La asociación en favor de los derechos Amnistía Internacional (AI) ha publicado un informe, partiendo de un análisis de datos y de entrevistas con organizaciones y personas expertas del ámbito de la sanidad y de la atención a la gente mayor, que asegura que las residencias de gente mayor «tienen carencias importantes en el modelo y que la pandemia de la Covid-19 las ha hecho más patentes».
Como consecuencia, las personas usuarias de las residencias han visto vulnerados «al menos cinco derechos humanos», según denuncia AI al informe. «En las residencias se ha violado el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación de las personas ancianas. Además, las decisiones de las autoridades han impactado también en el derecho a la vida privada y familiar y en el derecho a tener una muerte digna», expone Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
Los derechos a que hace mención la organización se encuentran recogidos en tratados internacionales ratificados por el Estado español, como son el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Según el jefe de Amnistía en España, «una emergencia sanitaria no es excusa para no atender adecuadamente a las personas ancianas. Las residencias no son aparcamientos de gente mayor. Los derechos humanos, incluido el derecho en la salud, no pueden depender del grado de dependencia».
Discriminación en la atención sanitaria
Amnistía considera que la gente mayor que vive en centros residenciales vio vulnerado su derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación por edad cuando, durante el primer pico de la pandemia y con los centros hospitalarios colapsados, no eran derivados en caso de necesidad. «La decisión práctica de no derivar a las personas ancianas enfermas a los hospitales se aplicó de forma automatizada y en bloque, sin llevar a cabo valoraciones individualizadas», asegura la organización en el informe.
El protocolo del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) aconsejaba no ingresar a los mayores de 80 años en las unidades de cuidados intensivos, si bien daba prioridad al criterio del médico del paciente en cada caso. Ahora bien, Amnistía recuerda que «en tanto que muchos no tenían la capacidad de consultar a un médico, el resultado era el mismo: denegación de cualquier modalidad de asistencia sanitaria adecuada».
Amnistía, que centra su estudio en las dos comunidades del Estado con más muertes acumuladas en residencias con síntomas compatibles de coronavirus, confirma que «hubo personas ancianas residentes necesitadas de atención médica que no pudieron acceder a un tratamiento adecuado de posible Covid-19 u otras patologías que sufrían, ni en el hospital, ni en la residencia, como habían anunciado las autoridades».
«La gente mayor son ciudadanos de pleno derecho y todo el mundo se permite decidir qué hacer con ellos como si fueran muebles»
La Generalitat, como otras instituciones, anunció la «medicalización» de los centros residenciales. Pero esta medida no se ha implantado. Según Amnistía porque «además de no ser materialmente viable transformar una residencia en un hospital, el incremento de dotación de recursos como por ejemplo personal o materiales, nunca se llevó a cabo». «Para ellos medicalizar quiere decir poner oxígeno, pero realmente sería hacer un pseudosociosanitario dentro de las residencias», defiende Helena Motos, referente de Sanidad de CCOO Terres de Lleida.
Piensa lo mismo María José Carcelén, portavoz de la Coordinadora de Residencias 5+1: «Instalan oxígeno en algunas residencias y llevan alló a los positivos sin hacer ningún otro cambio. ¿Qué medicalización es esta si no tienes servicio médico ni enfermería las veinticuatro horas? ¿Cuando no puedes poner ninguna vía porque no hay personal de enfermería?», se pregunta.
«Muchas de las personas residentes no contaron con asistencia sanitaria adecuada, quedaron excluidas de la derivación hospitalaria de manera generalizada y tampoco recibieron la atención que necesitaban en las residencias», resume AI. El resultado es, según datos de la Generalitat recogidas por la ONG, que 3.198 personas ancianas murieron entre marzo y mayo en residencias catalanas sin ser trasladadas a un hospital.
En otros casos no tan fatales, Amnistía ha documentado y agrupado testigos que reportan como «la combinación de falta de personal, de recursos y el obligado aislamiento en caso de sospecha de Covid-19» produjeron en algunos casos «la desnutrición, la deshidratación y un rápido deterioro e impacto emocional a las personas grandes en residencias». AI también alerta que otras patologías quedaron sin la atención merecida: «Los problemas de llagas, úlceras o depresión, muy comunes entre las personas ancianas residentes, no fueron tratados adecuadamente en numerosas residencias de Catalunya y de la Comunidad de Madrid», dice al informe.
«En ambas comunidades hubo momentos en los que no se hicieron ingresos en hospitales, y las pocas derivaciones que se produjeron, fueron la excepción y a veces ya fatalmente tardías. Esta discriminación atenta gravemente contra sus derechos», sentencia Amnistía Internacional.
Degradación del derecho en la vida privada y familiar
Más allá de los aspectos más estrechamente relacionados con la salud física, Amnistía Internacional también pone el foco en un punto necesario para la buena salud mental y para el mantenimiento de las capacidades cognitivas de las personas, y más en particular de edades más avanzadas. AI recuerda que, en aplicación de los protocolos, las residencias vivieron un «cierre de facto» de cara a los familiares y también, en algunas ocasiones, el encierro de las personas ancianas en sus habitaciones por largos periodos.
Todo ello, así como la cancelación de las actividades rutinarias de ocio o de actividad física y cognitiva, «contribuyeron a la soledad de las personas residentes y a su rápido deterioro«. Este hecho, explica Amnistía, vulnera los derechos de la gente mayor a la muerte digna y al respecto a la vida privada y familiar.
Amnistía recuerda la obligación del Estado de proteger a todas las personas por parte de terceros, incluidas empresas
Algunos de los centros residenciales, como medida provisional durante el confinamiento estricto en el que los familiares tampoco habrían podido visitar los residentes, habilitaron llamadas telefónicas o con video de forma periódica. Con todo, el trabajo de campo realizado por Amnistía reporta que «la mayoría de las familias han explicado que las comunicaciones con sus estimados que residen a residencias eran, mayoritariamente, limitadas e insatisfactorias».
En muchos casos los familiares «no se beneficiaban de la interacción» y las llamadas eran «poco frecuentes y mal organizadas», explican los testigos que recoge Amnistía. La problemática era todavía más grande en los casos de pacientes con demencia o deficiencias auditivas. Además, la organización asegura que «muy pocas residencias implementaron un sistema de llamadas o videollamadas adecuado para compensar la falta de contacto físico con las familias». El hecho de que el personal de la residencia, destinado a otras tareas, se tuviera que hacer cargo de intervenir en las comunicaciones con la familia no favoreció a la agilidad de las llamadas.
Con el inicio de la desescalada algunas residencias han permitido visitas de forma semanal o con una cierta periodicidad, siguiendo los protocolos de Salut Con todo, la Coordinadora de Residencias 5+1 asegura que no todas lo han cumplido. «Hay residencias verdes [aptas para visitas] donde los familiares no han podido entrar porque una empresa ha decidido imponerse a los derechos constitucionales de las personas», asegura María José Carcelén, portavoz de la plataforma. Por eso, en septiembre interpusieron un recurso por vulneración de derechos fundamentales que todavía no se ha resuelto. «La gente mayor son ciudadanos de pleno derecho y todo el mundo se permite decidir qué hacer con ellos como si fueran muebles», se lamenta Carcelén.
Toque de atención a la administración catalana
La ONG ataca con dureza a todos los ejecutivos que han estado en el cargo durante la pandemia. Dado que el informe se centra especialmente en las dos comunidades más afectadas por muertes en centros residenciales, el gobierno de Ayuso en la Comunidad de Madrid y el de Torra y Aragonès en Catalunya son los más atacados. «Las medidas adoptadas por las autoridades han sido ineficientes e inadecuadas. Se implementaron de forma incoherente y no llegaron a dotar del acceso adecuado a los servicios de salud a las personas ancianas que viven en residencias», dice Amnistía Internacional.
El análisis concluye que los protocolos carecían «de uniformidad y claridad de criterios en la intervención» y eran imposibles de aplicar porque «no había capacidad de asumir las necesidades de asistencia sanitaria de todas las personas residentes afectadas o con sintomatología compatible de Covid-19, pero tampoco para dar continuidad y cuidado a las necesidades diarias».
Lourdes Bermejo, vicepresidenta de Gerontología de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG), que afirma en declaraciones a AI que «no nos preparamos bastante. Pensamos que había información científica proveniente otros países como para intuir la importancia y gravedad de la situación». «Si se hubieran tomado medidas antes se habría evitado la irrupción del virus en muchas residencias tan rápidamente», se lamenta.
«No podemos deshumanizar y no podemos mercantilizar, que es el que se está haciendo»
Amnistía recuerda, por ejemplo, que durante las primeras semanas de la pandemia «el personal de las residencias no contó con la protección adecuada ni tuvo el acceso a tests, lo que produjo contagios y dificultades para implementar las directrices». La organización hace patente que, a diferencia de lo que pasa con el personal de centros hospitalarios, no hay ningún registro del número de trabajadoras y trabajadores de residencias de gente mayor y sociosanitarios que se ha infectado o muerto por Covid-19. AI asegura que ha podido documentar que, entre marzo y el abril, hubo casos de residencias donde más del 50% del personal estaba de baja.
En Catalunya la situación se ha agravado todavía más por el hecho de que la competencia de las residencias se ha alternado durante la pandemia entre el Departamento de Treball, Afers Socials i Família, que las gestiona normalmente, y el de Salut, que adoptó las competencias. Si bien las dos conselleries corresponden a ERC y han llegado a acuerdos compartidos, la carencia de un referente claro y la coordinación entre departamentos no ha favorecido a la claridad de la gestión de la pandemia. «La gestión a medias es como estar en tierra de nadie. Nunca sabes hacia donde tienes que ir», resume Helena Motos, Referente de Sanidad de CCOO Tierras de Lleida.
El debate sobre el modelo residencial
Un acuerdo entre las dos conselleries relacionado con las residencias durante la pandemia fue el anuncio de la voluntad de crear un operador público que las gestionara. Todo el arco parlamentario coincidió en la necesidad de reformar el modelo de las residencias, así como lo hacen las organizaciones del sector.
Buena parte del problema, según reporta Amnistía, es cuestión de la infrafinanciación y de los numerosos años de recortes presupuestarios. «La denegación del derecho a la salud a personas grandes está fuertemente vinculada con las medidas de austeridad y la infrafinanciación de la sanidad en el Estado español», aseguran. Para conseguir un modelo de residencias que realmente sean el hogar de la gente mayor y que estén preparadas para momentos de tensión sanitaria habría que «incorporar ratios de diferentes perfiles profesionales y redefinir las características de las habitaciones», apunta Amnistía.
Es del mismo parecer Motos, que cree que no hay problema en medicalizar las residencias, pero «con personal adecuado y con un reconocimiento profesional del sector». El segundo aspecto supondría una mejora económica para las personas que trabajan. Algo a lo que, según Motos, las patronales se oponen. «Más del 70% del sector es privado y esto quiere decir que hay que obtener beneficios y, por lo tanto, no tienen interés en que se profesionalice el sector porque habría que pagar más y las ratios se tendrían que revisar», argumenta.
Según la sindicalista es necesario un «cambio drástico del modelo», puesto que actualmente se prioriza el beneficio económico al bienestar de la gente mayor. «Las macroresidencias son una fábrica de hacer dinero. Tener 180 o 200 camas es una barbaridad, porque los abuelos pierden toda la identidad y la capacidad de hacer lo que quieran. Tienen una hora marcada para todo y la atención centrada en la persona es una falacia para tener las conciencias tranquilas». Motos explica que este tipo de atención «implica un coste económico que las empresas no están dispuestas a pagar».
La referente de Sanidad de CCOO en las Terres de Lleida ataca el gobierno catalán de defender «la pública» pero «continuar con las licitaciones de las residencias públicas». Asegura que hay «poco interés político» y el panorama es que las grandes empresas y los fondos extranjeros seguirán beneficiándose del sector, especialmente cuando de aquí a una década los primeros bebés nacidos durante el babyboom español lleguen a edades más avanzadas. «No podemos deshumanizar y no podemos mercantilizar, que es lo que se está haciendo«, concluye.
Acciones para no repetir el desastre
Amnistía Internacional considera que en los meses que han pasado desde la primera ola «se han mejorado determinados aspectos». Concuerda con este hecho que, en los momentos actuales y con los hospitales menos saturados que durante el primer golpe de la pandemia, sí que se estén haciendo más derivaciones a los hospitales. Con todo, AI considera que «algunas de las preocupaciones de derechos humanos hacia las personas grandes siguen vigentes en la segunda oleada de pandemia que estamos atravesando».
«En las macroresidencias, la atención centrada en la persona es una falacia para tener las conciencias tranquilas»
Por ejemplo, «las disposiciones en los protocolos de derivaciones de Madrid y Catalunya, que recomiendan tratar a las personas ancianas en las residencias y no trasladarlas a los hospitales, resultaron discriminatorias y todavía no han sido modificadas», apunta AI. De hecho, la Coordinadora 5+1 denuncia que el traslado de usuarios con Covid-19 de unas residencias a otras habilitadas para acogerlos es «demencial» y busca «ahorrar con la vida y la atención sanitaria de la gente mayor». «Trasladar pacientes positivos entre residencias es todo lo contrario a alejar el riesgo de los centros», dice Carcelén, quien opina que la única solución es crear nuevas residencias únicamente para casos positivos o «llevarlos a los hospitales y darles una buena atención médica».
Por eso, Amnistía, dada la gran incidencia del virus en las residencias y la situación de vulnerabilidad de quien vive, insta a las autoridades a adoptar «medidas de prevención, detección, control y vigilancia para garantizar el acceso de los residentes a una atención sanitaria adecuada y sin sufrir discriminación». Recuerda también la obligación del Estado de proteger a todas las personas «contra el abuso de los derechos humanos por parte de terceros, incluidas las empresas», en referencia al hecho de que la mayoría de ancianos residentes viven en centros privados o concertados.
A corto plazo AI exige que las «decisiones sobre la atención médica en las residencias se tomen según evaluaciones individualizadas» y que se eliminen las disposiciones de los protocolos de derivación que «pueden llevar a medidas discriminatorias» en el acceso a la atención sanitaria. También piden que el régimen de visitas se garantice y se considere prioritario para el interés de las personas residentes.
Con la mirada más amplía, Amnistía considera que el gobierno del Estado tiene que impulsar una «ley que establezca un modelo residencial que garantice los derechos de las personas residentes en todo el Estado», así como una «investigación independiente» para valorar las actuaciones durante la pandemia y saber «si se han respetado los derechos y la seguridad del personal cuidador» o si fueron adecuadas «las medidas tomadas por las autoridades autonómicas en materia de supervisión de las residencias».
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