Para la actualización de la Ordenança Civica, el Ajuntament de Barcelona volvió a convocar a su ciudadanía. Volvió a hablar de participación, de corresponsabilidad y de convivencia. Y volviño, también, a recordarnos que no toda escucha implica diálogo ni toda invitación supone capacidad real de decisión. El proceso participativo impulsado por el Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) para reformar esta normativa fue un buen ejemplo de ello: un despliegue impecable en lo formal que, sin embargo, dejó un regusto amargo a quienes aún creen que la ciudad puede pensarse colectivamente.
Sobre el papel, el objetivo parecía irreprochable. Promover el debate, contrastar argumentos y actualizar una normativa que regula —nada menos— el uso del espacio público. Una ordenanza que define calles y plazas como lugares de libertad, encuentro y pluralidad. Pero basta rascar un poco para comprobar que esa retórica amable convive con un impulso mucho menos lírico: reforzar el control, ampliar las sanciones y blindar una lectura securitaria de la vida urbana.
El proceso se articuló a través de dos canales ya habituales en la Barcelona contemporánea. Por un lado, la plataforma digital decidim.Barcelona, que recogió centenares de propuestas y comentarios. Por otro, una serie de encuentros presenciales repartidos por la ciudad. Centros cívicos, espacios juveniles, una audiencia pública final. El ritual participativo completo. Y, sin embargo, una pregunta flotando en el ambiente: ¿para qué se nos convocó exactamente?
Las sesiones presenciales —pocas, fragmentadas y con una asistencia muy limitada— dejaron entrever rápidamente los márgenes reales del debate. No se partía de cero. Había líneas rojas ya marcadas y prioridades claras para la administración: botellones, pintadas, ruido, consumo de alcohol, conductas incívicas. El léxico no es inocente. Nombrar es ordenar, y ordenar suele implicar jerarquizar qué molesta, a quién y por qué.
Buena parte de las propuestas ciudadanas recogidas giraron en torno a una idea recurrente: aplicar mejor la ordenanza existente. Más policía, más agentes cívicos, más cámaras, sanciones más elevadas. El civismo entendido como una cuestión de vigilancia. La convivencia reducida a una suma de comportamientos corregibles. El espacio público como escenario de potencial conflicto que debe ser gestionado, preferiblemente, desde el castigo. Este giro no sorprende. Encaja con una tendencia más amplia que atraviesa muchas ciudades europeas: gobernar la complejidad urbana a través de normativas punitivas que prometen orden a cambio de derechos. Lo llamativo, en este caso, es que ese desplazamiento se legitime mediante un proceso participativo que apenas alcanzó a unas pocas centenas de personas en una ciudad de más de un millón y medio de habitantes.
Durante la audiencia pública final, algunas voces trataron de romper el guion. Se habló del impacto real de la ordenanza sobre personas sin hogar. Del doble rasero con el que se persiguen ciertas prácticas mientras se toleran otras, especialmente cuando el turismo entra en juego. De la escasa contundencia frente a las terrazas que colonizan plazas mientras se criminaliza la venta ambulante. De la necesidad —urgente— de desvincular civismo y seguridad.
Porque quizá el problema no sea el civismo, sino la manera en que se ha convertido en una coartada. Una palabra comodín que permite intervenir sobre cuerpos, usos y presencias incómodas sin nombrar las desigualdades que atraviesan la ciudad. ¿Quién molesta cuando molesta? ¿Quién ensucia cuando ensucia? ¿Quién hace ruido y quién tiene permiso para hacerlo?
El proceso participativo, lejos de abrir estas preguntas, pareció funcionar como un dispositivo de validación de decisiones ya tomadas. Se escucha, sí. Pero se escucha dentro de un marco estrecho, con una agenda prefijada y unos resultados previsibles. La participación como escenografía. Como pedagogía institucional. Como mecanismo para redistribuir responsabilidades sin redistribuir poder.
Hablar de corresponsabilidad sin hablar de políticas públicas es, en el fondo, pedirle a la ciudadanía que gestione los efectos de problemas que no ha generado. No hay convivencia posible sin vivienda, sin servicios sociales robustos, sin espacios públicos pensados para usos diversos y no solo para el consumo. No hay civismo que aguante cuando la ciudad se convierte en un producto y sus habitantes en figurantes.
La oportunidad perdida es evidente. Barcelona podría haber impulsado un debate profundo sobre cómo queremos vivir juntos. Podría haber cuestionado el modelo de ciudad, los límites del turismo, la mercantilización del espacio común. En lugar de eso, opta por reforzar una ordenanza ya punitiva y revestirla de participación. Es la típica agenda del PSC. Parecer progre pero no serlo.
Participar para no decidir. Opinar para que otros decidan. Quizá el mayor gesto incívico no sea beber en la calle o hacer ruido, sino seguir llamando democracia a procesos que solo sirven para confirmar lo que ya estaba escrito.
