La diversidad en las aulas es una realidad. Y también lo es el derecho a una educación de calidad basada en la equidad, la igualdad de oportunidades y la voluntad de no dejar a nadie fuera. Pero, ¿de qué hablamos exactamente cuando hablamos de escuela inclusiva? ¿Y tenemos los recursos necesarios para hacerla posible?
Estas son siete claves para entender un debate que afecta no solo a la escuela, sino también al modelo de sociedad que queremos construir.
1. Una escuela para todo el mundo
La educación inclusiva en Cataluña se regula principalmente por el Decreto 150/2017, según el cual la escuela ordinaria es el modelo general para el conjunto del alumnado. La base del decreto es el concepto de una escuela para todo el mundo que no excluya a nadie. Excepcionalmente, las familias pueden solicitar la escolarización en un centro de educación especial en casos de discapacidad severa.
2. Alumnado NESE
El modelo educativo actual identifica al alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NESE, por sus siglas en catalán), una categoría que incluye necesidades educativas especiales, relacionadas a menudo con algún tipo de discapacidad o trastorno (NESE A), y situaciones de vulnerabilidad y diversidad (NESE B), como por ejemplo alumnas de familias con pocos recursos económicos o que han llegado de otros países y se han incorporado recientemente al sistema educativo.
3. Planes Individualizados
Existen Planes Individualizados (PI) que definen los apoyos y las adaptaciones del currículum para estudiantes que tienen, por ejemplo, dislexia, Trastorno del Espectro Autista (TEA) o Trastorno por Déficit de Atención e hiperactividad (TDAH).
Además, hay fórmulas de escolarización combinada y centros de educación especial que apoyan a los centros ordinarios: los conocidos como CEEPSIR (Centros de Educación Especial Proveedores de Servicios y Recursos).
4. La falta de recursos
Informes del Síndic de Greuges de Cataluña y otros organismos han destacado la falta de recursos económicos y humanos para atender con calidad al alumnado NESE, y reclaman más profesionales de integración social, educación social y personal especializado.
También han alertado de la falta de formación específica del profesorado y de las carencias en las actividades extraescolares. De hecho, estas han sido algunas de las demandas más reiteradas en las movilizaciones educativas del último año.
5. Más plazas, pero ¿son suficientes?
Ante estas carencias, el Departamento de Educación y Formación Profesional ha destinado una inversión de 93,5 millones de euros durante el curso 2026-27 para incorporar 425 nuevas plazas de Personal de Atención Educativa (PAE), la mayoría en educación especial, integración social, educación infantil y logopedia.
Aun así, el incremento continúa siendo insuficiente ante las necesidades de los cerca de 4.000 centros públicos y concertados que hay en Cataluña.
6. Los datos
El número de alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo ha aumentado de manera muy significativa durante los últimos años: según datos del Departamento de Educación, entre 2022 y 2025 el porcentaje ha pasado del 19% al 37%. En primaria y secundaria, más de 228.000 alumnos necesitan algún tipo de apoyo.
7. El debate que tenemos por delante
El Gobierno de la Generalitat ha abierto un debate social y político sobre el sistema educativo que incluye la revisión de la escuela inclusiva, en un contexto marcado por la sensación de desbordamiento de los profesionales y el aumento de la complejidad en las aulas.
Ante este escenario, la Plataforma Ciudadana por una Escuela Inclusiva en Cataluña reclama un discurso responsable y recuerda el derecho de los niños y las niñas a crecer y aprender sin ningún tipo de discriminación.
La cuestión de fondo, por lo tanto, quizás no es si Cataluña puede permitirse una escuela inclusiva, sino qué recursos está dispuesta a poner para que la inclusión sea real.
