Aquí la versió en catalá
Hay momentos en política que explican mucho más que un programa de gobierno; momentos en los que una respuesta improvisada revela una determinada manera de entender la ciudad y el papel de las instituciones.
En la última Audiencia Pública de Ciutat Vella, varias vecinas interpelaron al concejal Albert Batlle por una realidad incontestable: el calor extremo que sufre el distrito. No hablaban de una incomodidad cualquiera. Hablaban de personas mayores que dejan de salir de casa durante días por miedo a desmayarse; de niños que no pueden dormir ni jugar porque las viviendas y los patios acumulan un calor asfixiante; de trabajadores que siguen desarrollando su jornada bajo temperaturas cada vez más extremas. Hablaban, en definitiva, de una emergencia climática que golpea con más fuerza a quienes tienen menos capacidad para protegerse.
Después de leer una respuesta cuidadosamente preparada, el concejal decidió añadir un comentario que, lejos de rebajar la tensión, acabó resumiendo una forma muy preocupante de entender el problema: «Una tía mía, que ya ha fallecido, decía que pasaba el verano en El Corte Inglés». A continuación recordó a los asistentes que Ciutat Vella está llena de comercios con aire acondicionado donde la gente puede entrar.
Puede parecer una broma inocente. Pero no lo es.
La realidad, nada graciosa, es otra: una emergencia climática cada año más intensa. Y cada año más mortal. Según la Agencia de Salud Pública de Barcelona, entre mayo y septiembre de 2024 el calor provocó unas 240 muertes en la ciudad, y en 2022 se contabilizaron en Cataluña 711 muertes relacionadas con las altas temperaturas. Lejos de mejorar, el problema se agrava: entre mayo y julio de 2025 Cataluña registró 370 muertes vinculadas al calor.
La realidad, nada graciosa, es otra: una emergencia climática cada año más intensa. Y cada año más mortal
Hablamos, por tanto, de una auténtica emergencia de salud pública que, además, no afecta a todo el mundo por igual. Un estudio de la Universidad Politécnica de Cataluña constata que el 28 % del parque residencial de Barcelona presenta una alta vulnerabilidad ante episodios de calor intenso, mientras que solo el 15 % de las viviendas, concentradas en los barrios más acomodados, disponen de un aislamiento térmico adecuado. En Ciutat Vella la situación es especialmente grave: el 92 % de la población vive en situación de riesgo de vulnerabilidad climática, y las temperaturas nocturnas pueden llegar a ser entre tres y cuatro grados superiores a las de otros barrios de la ciudad. No es casualidad. Un estudio reciente del Instituto de Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Barcelona confirma que los barrios con menor renta, mayor densidad urbana y viviendas más precarias son también los que registran temperaturas más elevadas.
Reducir este debate a pasar un rato en un centro comercial es banalizar el sufrimiento de miles de personas y la misma crisis climática. También delata una mirada profundamente clasista, ya que presupone que todo el mundo puede desplazarse, que todo el mundo tiene la salud necesaria para pasar horas caminando por tiendas, que todo el mundo es bienvenido en esos espacios privados y que el refugio climático de la ciudad debe depender del consumo privado. Quizá una respuesta así solo sea posible cuando el calor extremo se observa desde otras alturas de la ciudad. Cuando no hay que pasar noches tropicales en un quinto piso sin ascensor, cuando no hay que intentar dormir en una habitación que no baja de los treinta grados ni siquiera de madrugada. La crisis climática no afecta a todo el mundo por igual. Y gobernar exige comprender esa desigualdad, no hacer bromas sobre ella.
Además, mientras el concejal invita a la ciudadanía a refugiarse en comercios climatizados, Barcelona, y muy especialmente Ciutat Vella, está llena de tiendas con temperaturas absurdamente bajas mantenidas gracias a la expulsión continua de aire caliente hacia la calle, contribuyendo a calentar aún más el espacio público. Es difícil imaginar una metáfora más precisa de un modelo que privatiza el confort y socializa sus costes.
Mientras el concejal invita a la ciudadanía a refugiarse en comercios climatizados, Barcelona, y muy especialmente Ciutat Vella, está llena de tiendas con temperaturas absurdamente bajas mantenidas gracias a la expulsión continua de aire caliente hacia la calle
Lo más preocupante, sin embargo, es el mensaje de fondo. Cuando se trivializan las consecuencias de las olas de calor, cuando se responde con bromas a una preocupación fundamentada y cuando se ofrecen soluciones que ignoran las desigualdades sociales, se acaba desdibujando la gravedad de la crisis climática. No hace falta negarla explícitamente para que el resultado sea similar: basta con minimizar sus efectos y presentarlos como un problema menor que cada cual debe resolver por su cuenta.
Barcelona necesita gobiernos que escuchen, que entiendan que el calor extremo no es una anécdota ni un tema para hacer bromas. Pero Albert Batlle es el concejal que define el Raval como el «contenedor» donde Barcelona arroja aquello que no quiere; el que dice a las vecinas que vivir en barrios turísticos implica tener que asumir la masificación; o quien minimiza los problemas del ruido nocturno y elimina todas las medidas destinadas a combatirlo.
Los refugios climáticos no pueden ser los pasillos de las grandes superficies. Deben ser equipamientos públicos accesibles, plazas con sombra, fuentes públicas que funcionen, calles con árboles, viviendas rehabilitadas y una ciudad pensada para proteger la vida. Pero, sobre todo, Barcelona necesita gobiernos que no se limiten a adaptar la ciudad a la emergencia climática, sino que trabajen decididamente para frenarla: reduciendo emisiones, transformando el modelo de movilidad, descarbonizando la economía urbana y situando la salud de las personas en el centro de las políticas públicas.
Porque gobernar el calor no consiste en indicar a los vecinos y vecinas dónde pueden encontrar aire acondicionado. Consiste en construir una ciudad donde nadie necesite refugiarse de una emergencia climática que los gobiernos tienen el deber de combatir y la responsabilidad de no banalizar.
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