Ha estallado como un trueno. La vigilia del 71º Día Mundial de los Derechos Humanos, el Síndic de Greuges de Catalunya declaró en la SER a preguntas de Josep Cuní, que «aunque desconozco si las listas de espera sanitarias catalanas son las más largas de España, uno de los déficits que tiene la sanidad en Catalunya es que tiene un sobrecoste por la gente que viene a intervenirse». Y a continuación añadía que «aen la institución trabajan para acortarlas»
Lo que dice es mentira
Las listas de espera están en alza – 168.108 personas estaban esperando una operación en Catalunya a finales de junio, un 7% más que en 2016. Es la comunidad del Estado con las listas más largas. Y con menos inversión en sanidad. Existe desde 2001 un Fondo de Cohesión Sanitaria para financiar estas derivaciones, aunque desde 2015 no tiene un presupuesto designado como tal y su gestión está actualmente en manos de las Comunidades Autónomas.
Según cálculos del Departamento de Salud de la Generalitat, el impago por atender pacientes ajenos suma 170 millones de euros, aunque habría que aplicar el cálculo del saldo – restar todos los pacientes que han sido atendidos en otras comunidades – y así tipificar lo que queda pendiente. Una cifra que no tiene significación financiera para justificar los graves déficits sanitarios y que, a criterio de expertos cercanos a las administraciones, son el «chocolate del loro» frente los más de 8.000 millones del presupuesto de sanidad. En cuanto al número de pacientes que son derivados desde otras comunidades para ser atendidos en Catalunya, estos representan un 1% de los pacientes de nuestro sistema sanitario, según fuentes acreditadas.
¿Qué hace un «defensor del pueblo»?
El verdadero agravio es él mismo en una tarea larga e insostenible de ineficacia, cobertura de los errores y los horrores de las Administraciones y con gran dedicación a digerir las fechorías perpetradas (por acción y omisión) por el Govern de la Generalitat y sus consejerías.
El Síndic de Greuges es una institución que ya arrastraba críticas razonables: 6’3 millones de euros de gasto anual, 22 técnicos asesores y una cifra alrededor de 40 personas trabajando en la sede de Passeig Lluis Companys. Pero sobre y ante todo, su titular, el señor Rafael Ribó: más de 15 años en el cargo, desde julio de 2004, con un salario publicado de 138.000 €/año.
Es necesaria, aunque sea breve, una pequeña ilustración sobre la carrera política de este señor de la burguesía barcelonesa. Ribó estuvo adscrito a la izquierda ecosocialista y fue líder del PSUC, así como de ICV. Proviene de familia conservadora -su padre fue secretario económico de Francesc Cambó- y fue diputado en el Parlament y en el Congreso.
Una trayectoria que da para hablar
Es una realidad pública y notoria entre los colectivos y entidades sociales que este peculiar «defensor del pueblo» de la gauche divine se ha caracterizado por su ineficiencia demostrada. Los presuntos agravios a la ciudadanía que ha tratado han sido mayoritariamente entrados a trámite sin ningún tipo de resolución. Esto de forma muy especial en todo lo relacionado con salud y sanidad.
Amigo y muy comprensivo con los Gobiernos catalanes (sobre todo nacionalistas), ha adquirido un perfil público de dureza imperturbable ante los agravios pero con una falta de empatía hacia la ciudadanía agraviada. El recurso de amparo al «defensor» se lee popularmente como una última opción desesperada de casos casi perdidos con la casi certeza de su inutilidad. El último callejón sin salida de la rabia y la desesperación frente lo vivido y percibido como injusto.
Y ahora, ¿qué?
Las declaraciones de Ribó son, deben ser, un verdadero punto final de esta trayectoria. No resulta muy comprensible tanta crudeza en boca de un representante de la Institución que atiende y vela por los intereses de la ciudadanía más castigada, débil, necesitada (con independencia hasta aquí de las razones jurídicas, o no). Esta vez llega a ubicarse dentro del escándalo y la xenofobia.
Pero además lo que dice es insostenible por mentira absoluta. Sólo podría explicarse como una escapatoria falaz para rehuir el tema y justificar el verdadero desastre de la sanidad catalana actual (y en caída libre). ¿Quizá no sabía que era mentira? Suelta su grave acusación sin ofrecer ni referenciar ningún dato, algo impropio en una autoridad pública de algún rigor. Realmente si con todo el equipo y medios de los que goza no tenía conocimiento, queda patente su total incapacidad para ejercer la tarea debida y la única salida decente es la dimisión personal o el cese.
Pero si era consciente y sabedor, no puede estar ni un minuto más al frente de la Sindicatura. Ya no es sólo una cuestión de eficiencia, rigor o despilfarro de recursos públicos, que también. Es ante todo un insulto al pueblo que figura que defiende, un mensaje que ataca la solidaridad, la fraternidad, la convivencia y los valores democráticos. De xenofobia y desprecio que no puede quedar impune.
¡Hasta aquí! Pedimos la dimisión inmediata. Necesitamos un, o una Síndica de Greuges de verdad
2026 Catalunya Plural.