En los últimos años se ha hecho evidente una percepción creciente entre la ciudadanía y entre muchos analistas: una parte de la política institucional ha ido derivando hacia formas de gobernanza basadas en la táctica inmediata, la gestión del relato, la posesión de la razón y la supervivencia electoral. Esta percepción se ha acentuado en determinadas decisiones de dirigentes políticos —entre ellos Pedro Sánchez y muchos otros líderes europeos e internacionales— que han sido interpretadas como movimientos calculados, flexibles hasta la contradicción y orientados a mantener el control del relato más que a sostener un proyecto coherente. Ante este escenario, la pregunta que emerge es incómoda, pero inevitable: cuando el oportunismo se convierte en manera de hacer política, ¿qué pasa con la democracia?
Gabriel Rufián se ha convertido en el máximo exponente de esta realidad. No suele perder el tiempo con datos, evidencias empíricas o fuentes académicas. Y, sorprendentemente, esto no le impide ser un auténtico fenómeno del ruido digital, un ecosistema donde se mueve con la misma naturalidad que un pez en un acuario de likes. Ahora bien, confundir esto con hacer política es como confundir los fuegos de artificio con un debate serio: mucho color, mucha chispa… y nada que aguante más de diez segundos. ¿El resultado? Instituciones convertidas en pista de circo y un sentido democrático que se desvanece entre aplausos y memes.
Varias tradiciones teóricas ayudan a entender este fenómeno. Zygmunt Bauman hablaba de política líquida para describir instituciones menos sólidas y liderazgos adaptativos, que toman decisiones en función de la coyuntura más que del proyecto. Bernard Manin, con su idea de democracia de audiencia, advertía que los partidos se transforman en máquinas de comunicación y que los liderazgos se personalizan hasta eclipsar el programa. Caso Mudde y Ernesto Laclau han analizado el populismo como estilo, no como ideología, una manera de construir antagonismos y legitimidad a través del relato. Y Daniel Innerarity ha insistido en que la gobernanza de la crisis —esa sucesión de emergencias que parece no acabar nunca— genera incentivos para decisiones rápidas, justificadas por la urgencia más que por la visión. Todos estos marcos coinciden en un punto: cuando la política se desplaza hacia el corto plazo, la frontera entre estrategia y oportunismo se difumina.
Esta forma de hacer política presenta rasgos recurrentes que muchos observadores han identificado: una flexibilidad extrema del relato, que permite cambios de posición justificados como responsabilidad o pragmatismo, pero que a menudo responden a cálculos de supervivencia; una personalización del conflicto que convierte la política en un combate de liderazgos más que de proyectos; y una centralidad de la comunicación que hace que la decisión importe menos que la narrativa que la hace aceptable. No es un fenómeno exclusivo de un país ni de un líder: es un patrón que se repite en muchas democracias occidentales, donde la fragmentación parlamentaria y la volatilidad electoral generan incentivos para movimientos tácticos constantes.
El problema no es que los políticos hagan movimientos tácticos —esto es inherente a cualquier sistema democrático— sino que la táctica se convierta en el único criterio. Cuando la comunicación sustituye la deliberación y la narrativa sustituye a la institución, las consecuencias son conocidas y están ampliamente documentadas: erosión de la confianza institucional, debilitamiento de los partidos convertidos en vehículos personales, polarización emocional que transforma la política en un combate de relatos y una sociedad desorientada, incapaz de identificar cuál es el proyecto de país más allá de la coyuntura. Muchos autores coinciden en que la política necesita estrategia, pero también necesita coherencia; cuando la primera devora la segunda, la democracia se hace más frágil y aparece la desafección de la ciudadanía.
También hay quien defiende que la adaptabilidad es imprescindible. Las coaliciones son frágiles, las crisis son constantes y la realidad cambia a una velocidad que ningún programa puede prever del todo. Desde esta mirada, lo que algunos llaman oportunismo puede ser interpretado como pragmatismo adaptativo. Este debate es legítimo y necesario, pero no puede ocultar la cuestión de fondo: ¿cómo garantizamos que la flexibilidad no se convierta en arbitrariedad?
Desde mi experiencia en el tercer sector, la gobernanza democrática y el análisis institucional, creo que hay caminos posibles para reforzar la calidad democrática y contrarrestar esta deriva. Hay que recuperar la política de proyecto con planes de legislatura claros y verificables, evaluación independiente de las políticas públicas y compromisos programáticos que no se disuelvan en el relato. Hay que institucionalizar la participación con consejos ciudadanos estables, presupuestos participativos con impacto real y procesos deliberativos para decisiones estructurales. Hay que reequilibrar el poder comunicativo con transparencia radical, límites al uso partidista de la comunicación institucional e indicadores de calidad democrática en la comunicación pública. Y es necesario reforzar la cultura política con educación cívica orientada a la deliberación, alianzas entre universidades, tercer sector y administraciones, y un reconocimiento explícito del trabajo comunitario y asociativo como infraestructura democrática.
El oportunismo puede ser una técnica política. Pero cuando se convierte en estilo de gobierno, la democracia pierde grosor, profundidad y credibilidad. La cuestión no es sólo qué hacen los líderes, sino qué ecosistema democrático construimos para que la política vuelva a ser proyecto, compromiso y servicio público. Quizás la pregunta no es si el oportunismo es política, si no qué política queremos que sea posible.
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