El día que Pedro Sánchez convocó elecciones para el 29 de noviembre, la izquierda situada a la izquierda del PSOE echó a andar con la cuenta ya hecha en contra. Las encuestas llevan meses diciendo lo mismo: frenar a la derecha es improbable, y de ser posible pasaría por que coincidieran tres cosas:
- Que se movilizara un electorado socialista en horas bajas
- Que la campaña hablara de vivienda y no de lo que pasa en Ceuta.
- Que la izquierda alternativa fuera lo bastante unida como para no regalar escaños en las provincias pequeñas.
La primera depende del PSOE; la segunda, de la fortuna y los medios de comunicación. La tercera, sí, del Frente Amplio y de lograr una supuesta unidad que ya está medio rota. ¿Qué queda del Frente Amplio, por qué es necesario y por qué parece que no vaya a suceder?
La audacia electoral
El Congreso se reparte provincia a provincia con la fórmula D’Hondt, y eso pesa mucho sobre los partidos pequeños. La ley exige un 3% de los votos para entrar en el reparto, pero en las circunscripciones que eligen tres, cuatro o cinco diputados, que son buena parte de las provincias, el porcentaje que de verdad hace falta para conseguir un escaño se dispara muy por encima. Si dos listas se disputan el mismo electorado en una de esas provincias, lo más probable es que ninguna llegue y que los votos de las dos se pierdan, cuando juntas podrían arañar un diputado. En Madrid, con 37 escaños en juego, dividirse cuesta algún diputado; en una provincia de tres, puede costarlos todos.
Las encuestas consideran que una lista conjunta llegaría al 9,5% —casi dos puntos más que la suma, porque el sondeo estima que la unidad también atrae voto— y obtendría entre quince y diecinueve: prácticamente el doble de escaños con poco más de voto, aunque la unidad tampoco cambiaría el resultado de fondo, pues un modelo provincial construido sobre los mismos datos calcula que una lista conjunta le quitaría ocho escaños a PP y Vox, que aun así seguirían teniendo mayoría absoluta.
El efecto Rufián se desvanece
Si alguien tenía capital para ilusionar a una parte de la izquierda desencantada, era Gabriel Rufián. Durante meses recorrió actos con Más Madrid, con Podemos y con Compromís repitiendo que la izquierda sola no gana, y fue casi la única voz que habló de unidad por encima de las siglas de cada cual. Al final ha hecho lo de siempre, y el domingo confirmó que volverá a encabezar la lista de ERC por Barcelona, con sus siglas. Quizá no en solitario. ERC ultima un acuerdo con Podemos por el que los morados no se presentarían en Catalunya; a cambio, ERC les reservaría al menos un puesto de salida en su candidatura —que no sería para Montero, cabeza de lista por Madrid— y Rufián pediría públicamente el voto para ella en el resto del Estado. Un reparto de territorios entre dos partidos, a bastante distancia del frente que él mismo predicaba.
Visto el desenlace, cuesta no pensar que de lo que se trataba, sobre todo, era de una pelea interna. Lo que Rufián negociaba con su dirección tenía poco que ver con Colau o con Montero: un equipo de confianza propio en el Congreso, más margen para decidir lo que se juega en Madrid, voz en las listas y en la estrategia del grupo. Esas condiciones ya circulaban a finales de mayo, cuando el diputado Jordi Salvador le recordó en X que ERC no es una plataforma personal ni un espacio de ultimátums. Hirschman habría hablado de una voz respaldada por la amenaza de salida: Rufián nunca se fue, pero se dejó ver mucho en la puerta, y cada acto compartido con otra fuerza encarecía su permanencia. Salvador y Pilar Vallugera, dos de los diputados con los que la relación estaba rota, no repetirán.
¿Y entonces, qué queda del Frente Amplio?
Queda un Frente Amplio de cuatro —Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns— que presentará su candidatura el 17, un día después de que Interior cierre el registro de coaliciones, y que a estas alturas todavía no sabe quién la encabezará. Queda también la pelea de siempre por los puestos de salida en Madrid y Barcelona, las dos circunscripciones donde puede aspirar a varios diputados. Más Madrid quiere decidir la lista de la capital, donde ahora propone a Emilio Delgado de número uno y a Mónica García de número dos; los Comuns, que dan por casi imposible volver a sacar cinco diputados en Barcelona, intentan que la suya no se les estreche todavía más. Izquierda Unida reclama que todo salga de un acuerdo global, democrático y compartido, tres adjetivos con un único destinatario.
Queda un Frente Amplio de cuatro —Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comuns— que presentará su candidatura el 17, un día después de que Interior cierre el registro de coaliciones, y que a estas alturas todavía no sabe quién la encabezará
Y queda fuera Podemos. Con un 2,3%, en una mesa donde los puestos se reparten según el peso de cada uno, le tocaría hacer de invitado; en unas primarias abiertas pesan una militancia movilizada y una candidata con nombre propio. Por eso Irene Montero repite que «la única forma de llegar a acuerdos son las primarias», convocadas para el 14 y el 15, y por eso el Frente Amplio, que prefiere el consenso entre partidos, le ofrece la mesa pero no la urna. En 2023 Podemos entró en Sumar a última hora y con Montero fuera de las listas, y no tiene intención de repetir la escena. Cada uno reclama la arena donde su recurso vale más y la defiende en nombre de la democracia interna, en una «guerra del procedimiento» que, con el acuerdo con ERC sobre la mesa, Podemos tiene cada vez menos prisa por ganar.
Si nadie se mueve antes del viernes, la izquierda alternativa irá al 29-N en dos bloques que no se suman. De un lado, el Frente Amplio sin Podemos; del otro, el eje ERC-Podemos, un reparto de territorios en el que los morados se retirarían de Catalunya y Rufián les devolvería el favor fuera. En Madrid las dos papeletas chocarían de frente, Delgado y García contra Montero; en Catalunya no se pisarían, y allí quien compite con ERC son los Comuns; en el resto, la cuenta se hace provincia a provincia, que es justo donde la división sale más cara. Más allá de Madrid y Barcelona, Compromís, la Chunta y Més per Mallorca reclaman listas encabezadas por los suyos y sin integrarse en el Frente Amplio, y Adelante Andalucía ni se lo plantea. Con un PSOE proyectado entre 105 y 117 diputados, la división vuelve a regalar escaños a una derecha que conserva la mayoría absoluta.
De las tres condiciones, la única que estaba en manos de estos partidos era la unidad, y es la que esta semana se ha partido en dos. A la mayoría de la gente que todavía espera algo de esta izquierda, el detalle de quién encabeza cada lista le resulta ajeno, cuando no indecente. Ve un reparto de puestos, una pelea por el sueldo y por el acta, y no alcanza a entender qué tiene eso que ver con sus alquileres o con frenar a la derecha. Cuesta explicarle que la única forma de no regalar escaños en las provincias pequeñas es ir lo más juntos posible, y que son esos mismos partidos los que se lo ponen difícil.
¿Cuánto de lo que estas semanas se ha llamado unidad era proyecto y cuánto era palanca? ¿Quién estaba dispuesto a ceder primero, a siete semanas de unas elecciones que nadie espera ganar?
Si después la campaña acaba hablando de Ceuta, no será culpa de quienes salieron a la calle en Madrid el 3 de octubre. Ellos ni siquiera estaban haciendo campaña: pedían poder pagar el alquiler.
