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cambio climático

¿Quién se puede permitir protegerse del calor? La renta básica como política de adaptación
Este verano ha sido el más cálido registrado nunca en Cataluña. Según el Servicio Meteorológico de Cataluña, más del 80% del territorio ha presentado anomalías de temperatura iguales o superiores a los tres grados.¹ Las olas de calor han vuelto a activar alertas, protocolos sanitarios y una larga lista de recomendaciones que, a estas alturas,

Àlex Boso17 de septiembre de 2026 - 05:30
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Treballador de la construcció a Baton Rouge, EUA (CC BY-NC-SA 2.0, Mr. Greenjeans)

Este verano ha sido el más cálido registrado nunca en Cataluña. Según el Servicio Meteorológico de Cataluña, más del 80% del territorio ha presentado anomalías de temperatura iguales o superiores a los tres grados.¹ Las olas de calor han vuelto a activar alertas, protocolos sanitarios y una larga lista de recomendaciones que, a estas alturas, ya nos resultan familiares, como por ejemplo hidratarnos, evitar la actividad física durante las horas centrales del día, buscar espacios frescos, adaptar los horarios o reducir la exposición al sol. Aunque, evidentemente, todos parecen consejos razonables y necesarios, raramente nos interrogamos sobre quién se puede permitir seguirlos.

Evitar las horas de más calor es relativamente sencillo para quien controla su tiempo de trabajo. Lo es mucho menos para quien, con un contrato precario, tiene que terminar una obra y encadena jornadas de pie a la intemperie; para quien cosecha la fruta deprisa y corriendo, antes de que el calor la eche a perder, sin ropa adecuada ni lugar donde descansar; o para quien reparte pedidos y cobra según el número de entregas que hace en un día. En el ámbito doméstico, el acceso al confort térmico es también desigual. Refrescar la vivienda depende de tener aire acondicionado o, al menos, un hogar muy aislado, y a la vez de poder asumir la factura energética. Ir a un refugio climático presupone que haya uno cerca, que esté abierto, que nos podamos desplazar y que no tengamos personas dependientes a nuestro cargo. Protegerse del calor, en definitiva, requiere recursos, tiempo y capacidad de decisión.

La investigación sobre exposiciones personales al estrés térmico lo muestra con bastante claridad. Un estudio de Alisa Hass y Kelsey Ellis equipó a 38 habitantes de Knoxville, Tennessee, con sensores higrotérmicos para saber qué temperaturas experimentaban realmente durante una ola de calor.² Los resultados revelaron una realidad socialmente más compleja que la que ofrecen las estaciones meteorológicas. Durante el día, muchos participantes conseguían reducir la exposición al estrés térmico refugiándose en espacios interiores. Por la noche, en cambio, las desigualdades emergían con mucha más fuerza. Las personas de más edad, con menos ingresos y menos nivel educativo estaban más expuestas a temperaturas potencialmente peligrosas. Este hallazgo es sociológicamente significativo porque documenta un fenómeno casi invisible como es la desigualdad térmica nocturna a microescala. No vemos quién duerme en una habitación que no baja de los treinta grados, quienes puede encender el aire acondicionado sin miedo a la factura o quién acumula noche detrás noche un sueño inquieto que nunca llega a ser descanso porque la vivienda no se enfría. La temperatura exterior puede ser la misma para todo un barrio; la temperatura que experimentan sus habitantes, no.

Algunos trabajos recientes centrados en analizar cómo afectan las olas de calor a las personas sin hogar muestran que esta desigualdad puede llegar hasta el extremo. En Phoenix, una de las ciudades más calurosas de los Estados Unidos, Justin Longo y sus colaboradores equiparon con sensores a diez personas sin hogar y compararon su exposición con la de diez estudiantes universitarios.³ Vivían bajo el mismo calor urbano, pero ciertamente no lo vivían del mismo modo. Sus trayectorias cotidianas y, sobre todo, las posibilidades de evitar la exposición producían experiencias térmicas radicalmente diferentes. Investigaciones posteriores de Jennifer Vanos y su equipo han insistido en el mismo mecanismo. Las personas sin vivienda pueden conocer perfectamente los riesgos e intentar protegerse, pero la carencia de acceso estable a espacios climatizados, transporte, servicios o un cobijo seguro limita extraordinariamente sus opciones.⁴

Esto obliga a revisar una idea que encontramos a menudo en las políticas de adaptación, ya sea de manera implícita o explícita: la premisa de que informar es una condición suficiente para conseguir que las personas actúen. Desgraciadamente, saber qué tenemos que hacer no significa necesariamente poder hacerlo. Entre el conocimiento del riesgo y la protección efectiva está lo que las ciencias sociales suelen definir como capacidad de acción.

Es aquí donde la discusión sobre la renta básica puede adquirir una dimensión ambiental relevante. Una renta básica consiste en un ingreso regular, individual e incondicional, sin comprobación de recursos ni requisito de trabajo.⁵ Sus defensores han destacado su potencial para combatir la pobreza, reducir la inseguridad económica o aumentar la libertad real de las personas. Pero una literatura creciente sitúa también a la renta básica dentro del espectro de las políticas ecosociales, medidas pensadas para lograr simultáneamente objetivos de bienestar, justicia social y sostenibilidad ecológica.⁶ La renta básica se ha relacionado, en este sentido, con una mayor autonomía, la reducción de la inseguridad laboral y la posibilidad de satisfacer necesidades humanas sin hacer depender todo el bienestar de la expansión continua del consumo.

Una literatura creciente sitúa también a la renta básica dentro del espectro de las políticas ecosociales, medidas pensadas para lograr simultáneamente objetivos de bienestar, justicia social y sostenibilidad ecológica

La renta básica no haría bajar la temperatura. Tampoco convertiría automáticamente una vivienda mal aislada en un hogar habitable. Su interés radica en el hecho de que un instrumento así podría ampliar el margen de maniobra de las personas ante las crisis ambientales. Disponer de una base material estable puede facilitar el pago de determinadas gastos energéticos, permitir afrontar un desplazamiento necesario, dar más margen para reducir temporalmente una jornada o hacer frente a una situación inesperada sin que cada decisión implique poner en riesgo la subsistencia.

Pensemos, por ejemplo, en el ámbito del trabajo asalariado. Las recomendaciones públicas nos dicen que durante una ola de calor tenemos que evitar esfuerzos intensos en las horas centrales del día. De hecho, este mismo año la Generalitat ha aprobado un protocolo específico para prevenir los efectos del calor en el trabajo.⁷ Pero cualquier recomendación de protección dirigida a la población trabajadora presupone, en cierto modo, que podemos decidir cuándo y en qué condiciones llevamos a cabo nuestra jornada laboral. En muchas ocasiones, la exposición térmica está vinculada directamente a la necesidad de obtener ingresos. Una mayor seguridad económica no eliminaría la necesidad de una regulación laboral estricta, ni de los controles y las inspecciones laborales, pero sí que podría reforzar la capacidad real de las personas para negociar, reducir o, en determinadas circunstancias, rechazar condiciones de trabajo peligrosas.

Conviene, sin embargo, evitar conclusiones poco reflexivas. Al explorar el potencial ecológico de la renta básica, el debate académico ya ha advertido de que transferir dinero, por sí solo, puede ser insuficiente.⁶ Para afrontar la emergencia climática, necesitamos viviendas capaces de protegernos del calor, energía asequible, transporte público, refugios climáticos, servicios sanitarios, espacios verdes, protección laboral y redes de cuidados. Hace falta también limitar los consumos más intensivos en recursos y emisiones. La renta básica solo tendría sentido ecológico integrada en un sistema más amplio de bienestar sostenible.

Sobre el papel, una renta también puede traducirse en más consumo material. No hay nada inherentemente proecológico en una transferencia monetaria. La clave puede estar en cómo se diseña y con qué otras políticas se acompaña. Es decir, su potencial transformador está menos en estimular el consumo que en garantizar autonomía, reducir inseguridades y permitir satisfacer necesidades sin someter cada aspecto de la vida a la obligación de obtener ingresos del mercado.⁶

El verano del 2026 nos recuerda que los desastres ecológicos no afectan a la sociedad en abstracto. Bien al contrario, los chaparrones, los incendios o las olas de calor llegan a sistemas sociales jerárquicos e interactúan con desigualdades preexistentes. Podemos saber con mucha precisión cuándo llegará una ola de calor; otra cosa es garantizar que todo el mundo tenga los medios para protegerse. Mientras la protección ante el calor continúe siendo un cometido estrictamente individual, el calor se seguirá repartiendo según la renta. Si la capacidad de proteger la salud depende cada vez más de disponer de tiempo, dinero y autonomía, garantizar una base material digna también tendría que formar parte de nuestras políticas de adaptación climática.

Notas

1 Servei Meteorològic de Catalunya (2026). Avanç del butlletí de l’estiu del 2026: Estiu molt càlid, el més càlid registrat a Catalunya, i sec a la major part. Publicado el 2 de septembre de 2026.

2 Hass, A. L. & Ellis, K. N. (2019). “Using wearable sensors to assess how a heatwave affects individual heat exposure, perceptions, and adaption methods”. International Journal of Biometeorology, 63(12), 1585–1595. doi: 10.1007/s00484-019-01770-6.

3 Longo, J., Kuras, E. R., Smith, H., Hondula, D. M. & Johnston, E. (2017). “Technology Use, Exposure to Natural Hazards, and Being Digitally Invisible: Implications for Policy Analytics”. Policy & Internet, 9(1), 76–108. doi: 10.1002/poi3.144.

4 Van Tol, Z., Middel, A., Vanos, J. K. & Ferguson, K. M. (2025). “Overexposed and Understudied: Environmental Risks Among Older Adults Experiencing Homelessness in Phoenix, Arizona”. GeoHealth, 9(5), e2025GH001372. doi: 10.1029/2025GH001372.

5 Van Parijs, P. & Vanderborght, Y. (2017). Basic Income: A Radical Proposal for a Free Society and a Sane Economy. Harvard University Press.

6 Langridge, N., Buchs, M. & Howard, N. (2023). “An Ecological Basic Income? Examining the Ecological Credentials of Basic Income Through a Review of Selected Pilot Interventions”. Basic Income Studies, 18(1), 47–87. doi: 10.1515/bis-2021-0044; Langridge, N. (2024). “Unconditional Basic Income and a Degrowth Transition: Adding Empirical Rigour to Radical Visions”. Futures, 159, 103375. doi: 10.1016/j.futures.2024.103375. Véase también Langridge, N. (2026). Towards an ecological basic income: Examining unconditional basic income’s potential role in a degrowth transition. Tesis doctoral, University of Bath.

7 Generalitat de Catalunya, Departamento de Empresa y Trabajo (2026). Protocol d’actuació per prevenir els efectes de la calor en el treball. Abril de 2026.

Renta Básica Universal
Àlex Boso
Àlex Boso

És Científic Titular al CIEMAT. Durant set anys fou professor de sociologia a la Universidad de La Frontera, a Xile, on ha coordinat diverses recerques sobre pobresa energètica i vulnerabilitat hídrica. Des de l'any 2004 és membre de la Xarxa Renda Bàsica.

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