte por el bloqueo de Junts en el Congreso. A cambio, republicanos y socialistas han acordado un paquete de contrapartidas concretas: el relanzamiento del tren orbital, el refuerzo de la Agencia Tributaria de Cataluña con 527 millones hasta 2029, y avances en autogobierno como la mayoría catalana en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.
El lunes 18 de mayo, Illa y Junqueras presentaron juntos el proyecto del tren orbital en Sant Sadurní d’Anoia. Esa misma noche, el consejo nacional de ERC avaló formalmente los pactos en una reunión de tres horas y media que terminó sin votación formal de los órganos del partido. Al día siguiente, martes 19 de mayo, Illa y Junqueras firmaron el acuerdo en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat. El objetivo del Govern es aprobar las cuentas en un nuevo Consell Executiu extraordinario mañana viernes 22 de mayo y registrarlas en el Parlament el mismo día. El calendario apunta a unos presupuestos en vigor a principios de julio.
Junts, sin embargo, se ha mantenido contundente en su oposición. El portavoz del partido, Josep Rius, ha asegurado que ERC aprueba las cuentas «a cambio de nada» y que da «oxígeno a un gobierno agotado». Desde el PP, el portavoz en el Parlament ha anunciado que presentarán una enmienda a la totalidad. El camino parlamentario, por tanto, seguirá siendo complicado, pero por primera vez en tres años el Govern dispone de una mayoría suficiente para sacarlos adelante.
Un presupuesto récord con acento social
Los presupuestos para 2026 suman un total de 49.162 millones de euros, una cifra récord en la historia de la Generalitat. Representan un incremento del 22,8% respecto a las últimas cuentas aprobadas, las de 2023. El Govern destaca que tres de cada cuatro euros del presupuesto se destinan a partidas sociales y vinculadas al estado del bienestar: educación, sanidad, derechos sociales y vivienda.
Las inversiones alcanzan los 4.146 millones, compensando con creces el fin de los fondos europeos Next Generation. La consellera de Economía, Alícia Romero, ha subrayado que desde 2020 «ha crecido un 50% el gasto corriente, sobre todo Sanidad, que en 2019 estaba por debajo de los 10.000 millones y hoy está por encima de los 16.000».
Sanidad: la apuesta por la atención primaria
El departamento de Salud se consolida como el de mayor dotación presupuestaria, con 13.840 millones de euros, un incremento de 2.428 millones respecto a 2023, equivalente a un aumento del 21,3%. La atención primaria recibe una inyección notable: 616 millones de euros adicionales, con el objetivo de que represente el 31% del presupuesto total de salud, siguiendo los criterios de la OMS. Esta apuesta es relevante porque Cataluña ha estado históricamente por debajo de otras comunidades autónomas en inversión per cápita en sanidad pública, una realidad que ha impulsado la sanidad privada entre quienes pueden permitirse pagarla.
Las cuentas prevén 5.911 nuevas plazas de personal sanitario y administrativo, una medida destinada a reducir las listas de espera y mejorar la calidad de la atención. En paralelo, se destinan 463 millones de euros en inversiones para construir, ampliar o reformar hospitales y centros de atención primaria en todo el territorio. Entre las actuaciones concretas, destacan 54,2 millones para la transformación global del Hospital Joan XXIII de Tarragona, 23,9 millones para la remodelación del Clínic de Barcelona, 17,8 millones para la ampliación del Verge de la Cinta de Tortosa y 14,2 millones para mejoras en el Hospital Trueta de Girona. La atención especializada, por su parte, recibe más de 8.600 millones, con el objetivo de que las personas que lo requieran puedan ser atendidas en un plazo máximo de 48 horas.
El incremento es sustancial, pero la sanidad pública catalana acumula años de déficit presupuestario estructural: cada ejercicio se acaba gastando por encima de lo previsto, generando una bolsa de deuda de unos 2.000 millones que se arrastra de un año al otro. Crecer en cifras es necesario, pero no suficiente si el sistema no mejora también la capacidad de gestionar los recursos.
Educación: barracones, maestros y escuela infantil
El departamento de Educación y Formación Profesional, con 8.356 millones de euros, es el segundo en dotación presupuestaria, con un crecimiento del 24,5% respecto a 2023. Pero las cifras llegan en medio de un conflicto laboral sin precedentes recientes: desde marzo, y de manera ininterrumpida durante todo el mes de mayo, miles de maestros y profesores han hecho huelga y han cortado carreteras y rondas en Barcelona y en todo el país. La marea amarilla —el color que los docentes han adoptado como símbolo— ha llevado pancartas con mensajes como «Nos piden excelencia con presupuesto de supervivencia» hasta las puertas del Parlament.
Detrás de la protesta hay reivindicaciones que se arrastran años: la recuperación del poder adquisitivo —los docentes catalanes son de los terceros peor pagados del Estado—, la reducción de ratios, más recursos para la escuela inclusiva y menos burocracia. El Govern firmó un acuerdo con CCOO y UGT pero que el sindicato mayoritario del sector, USTEC, rechaza por insuficiente. Las movilizaciones se prolongan hasta el 5 de junio. Es en este contexto de malestar acumulado que llegan los nuevos presupuestos.
Precisamente en infraestructuras, los presupuestos prevén 314 millones de euros para construir, ampliar o reformar centros educativos. La medida tiene una justificación urgente: en Cataluña hay operativos más de un millar de barracones en centros escolares, una situación que diversas organizaciones educativas y sindicatos consideran inaceptable para un sistema público del siglo XXI.
En el ámbito de la equidad, se dobla la partida de ayudas al transporte y comedor escolar, que llega a los 253 millones de euros y debe beneficiar a 214.000 niños en el caso del transporte y 46.800 en el del comedor. La medida responde a un problema bien documentado: Cataluña es una de las comunidades con menor gasto por alumno, pero con una presencia notable de la escuela concertada, la que cobra las cuotas familiares más altas de todo el Estado.
En cuanto a la etapa 0-3, las cuentas crean 900 nuevas plazas en escuelas infantiles públicas y prevén 54,3 millones para la implantación progresiva de la gratuidad de esta etapa, un compromiso que el Govern ha adquirido como prioridad de legislatura.
Unas cuentas que llegan tarde, pero que llegan
Los presupuestos de 2026 llegan con retraso y con críticas de buena parte de la oposición, pero si finalmente se aprueban permitirán a Cataluña planificar con horizontes claros por primera vez en tres años. La pregunta es si las cifras se traducirán en mejoras concretas o si, como ha ocurrido otras veces, se quedarán en intenciones. La sanidad y la educación necesitan dinero, pero también una gestión que convierta los recursos en resultados. En medio del ruido de las negociaciones, lo que cuenta es lo que acabará recibiendo el ciudadano en el CAP o en la escuela.
2026 Catalunya Plural.