Pues ya la tenemos aquí. Olga Pané se convertirá en la primera consejera del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña que tendrá que gestionar una huelga indefinida del personal médico y facultativo del sistema sanitario público. Muy probablemente querrá hacer la táctica del avestruz, escondiendo la cabeza bajo el ala, pero ya nadie le compra el argumento. La responsable de la convocatoria es ella como máxima responsable de la sanidad de nuestro país. Sin tapujos. No ha hecho nada para pararlo, y los perjuicios —pequeños, medios o grandes— de esta movilización, tanto para los profesionales como para los pacientes, serán solo imputables a su gestión.
Que sea la principal responsable no quiere decir que sea la única. Hemos llegado hasta aquí por una serie de desgracias catastróficas. Veámoslas.
La profesión médica, con la transferencia de las competencias sanitarias a las autonomías y la aprobación del primer Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud, asumió, de manera tácita, una serie de sacrificios en sus condiciones de trabajo. En síntesis, trabajar muchas horas y de manera abnegada para contribuir a la modernización y jerarquización de los servicios de salud. Era un esfuerzo que en aquel momento había que hacer para implementar un estado del bienestar equivalente al de nuestros vecinos europeos.
En la Cataluña de los años 80, la presión asistencial no era como la actual. Los servicios de Urgencias no se habían convertido en lo que son ahora: un supermercado de atención sanitaria 24 horas al cual se pueden dirigir todos los pacientes: los urgentes, como dice la propia denominación del servicio, y los no urgentes, que utilizan estos dispositivos para recibir la atención inmediata que no les pueden ofrecer otros niveles asistenciales. En los servicios de Urgencias se trataban los casos urgentes y esto hacía que, a menudo, las guardias tuvieran la consideración de expectativa de trabajo, un estado de alerta por si había que reaccionar ante una situación vital potencialmente grave. Hemos pasado de esto a una auténtica cadena de montaje de la salud.
En aquellas condiciones, las guardias de 24 horas fueron instauradas como una solución óptima para garantizar una asistencia continuada a la población. Era un win-win de manual: la administración se garantizaba la cobertura de necesidades esenciales a bajo coste (sin descansos después de una guardia, con jornadas que podían totalizar 36 e incluso 48 horas continuadas y pagando muy por debajo del precio de la hora de la jornada ordinaria). Por su parte, el personal médico complementaba su bajo sueldo trabajando muchas horas, pero con un grado de exigencia soportable. Con aquel modelo, los facultativos, sin saberlo, firmaron un contrato social basado en dos preceptos engañosos: la retribución económica como respuesta a todas las dudas y el sacrificio personal y la entrega como parte inherente del servicio a la población. Es decir, la vocación se convertía en una moneda de cambio en la relación entre el colectivo médico y las administraciones.
Y así lo ha sido durante, como mínimo, los últimos treinta años. Pero las circunstancias, y el contexto, han cambiado radicalmente. Las guardias son ahora la vertiente más dura y desagradecida de nuestra profesión. En paralelo, las nuevas generaciones consideran incompatible la seguridad clínica, la conciliación y los derechos laborales básicos con la persistencia de las guardias de 24 horas.
Las nuevas generaciones consideran incompatible la seguridad clínica, la conciliación y los derechos laborales básicos con la persistencia de las guardias de 24 horas
Nos encontramos pues con la reclamación principal del conflicto: el establecimiento de un nuevo contrato social que dé respuesta a la realidad asistencial y a la cultura laboral del siglo XXI.
El interés de los políticos y gestores por abrir este melón ha sido y es tendente a cero. El modelo instaurado en los años 80 les ha sido muy útil y les ha permitido tener a los médicos bajo control. Han tenido el petróleo barato y lo han explotado hasta prácticamente agotar sus reservas. Y ahora que ha llegado el momento de hacer la transición energética no quieren renunciar a él. De ninguna de las maneras.
Por todo esto nos encontramos a las puertas de una huelga médica indefinida. El colectivo médico exige enviar a la papelera de la historia el modelo de trabajo de los años 80. Quiere negociar y pactar sus propias condiciones de trabajo, sin injerencias, y, sobre todo, quiere poner en valor su rol y su responsabilidad diferencial dentro del sistema.
Si los responsables de negociar esta transformación siguen poniéndose de perfil, la situación de futuro será crítica porque no encontrarán a nadie dispuesto a sacrificarse por una causa que ya no se asume como propia. Unos sacrificios que no se compensan y que no compensan. De hecho, a estas alturas ya no encuentran a nadie.
Convocamos una huelga indefinida porque el momento es ahora y porque todavía estamos a tiempo de reconstruir el sistema. Todavía podemos seducir a los médicos que formamos para que quieran desarrollar su carrera y su talento en la sanidad pública. La opción de continuar como hasta ahora está fuera de la mesa. El sobreesfuerzo como base de la sostenibilidad del sistema ya no tiene más recorrido.
La huelga se puede parar si la administración tiene la voluntad y el coraje de afrontar estos cambios. Depende exclusivamente de ellos. Nosotros estamos a punto y dispuestos a negociar.
