Muertos en el “laberinto de la burocracia”. Así define la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales la situación en la cual han perdido la vida 51.540 personas en el estado español; esperando a recibir las ayudas a la dependencia este año. Los datos, actualizados a finales de noviembre, revelan que cada nueve minutos muere en el Estado una persona que estaba esperando a cobrar la ayuda.
En los once meses cumplidos de 2020, 31.976 personas que tenían el derecho reconocido a recibir la prestación han muerto en el Estado sin cobrarla. A esta cifra se le suman 19.564 personas con el expediente pendiente de valoración. La suma, que demuestra la saturación del sistema y la poca agilidad que juega en contra de unas personas a menudo en edades muy avanzadas, llega a los 51.540 decesos a falta de conocer el balance del último mes del año.
De hecho, la persona media demandante de esta subvención es de edad avanzada, puesto que el 71,7% de los beneficiarios actuales tienen 65 años o más. Más concretamente, el 53,7% tienen o superan los 80 años. La casuística provoca que tantas personas pierdan la vida sin haber recibido nunca la ayuda o sin que el trámite se haya resuelto. Con todo, el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) recuerda que «el 83,13% de las personas con derecho a prestación que han causado baja este año ya estaban recibiendo su correspondiente prestación».
El tiempo medio de tramitación del caso en el Estado es de 426 días y en Catalunya de 576
José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, felicita al gobierno español por un proyecto de ley de presupuestos «donde se revierten los recortes del sistema». Con todo, considera que «urge lograr los acuerdos necesarios en el Consejo Territorial para implementar de manera inmediata el reparto del nivel acordado”.
Ramírez recuerda que «cada nueve minutos muere en España una persona atrapada al laberinto burocrático de la ley de dependencia» y considera que, «dado el dramatismo de los datos, sería imperdonable que los electoralismos a corto plazo y los tacticismos se impongan a la solución de una auténtica emergencia humanitaria que viven las personas independientes».
Catalunya, la comunidad más afectada
En cuanto a la distribución por comunidades autónomas, la región del Estado donde más personas han muerto sin haber recibido la prestación de dependencia a la que tenían derecho o sin saber si les correspondía es Catalunya, con 13.134 decesos hasta el mes de noviembre. En el segundo lugar se encuentra Andalucía con 10.994 personas muertas a la espera de recibir la prestación y la tercera plaza es para la Comunidad de Madrid, con 5.049 personas.
El podio de las muertes en el “laberinto de la burocracia” concuerda con los datos de población, puesto que son las tres más habitadas del Estado. Con todo, Catalunya es la segunda comunidad en población por detrás de Andalucía, mientras que en términos de personas muertas esperando la ayuda de la dependencia se altera el orden.
No en vano, la catalana es la comunidad del Estado con más expedientes por resolver en número total y en proporción al número de personas beneficiarias. En concreto, hay un 31,6% de personas pendientes de recibir la prestación en Catalunya, mientras que la media del Estado es del 17,2% y en algunas comunidades ni siquiera supera el 10%, como es el caso de Castilla y León (0,4%), Ceuta (2,7%), Navarra (4,6%), Castilla-La Mancha (7,5%) y Galicia (7,8%).
En el caso de las personas que tienen el grado III y II de dependencia existe un desequilibrio de hasta 20 puntos porcentuales entre las comunidades con menos casos para resolver -Castilla y León (0,12%) y Ceuta (2%)- y las que tienen más -Canarias (20%) y Catalunya (19,5%).
Con todo, la brecha es mucho más amplia en los casos de menor dependencia. De entre los demandantes de dependencia de grado I, la diferencia entre las comunidades del Estado va del 47,5% de Catalunya o el 45,6% de La Rioja al casi inexistente 0,83% de Castilla y León. En este caso, la media del Estado es del 29,1% de expedientes pendientes de concesión de prestación.
Catorce años de ley, más de un millón de beneficiarios
El 30 de noviembre hizo catorce años del día en el que el Congreso, con una amplia mayoría, aprobó la ley «de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia», mucho más conocida como la «ley de dependencia». Con sólo quince votos en contra de CiU, PNB, Eusko Alkartasuna y Nafarroa Bai que la consideraban una invasión de competencias autonómicas, la norma se validó.
Desde que entró en vigor en 2008, casi todos los años ha habido más personas que se han beneficiado, en comparación con el anterior. Si en su primer año sólo llegó a 228.613, al cierre de noviembre eran 1.119.209 las personas beneficiarias con prestación. La cantidad recibida depende del grado de dependencia de la persona que la pide, desde el primero en que la necesidad de ayuda externa es moderada hasta el tercero, donde se califica el beneficiario de persona con «gran dependencia».
En 2020 el crecimiento ha sido únicamente de 4.000 beneficiarios
La subvención ha ido siempre ligada a una muy lenta gestión de los expedientes que, de la mano de la avanzada edad de los que la piden, produce la triste realidad de decesos sin tener la dependencia reconocida o no haber cobrado nunca la ayuda.
Según denunciaba la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales a inicios de año, el tiempo mediano de tramitación del caso en el Estado es de 426 días. En Catalunya el tiempo se dilata todavía más y llega a 576 días de media, es decir, más de un año y medio.
Estos plazos infringen la ley, que en la disposición final primera recoge que el periodo máximo entre «la fecha de entrada de la solicitud y la de resolución de reconocimiento de la prestación de dependencia será de seis meses [180 días]».
La huella de la Covid-19
El impacto de la pandemia por Covid-19, que es especialmente letal entre las personas de edad avanzada o que tienen otras patologías previas, ha impactado con fuerza entre el colectivo que percibe la ayuda a la dependencia. Hasta el mes de noviembre, en 2020 han muerto 31.980 más beneficiarios de los que habían muerto el 2019. La diferencia fue especialmente destacada en el mes de mayo, durante el primer pico de la pandemia en el Estado, con un crecimiento del 116% de los decesos en comparación en el año anterior.
«La lista de espera se ha reducido por las muertes de personas, no porque hayan sido atendidas», apunta en este sentido José Manuel Ramírez, presidente del Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
El crecimiento abrupto de decesos también ha modificado una tendencia clara en el número de personas beneficiarias. Desde el 2015, cada año aumentaba en unas 50.000 personas, pero este 2020 el crecimiento ha sido únicamente de 4.000 beneficiarios. En nueve de las comunidades ha aumentado el número de beneficiarios, mientras que en el resto ha bajado. Especialmente en La Rioja (-7,2%), en la Comunidad de Madrid (-7%) y en Catalunya (-4,6%), algunas de las comunidades más afectadas por la Covid-19.
El Imserso alerta de que a causa de la condición de pandemia y de las «especiales circunstancias» derivadas «es muy probable que se produzcan regularizaciones de los datos que serán informadas».
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