Estamos en el año 2013. En la madrugada del 4 de octubre, la costa de Vinaròs empieza a temblar. Y así fue, desde la una de la madrugada hasta casi las 8 de la mañana; una noche sacudida en la que se detectaron 25 sismos, dos de ellos de más de 4 grados en la escala Richter. Estas aguas levantinas son las que bañan la plataforma del almacén subterráneo de gas Castor. Se trata de una instalación millonaria, situada en las costas de Vinaròs y Tarragona, que debía ser el mayor depósito de gas natural de España para garantizar su suministro en caso de puntas de consumo o interrupciones en las importaciones. Ahora, esta plataforma que sigue decorando el skyline del levante está paralizada.
Los terremotos de 2013 -que llegaron a subir hasta 500-, pararon las actividades de la plataforma y, un año después, un informe del Instituto Geográfico Nacional (IGN) afirmó que había una «relación directa» entre los sismos y las inyecciones de gas durante las pruebas iniciales de Castor. Pero aquí comenzaron los cruces de versiones que deberán acompañado los cinco años de vida de este megaproyecto: «No se podía prever», dijo el MIT; «Había fallas que no se incorporaron en los informes preliminares», apuntaba el IGN.
Pero en medio de estas discusiones técnicas y de una plataforma paralizada, hay un nombre, el del empresario y presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que continúa lucrándose con ella. Propietario del grupo ACS, empresa que participa en más de un 66% la concesionaria del proyecto, Escal UGS, presupuestó inicialmente Castor en 1.193,5 millones de euros. Finalmente costó 1.700. Para un proyecto que nunca llegó a funcionar, pero sigue dando dinero.
Cláusula millonaria: cobrar indemnización aunque haya negligencia
Y es que, de hecho, que se anularan las actividades de la plataforma fue una gran noticia para los inversores, ya que en el contrato de explotación del proyecto había una cláusula que garantizaba el cobro de compensaciones incluso en casos de «negligencia imputable a la empresa concesionaria». ¿En qué se traduce esto? En 2014 el Gobierno abonó ACS 1.350 millones, más 110 millones que ya habían sido abonados. Más los derechos retributivos del tiempo en que Castor operó, que suman 295,6 millones. Total: 1.755 millones.
Pero eso no quedaba aquí: el pago por compensaciones, (que está siendo socializado a través de las facturas del gas) debe subir a los 4.731 millones de euros, ya que se debe tener en cuenta el 4.27% de interés anual en concepto de indemnización por los 30 años de concesión. El ejecutivo del PP se amparó en el artículo 4 del Real Decreto de Ley de 2014 para fijar los 1.350 millones como indemnización por el traspaso de Castor a Enagas, empresa que se encarga de mantener las instalaciones en hibernación (situación que todavía cuesta más dinero a los contribuyentes). Y, aunque el Tribunal Constitucional anulara este decreto en 2017, nada ha cambiado.
«Florentino continúa con estos millones en la cuenta de sus empresas y nadie los está volviendo al Estado. Es más, somos los ciudadanos los que lo estamos pagando, porque no debemos olvidar que España se endeudó con los bancos para poder pagar a ACS. No nos corresponde a los ciudadanos pagarlo y queremos que se nos devuelva lo que ya hemos pagado «, proclama Simona Levi, miembro del colectivo Xnet, una de las tres entidades, junto con el Observatori del Deute en la Globalització (ODG) i l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC) – que interpusieron una demanda ciudadana en febrero pasado .
Demanda por malversación, fraude y prevaricación
La querella se presentó contra los ex ministros de Industria, Joan Clos y Miguel Sebastián (PSOE) y José Manuel Soria (PP). También estaban incluidas las ministras de Fomento Magdalena Álvarez y de Medio Ambiente, Elena Espinosa, ambas del PSOE. Asimismo, el ex consejero de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, Juan Cotino (PP) y Florentino Pérez. Se les acusaba de prevaricación, fraude a la Administración y malversación por las «anomalías» de los contratos y los posibles «enriquecimientos ilícitos» durante las concesiones -que fueron llevadas a cabo tanto en gobiernos socialistas como populares.
«Toda esta trama nos hacía pensar en una posible asociación criminal y, con la demanda, pedíamos a la Fiscalía que investigara», expone Levi, momentos después de que fuera notificado el miércoles que la Sala Penal de la Audiencia Nacional, a través de la jueza Carmen Lamela, había archivado la querella ciudadana. Levi asegura no estar sorprendida por la decisión de la Justicia, pero sí por las formas: «han respondido en sólo una página y con argumentos muy débiles, poca cosa para un problema que significa más de tres millones para la ciudadanía. No se puede negar que haya habido asociación criminal por el simple hecho de que los acusados forman parte de partidos diferentes», exclama, en referencia a la resolución de Lamela.
Asegura, pues, que la plataforma ciudadana hará un incidente de nulidad propia a la Audiencia Nacional, pidiendo la anulación del archivo de la querella, «alegando desamparo de los derechos de los ciudadanos y los consumidores», explica. La Justicia también justifica el archivo raíz de un informe fiscal encargado a dos consultoras privadas, como son Deloitte y PWC, que constataron que no había irregularidades. «Estos informes no son prueba de nada, porque no son independientes y están relacionadas con una de las partes. Pero lo peor de todo es que, sabiendo esto, la Justicia encargara los informes «.
Así, las investigaciones que esta plataforma ciudadana hace años que realiza, pierden peso ante la juez Lamela frente a las ya citadas investigaciones del MIT o Deloitte, que legitiman la versión de ACS. «Hemos aprendido que para cada informe que elabore la sociedad civil que diga algo sensato, tendremos tres que dirán lo contrario», apuntan desde xnet. Por lo tanto, si la Justicia española no acepta las apelaciones, la plataforma ciudadana asegura que recurrirá a la justicia europea, pero siempre buscando una vía que «no condene el Estado y que, por tanto, no haga que los ciudadanos tengamos que pagar una vez más Castor «, apunta Levi.
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