El 10 de abril de 2018, un amplio operativo antiterrorista de la Guardia Civil detuvo a Tamara Carrasco, 35 años, en su casa en Viladecans (Barcelona) a las siete de la mañana. Se le acusaba de rebelión y terrorismo por ser supuestamente una de las cabecillas de los Comités de Defensa de la República (CDR) que, en aquellos días, habían realizado cortes de carreteras y sabotajes a los peajes de autopistas. Tras pasar tres días en los calabozos de la Dirección General de la Guardia Civil en Madrid, la Audiencia Nacional le impuso la prohibición de salir de su pueblo hasta que fuese juzgada.
El alto tribunal descartó estos delitos un año después, aunque mantuvo el confinamiento así como la acusación de difusión o llamamiento a desórdenes públicos, castigados a lo sumo con una pena de tres meses a un año de cárcel. Una jueza levantó en mayo la medida de reclusión forzosa, pero Carrasco sigue pendiente de ser juzgada por grabar y difundir, presuntamente, un audio dando instrucciones a los CDR, acusación que ella rechaza.
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