La fotografía es incómoda: Catalunya no financia adecuadamente ninguno de los tres pilares esenciales —educación, salud y servicios sociales— y lo hace de forma desigual, errática y sin un horizonte compartido.
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Ni el calor insoportable del verano ni las vacaciones, para quienes pueden disfrutarlas, han logrado ocultar una realidad que hace que Catalunya viva atrapada en una obsesión silenciosa: los porcentajes. Porcentajes del PIB, del presupuesto, del gasto social. Son omnipresentes en el debate público, los invocamos en cada discusión, pero no rigen nada. Funcionan como una religión civil de bienestar: los veneramos, los prometemos, los discutimos, los exigimos… Y, a pesar de todo, no cumplimos con ellos.
Si los observas detenidamente, este gran número de puntos porcentuales explica mejor que cualquier otro discurso la crisis estructural de nuestro estado de bienestar. La fotografía es incómoda: Catalunya no financia adecuadamente ninguno de los tres pilares esenciales —educación, salud y servicios sociales— y lo hace de forma desigual, errática y sin un horizonte compartido.
En educación, la única área con un mandato legal claro, la distancia entre lo que dice la ley y lo que permite el presupuesto es abismal. La Llei d’Educació fija el 6% del PIB, una ambición que contrasta con la realidad: entre el 2,7% y el 3,8%, dependiendo de lo que se cuente. La mitad de lo que el país prometió garantizar. Es la paradoja catalana: legislación ambiciosa y financiación modesta, indigna de un país que se proclama una «nación pedagógica».
En educación, la única área con un mandato legal claro, la distancia entre lo que dice la ley y lo que permite el presupuesto es abismal
La salud, en cambio, ni siquiera tiene un porcentaje mínimo establecido. Sin obligaciones, sin protecciones, solo recomendaciones internacionales que nos recuerdan que invertimos menos de lo que deberíamos. El gasto público es de alrededor del 4,1% del PIB, mientras que la media europea ronda el 8% si se tiene en cuenta el gasto público y privado. Las listas de espera, la atención primaria y la salud mental son el reflejo más duro de esto. Es el pilar que sostiene al país con una vocación universal, pero con recursos insuficientes y promesas recurrentes que nunca se consolidan del todo.
Los servicios sociales ocupan el último escalón, el más frágil e invisible. Un sistema municipalizado, disperso y obligado a responder a la complejidad social contemporánea con un presupuesto que no acompaña. Catalunya le destina el 1,7% del PIB, muy por debajo de los países europeos con modelos de bienestar sólidos, que están entre el 2,5% y el 3,5%. Sin mandato legal, sin porcentaje mínimo, sin garantía. Simplemente una cartera de servicios que crece más rápido que los recursos disponibles.
Si sumamos las tres áreas, el diagnóstico es inequívoco: Cataluña destina entre el 8% y el 9% del PIB al bienestar en general, mientras que los países que a menudo admiramos —Dinamarca, Suecia, Alemania— se mueven entre el 12% y el 15%. No es una diferencia técnica, es una diferencia política. Una forma de entender el país y sus prioridades.
Y esta diferencia se traduce en ratios educativas demasiado altas, listas de espera desesperantes, municipios saturados, profesionales exhaustos y derechos vulnerados que existen en el papel pero no en el presupuesto. Los tantos por ciento no son solo números: son decisiones morales, son prioridades colectivas, son la verdadera medida del compromiso con los derechos sociales. Y, en nuestro caso, también son prueba de que Catalunya ha construido un Estado del bienestar ambicioso en el discurso, pero insuficiente en financiación.
No es que no sepamos qué hacer. Simplemente, no ponemos los recursos necesarios para hacerlo. Malditos tantos por ciento, porque nos recuerdan, año tras año, que el país que decimos querer no coincide con el país que presupuestamos.
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