Análisis

Un conflicto en la facturación refuerza la tensión entre Agbar y el ayuntamiento barcelonés

El mes de septiembre trajo una desagradable sorpresa a muchos ciudadanos de Barcelona y de su área metropolitana: una subida sorprendente en el recibo del agua que supuso, en algunos hogares de tres o cuatro personas, pagos superiores a los 250 euros. En un contexto de crisis social y económica derivada de la pandemia por la Covid-19, el incremento en la facturación indignó a muchos de los afectados.

El problema tiene su origen al confinamiento estricto decretado por el gobierno español a mitad de marzo y que se alargó durante casi dos meses. Con la voluntad de garantizar la seguridad de clientes y personal, «Aigües de Barcelona suspendió la prestación del servicio de lectura física de contadores, entendido como accesorio de la prestación obligatoria, básica y esencial que es el suministro de agua potable», explican fuentes de la compañía concesionaria.

El parón de la lectura real afectó al 58% de los hogares metropolitanos, que no disponen de un contador automático y requieren de lectura física. En estas casas la gente seguía consumiendo agua y las facturas seguían llegando. «Se procedió a la facturación atendiendo a un consumo estimado calculado según los consumos del mismo periodo del año anterior», explican fuentes de Agbar, que recuerdan que así se contempla en el artículo 60 del Reglamento del servicio metropolitano del ciclo integral del agua.

Agbar defiende que tanto la medida de suspender las lecturas presenciales como la de facturar a partir de estimaciones cumplen la regulación propia del área Metropolitana de Barcelona (AMB). Con todo, matizan que “la normativa no estaba adaptada para afrontar una pandemia como la que estamos viviendo y, por eso, fue corregida por la AMB como administración titular”.

La empresa concesionaria admite que el salto de tramo en sentido ascendente se dio en el 20% de sus clientes. Con todo, aseguran que «en el que a consumo de agua se refiere, sólo un 6% de los clientes de Aigües de Barcelona han tenido un impacto superior a 5€». Los datos, pero, también pueden tener una lectura diferente. Aunque haya pocos casos con un impacto importante, fuentes del Ayuntamiento de Barcelona explican que entre las primeras rectificaciones la media de devoluciones que está haciendo Agbar es de 50€.

Badia asegura que «estamos enfadados y nada satisfechos con como están abordando este problema»

En efecto, Aigües de Barcelona, a instancia de la AMB porque es quien «indica a la compañía como facturar y ejecuta lo que se le indica y así se está procediendo», ha empezado a rectificar la facturación. Eloi Badia, regidor de Emergencia Climática y Transición Ecológica de Barcelona, explica que ya se ha regularizado el caso de 60.000 hogares afectados.

Aun así, Badia se muestra muy disconforme y decepcionado con la gestión que ha hecho la concesionaria. «Primero decían que sólo había afectado al 1% de usuarios, cuando ha sido la mitad de entre el 40% que no tiene contador automático. Decían que el cambio de tramo sería irrisorio, pero la media de rectificaciones es de 50€. Les dijimos que lo arreglaran en quince días y nos dijeron que era imposible», se queja el regidor barcelonés. Badia asegura que, en un principio, Agbar «proponía hacer la rectificación sólo a quien lo pidiera, y los dijimos que ni pensarlo: tenía que ser de facto y para todo el mundo».

El regidor avanza que, finalmente, Agbar se ha comprometido «a partir de noviembre a no emitir ninguna factura más que no esté regularizada». La decisión no complace a la fuente consistorial: «Hasta el 14 de noviembre han podido llegar. Es decir, que habrá gente que hasta la factura del 14 de enero no tendrá arreglado un problema que quizás se ocasionó en julio».

Cúmulo de coincidencias: nueva tasa municipal

A los problemas derivados de no poder hacer la lectura física durante los meses de confinamiento severo, hay que añadir, en el caso del municipio de Barcelona, otro factor que ha encarecido la factura. Desde el segundo semestre del año la población de la capital catalana paga un nuevo impuesto para la gestión de los residuos que, en el caso de los hogares sin contador automático, se ha juntado con una posible infraestimación y consiguiente salto de tramo.

«Se aprobó una recaudación de 18 millones de euros, a pesar de que acabará siendo menos porque se han aplicado bonificaciones sociales, sobre todo en clave Covid. Como tenemos un millón de contratos, salen a unos 18 euros al año por hogar, o unos seis euros entre los tres recibos», explica Badia.

Agbar ha orientado su discurso a considerar que esta nueva tasa era la causa principal del incremento del volumen de las facturas de las casas barcelonesas. «Se ha incluido en las facturas del agua en el municipio de Barcelona una nueva tasa que no tiene nada que ver con el consumo de agua, y que supone un aumento del 19% en una factura tipo», defienden fuentes de Aigües de Barcelona. «Entre los meses de marzo y mayo hubo un incremento del 9,6% en el consumo doméstico respecto al mismo periodo del 2019. Además, en junio acabó la bonificación que la Agencia Catalana del agua aplicaba al canon de la agua”, añaden.

Entre las primeras rectificaciones la media de devoluciones que está haciendo Agbar es de 50€

Si bien reconoce que a la población de la ciudad de Barcelona se le ha juntado la nueva tasa con la infraestimación de Agbar, Badia rehúsa colocar los dos conceptos en un mismo plano. Por un lado porque “la tasa supone una media de 6€ por factura y la media devuelta por Agbar es de 50€”. Además, “una cosa es una votación democrática de un impuesto y la otra es un error. Que un ayuntamiento apruebe un impuesto no es grave. Es un procedimiento democrático. Que una concesionaria facture de más 7 millones de euros tiene una gravedad absoluta», compara el regidor.

El jefe de la concejalía de Emergencia Climática y Transición Ecológica de Barcelona insiste en que “puedes estar o no de acuerdo” con la creación de una tasa, pero no es comparable a un «error garrafal al hacer la contabilidad» que comportó que Aigües de Barcelona «cobrara de forma indebida» hasta 7,4 millones de euros, según asegura Badia.

Además, defiende que la tasa sólo afecta la ciudadanía de Barcelona y el salto de tramo ha afectado “centenares de miles de personas” del resto del área metropolitana: “Decirle a una persona de Sant Climent de Llobregat que la subida es por la nueva tasa de residuos de Barcelona no tiene ni pies ni cabeza», protesta.

En cuanto a la tasa de residuos que se incluye con la factura de agua, Badia apunta que es fruto de un acuerdo con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para hacer frente a la nueva contrata del servicio de limpieza y residuos de la capital catalana, que aumenta en 50 millones de euros. “Un crecimiento de estas características necesitaba de un instrumento financiero”, defensa. “Hay un consenso en todas las instituciones, sectores sociales y empresariales de que hay que incentivar las buenas prácticas en gestión de residuos y penalizar cuando no se hace de forma correcta”, añade para defender el nuevo contrato más caro.

Sobre el hecho de ligarlo con el consumo del agua, el regidor explica que “los informes dicen que es un mejor vector que el IBI para hacer la aproximación. Hay cierta correlación entre el consumo de agua y la generación de residuos». Con todo, reconoce que la idea es acabar vinculando el impuesto a la generación real de restos y que su inserción en la factura del agua es provisional hasta que no se haya implementado la recogida puerta a puerta y los contenedores inteligentes. «Nos vamos acercando al comportamiento individual y colectivo de los residuos», asegura Badia.

Con todo, utilizar la factura del agua como herramienta provisional hasta que el sistema de residuos individualizado esté implementado no convence el Asociación Ciudadana por el acceso Universal al Agua (ACUA). El «grupo de ciudadanos preocupado por la complejidad de la gestión del agua a la sociedad» pide «un ejercicio de transparencia para que la ciudadanía sepa qué paga y por qué pagamos lo que nos cobran». En este sentido, opinan que «urge separar y diferenciar los servicios en facturas diferentes».

Agbar y Ayuntamiento, tensión constante

El presente es sólo un capítulo de la mala relación entre Agbar, la empresa concesionaria para la gestión del ciclo del agua en el área metropolitana barcelonesa y propiedad de la multinacional Suez, y el equipo consistorial de Ada Colau. Desde su llegada en la plaza de Sant Jaume en 2015, el gobierno municipal dirigido por Barcelona en Comú (BeC) ha apostado sin éxito por la municipalización del servicio del agua.

El conflicto, que ha tenido mucho recorrido en los tribunales, llegó a un punto clave en noviembre del año pasado, cuando el Supremo falló a favor de la empresa mixta de Agbar, avalando su derecho a explotar el servicio. Un golpe encajado por un gobierno municipal que había hecho de la municipalización del agua un punto fuerte de campaña. Sin embargo, no han cesado las tensiones con la empresa.

«Que un ayuntamiento apruebe un impuesto no es grave. Que una concesionaria facture de más 7 millones de euros tiene una gravedad absoluta»

«Podríamos haber ido a Consumo e iniciar un procedimiento contencioso-administrativo», avisa Eloi Badia, regidor de Emergencia Climática y Transición Ecológica de Barcelona. Con todo, esto no ha pasado porque la empresa, tal como se defiende, «cumple el reglamento» y ha acatado la demanda de devolver los 7,4 millones de euros.

Aun así, Badia asegura que «estamos enfadados y nada satisfechos con cómo están abordando este problema». Consideran que la respuesta ha sido lenta, mala y que, al mismo tiempo, Agbar lo ha comunicado de forma que ha «generado confusión intencionadamente». «Hay un problema grave de desinformación, de falsedades y de generar indefensión ante el usuario. Es una actitud preocupante y de forma reiterada», espeta el regidor.