La transición energética se presentó como un proceso sencillo: sustituir los combustibles fósiles por electricidad renovable. Pero hay sectores donde la electrificación directa sigue siendo muy difícil: la aviación, el transporte marítimo, la industria química, el cemento o el acero. Es en este contexto donde han adquirido protagonismo las llamadas moléculas verdes.
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Bajo este concepto se agrupan el hidrógeno renovable, los combustibles sintéticos, el biometano, el metanol, el amoníaco o los SAF. Todos pueden reducir emisiones en sectores sin alternativas mejores. El problema es que la expresión «verde» transmite una imagen de sostenibilidad casi absoluta cuando, en realidad, bajo la misma etiqueta conviven tecnologías con eficiencias, costes e impactos muy diferentes.
Su aparición responde a una necesidad real: sin estos combustibles será muy difícil descarbonizar la aviación, el transporte marítimo o ciertos procesos industriales. El debate no es si hay que desarrollarlos, sino qué papel tienen que tener dentro del sistema energético y qué sectores tienen que ser prioritarios
A menudo se olvida que ninguna molécula verde aparece por arte de magia: todas requieren grandes cantidades de energía. El hidrógeno exige electricidad para la electrólisis, con rendimientos del 60-65%. Los combustibles sintéticos necesitan, además, capturar CO₂ y combinarlo con este hidrógeno. Cada transformación incorpora pérdidas energéticas, a las cuales hay que añadir la baja eficiencia de los motores de combustión. La termodinámica sigue imponiendo sus límites, aunque los discursos comerciales a menudo los difuminen.
Esta diferencia de eficiencia tiene consecuencias a menudo desapercibidas: cada kilovatio hora destinado a fabricar hidrógeno o combustibles sintéticos es un kilovatio hora que deja de alimentar directamente una bomba de calor, una industria electrificada o un vehículo eléctrico. En un contexto de generación renovable limitada, esta asignación no es neutra. La cuestión ya no es solo producir más energía, sino decidir qué uso genera el máximo beneficio ambiental, económico y social.
La cuestión ya no es solo producir más energía, sino decidir qué uso genera el máximo beneficio ambiental, económico y social
Por eso, siempre que sea técnicamente posible, la electrificación directa sigue siendo la mejor opción: consume mucha menos energía que cualquier cadena basada en hidrógeno o combustibles sintéticos. Numerosos organismos internacionales coinciden en que las moléculas verdes se tienen que reservar para los sectores sin alternativas viables.
Existe, además, una segunda limitación menos visible: la disponibilidad de recursos. Los biocombustibles dependen de una biomasa sostenible limitada, puesto que los mismos residuos también son necesarios para regenerar suelos, fabricar materiales o actuar como sumideros de carbono. No existe una biorefinería de capacidad ilimitada capaz de alcanzar todas estas demandas a la vez.
Hay que abandonar la idea que cualquier combustible «verde» podrá sustituir sin restricciones el consumo actual de petróleo y gas. La disponibilidad de biomasa, hidrógeno renovable y CO₂ biogénico será limitada, y las moléculas verdes competirán por los mismos recursos, con impacto sobre los precios. Las políticas públicas tendrán que establecer una jerarquía: primero reducir la demanda; después, electrificar todo el que sea electrificable; y, finalmente, reservar las moléculas verdes para los usos sin alternativas razonables.
Es aquí donde aparece la frontera del greenwashing. La fascinación tecnológica puede hacer creer que es posible mantener intactos los modelos actuales de movilidad y producción simplemente cambiando unas moléculas por otras: los aviones seguirían volando más, los barcos navegando, y los motores de combustión funcionando más allá del 2035, mientras una nueva generación de combustibles lo resolvería todo automáticamente. Esta narrativa es especialmente atractiva para los sectores que intentan alargar la vida de las infraestructuras gasistas, las refinerías o los motores de combustión.
Esta discusión va más allá de una cuestión tecnológica: es también una disputa sobre quién planifica la transición. Las grandes petroleras, la industria gasista y el sector automovilístico intentan orientar la transformación hacia soluciones que preserven infraestructuras y mercados construidos durante décadas. Es comprensible desde el punto de vista empresarial, pero corresponde a los poderes públicos decidir si esto coincide con el interés general. Quien defina qué es una molécula verde admisible y qué proyectos merecen subvenciones decidirá también quién paga la transición y quién captura las rentas que produce.
Esta discusión va más allá de una cuestión tecnológica: es también una disputa sobre quién planifica la transición
Este debate llega en un momento relevante para Cataluña, con la definición del PINECCAT. El documento no tendría que partir de la idea de que los combustibles renovables serán ilimitados, sino asumir que son recursos escasos a asignar con criterios transparentes. Esto implica priorizar la electrificación directa donde sea viable; reservar las moléculas verdes para la aviación, el transporte marítimo y ciertos procesos industriales; condicionar las subvenciones a una acreditación independiente del balance real de emisiones; y evitar destinar suelo, redes o fondos públicos a biorefinerías sin garantizar antes la disponibilidad sostenible de materias primas.
Esto es especialmente relevante ante la posible transformación de la petroquímica de Tarragona en un gran centro de combustibles renovables. La pregunta no es solo si es tecnológicamente posible, sino si Cataluña dispondrá de suficiente biomasa considerando incluso su importación, hidrógeno renovable y electricidad descarbonizada para alimentarla a gran escala.
Las moléculas verdes serán imprescindibles para descarbonizar, pero no son una solución universal. La transición no consiste en sustituir cada litro de petróleo por uno de renovable manteniendo intacto el modelo actual, sino en combinar electrificación, moléculas verdes, eficiencia y reducción de la demanda. El debate de fondo no es tecnológico, sino político: cómo se distribuyen unos recursos escasos y quiénes deciden la jerarquía. Si el PINECCAT establece estos criterios con rigor, Cataluña tendrá una estrategia coherente; si no, las moléculas verdes correrán el riesgo de ser más un instrumento de marketing que una herramienta real de descarbonización.
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