Desde su origen a finales del siglo XIX, la Sagrada Familia se inscribe en el proyecto moral y urbano de la burguesía catalana. Impulsada por asociaciones de católicos acomodados y financiada mediante donaciones privadas, la obra nunca fue un proyecto popular ni democrático. Su órgano gestor, la Junta Constructora, ha permanecido históricamente en manos de élites económicas y profesionales, funcionando como una institución privada que administra un símbolo público sin mecanismos de control ciudadano. Como diría el filósofo francés Henri Lefebvre, estamos ante un ejemplo claro de apropiación del espacio urbano por una clase dominante, que lo produce según sus valores, intereses y representaciones.
Este carácter burgués no se limita a la gobernanza del proyecto, sino que se expresa en su función simbólica. La Sagrada Familia emerge en una Barcelona atravesada por el conflicto social, el anarquismo y el movimiento obrero. Frente a esa ciudad rebelde, el templo actúa como monumento moralizador, una afirmación de orden, sacrificio y familia en el corazón de barrios históricamente populares. En términos lefebvrianos, la obra no responde al espacio vivido de sus habitantes, sino al espacio concebido por las élites: un espacio abstracto, disciplinario y jerárquico.
La figura de Antoni Gaudí suele introducir ambigüedad en este relato. Su religiosidad extrema, su vida ascética y su distancia personal respecto a la burguesía han servido para desactivar la crítica estructural. Sin embargo, convertir a Gaudí en coartada es una operación ideológica eficaz: permite fetichizar la autoría y ocultar las relaciones sociales de producción del espacio. Como recuerda el geógrafo David Harvey, el problema no es quién diseña la ciudad, sino qué dinámicas de acumulación y poder se consolidan a través de ella. Hoy, la Sagrada Familia ha mutado en uno de los principales motores de la economía turística global de Barcelona. Millones de visitantes anuales generan ingresos extraordinarios, gestionados por una fundación privada, mientras el entorno inmediato experimenta procesos intensos de encarecimiento de la vivienda, expulsión vecinal y sustitución comercial. Este proceso encaja con lo que Neil Smith definió como gentrificación revanchista: una reocupación del espacio urbano central por intereses del capital, que desplaza a las clases populares en nombre de la regeneración, la cultura o el patrimonio. El moralismo burgués continua bajo una pátina de violencia capitalista.
El templo funciona así como un ancla simbólica de valorización urbana. Su monumentalidad no es neutra: actúa como catalizador de inversión, turismo y especulación. El barrio deja de organizarse en función de las necesidades cotidianas de quienes lo habitan y pasa a responder a las exigencias del visitante global. Se produce, en términos de Harvey, una clara forma de acumulación por desposesión, donde el valor generado colectivamente por la ciudad se privatiza, mientras los costes sociales se socializan. La paradoja es evidente. Un templo construido durante décadas en nombre del sacrificio y la expiación opera hoy como máquina de acumulación capitalista, plenamente integrada en el urbanismo neoliberal. Los beneficios no revierten de forma estructural en políticas de vivienda, equipamientos o mejora de las condiciones de vida del vecindario. Por el contrario, refuerzan un modelo de ciudad orientado a la marca, el consumo y la excepcionalidad turística.
Desde esta perspectiva, la insistencia en completar la obra no es un gesto cultural inocente. Terminar la Sagrada Familia significa consolidar un modelo urbano excluyente, que prioriza el valor simbólico y económico del monumento sobre el derecho a la ciudad de sus habitantes. Como ya advertía Lefebvre, el derecho a la ciudad no es un derecho al espectáculo urbano, sino a participar en la producción y uso del espacio. Para las clases populares, pero también para las medias, de Barcelona, la Sagrada Familia no es un símbolo identitario compartido, sino un factor de presión urbana. No resuelve problemas urgentes —vivienda, precariedad, acceso a servicios— y, en cambio, contribuye a agravarlos. Su sacralización opera como cortina de humo: mientras se celebra la genialidad de la piedra, se normaliza la expulsión de los cuerpos.
En definitiva, la Sagrada Familia no es solo un templo inacabado, sino un proyecto urbano acabado en términos de poder. Un símbolo burgués que ha sabido adaptarse al capitalismo turístico sin perder el control de su relato. Cuestionarla no es un ataque al patrimonio, sino un ejercicio necesario de crítica urbana. Porque, una ciudad que prioriza los monumentos sobre la vida cotidiana no es una ciudad devota: es una ciudad profundamente desigual.
