«Si ya hay suficiente sufrimiento en cualquier desahucio, imagina qué pasa cuando no te dicen ni el día ni la hora en que te vendrán a echar de casa. No sabes si puedes salir a trabajar, qué te podrás llevar ni qué deberás decir a tus hijos cuando llegue el momento». Este es el testimonio de Lourdes Garcia, afectada por un desahucio con fecha abierta, una práctica de ejecuciones hipotecarias que, según denuncian diversas plataformas y asociaciones vecinales, «incumple la legalidad», ya que la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) recoge la necesidad de fijar fecha para todos los desahucios.
Es para poner fin a esta práctica que todos los movimientos por el derecho a la vivienda de Barcelona se han concentrado ante la Ciudad de la Justicia para hacer llegar a la decana Mercè Caso una recopilación de quejas. «Nos queremos reunir con ella para poner sobre la mesa los datos alarmantes de desahucios abiertos que se están dando en la ciudad y para denunciar que tanto los bancos, como los grandes propietarios y las administraciones hacen uso de medidas fuera de la ley , siendo responsables del sufrimiento de muchas personas y no dando respuesta a la crisis habitacional», afirmó Llum Oliver, portavoz de la PAH.
La PAH, precisamente, es una de las entidades que forma parte de la Plataforma Prou Desnonaments Oberts, que cuenta con el apoyo de todos los movimientos por el derecho a la vivienda y con más de 200 adhesiones. Y es que los actores que conforman esta plataforma creen que la situación derivada de los desahucios abiertos se está volviendo «insostenible». Tal como se destila de los datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial, el 2017 se dieron 8 ejecuciones de este tipo, mientras que el 2018 la cifra se elevó a 48.
«Somos cobayas», se lamenta Lourdes García en referencia a quienes, como ella, son afectados por desahucios abiertos, práctica que se empezó a detectar de manera continuada el mismo 2018. En tanto que Barcelona tiene un año o un año y medio de lista de espera para la mesa de emergencia habitacional y que se dan una media de entre 10 y 12 desahucios al día, «estas prácticas ilegales no pueden tener cabida en la ciudad», denuncia Irene Delgado, también portavoz de la PAH.
Según la Plataforma Prou Desnonaments Oberts, esta práctica es «un ataque brutal a la solidaridad vecinal que cada mañana se planta en la calle para parar desahucios», apunta Delgado. Y es que ante la indefinición de la fecha del desahucio, no hay posibilidad de las entidades de convocar ninguna respuesta vecinal. «En 20 minutos te dejan en la calle, sin certeza de si podrás volver a recoger tus cosas, sólo con lo que llevas encima», explica García. «Sólo con la ayuda de los que se acercan se puede superar la angustia que supone un desahucio e incluso eso nos están negando», agregó, mientras las más de 200 personas concentradas en la Ciudad de la Justicia coreaban «Sí se puede, pero no quieren».
Ante el boicot a la organización civil y de la inseguridad de poder sufrir un desahucio estando fuera de casa, muchas personas «deciden, presas del miedo y la angustia, encerrarse en casa esperando a la comitiva judicial», denuncia la plataforma, por lo que también elevan queja sobre los desahucios abiertos como un problema de «salud social», contra el que lucharán «hasta las últimas consecuencias», afirman. Así, al finalizar la concentración, una comitiva formada por personas de diversas entidades que conforman la Plataforma ha entrado en la Ciudad de la Justicia a encontrarse con la decana Caso para entregarle las firmas recogidas contra esta práctica hipotecaria, mientras los concentrados cantaban «la fecha abierta, en tu puerta».
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