A principios de semana pasada una noticia se hacía viral en varios medios de comunicación digital que gravitaban en torno al siguiente titular: «La fiscalía investiga a Ada a Colau por un presunto caso de subvenciones ilegales».
El titular hacía referencia a la denuncia presentada por la asociación de abogados contra la alcaldesa Colau, la actual concejala de derechos sociales, Laura Pérez, sus predecesoras, Laia Ortiz y Gala Pin, por presuntas irregularidades en la concesión de una serie de subvenciones a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la pobreza Energética, Ingenieros sin Fronteras, y el observatorio DESC. Precisamente, la denuncia también se presentó contra Irene Escorihuela, directora del DESC, un centro de derechos humanos que concentra sus esfuerzos en desmontar la percepción devaluada de los derechos sociales -derecho a la vivienda, al trabajo, a la educación, la salud , a la alimentación- en relación a otros derechos considerados fundamentales como los derechos civiles y políticos y los derechos patrimoniales.
Según los Abogados por la Constitución (una asociación de abogados vinculada a Sociedad Civil Catalana que ha tomado cierta notoriedad por haber iniciado el litigio contra el ex-Presidente Torra), la razón por la que estas entidades habrían sido beneficiarias de una serie de contratos se debe a los vínculos personales y profesionales que la alcaldesa habría mantenido con ellas en el pasado.
Si esta hubiera sido la historia – que una entidad determinada ha presentado una denuncia contra la administración -, la noticia habría pasado más o menos desapercibida. Pero un titular engañoso puede convertir un hecho más o menos rutinario en una campaña política de desprestigio. Y en este caso concreto, el titular tenía un problema importante: no era cierto.
Querellas a la administración se presentan a menudo. De hecho, los Comuns suelen ser objeto constante de denuncias por parte de sectores económicos que se ven perjudicados por las políticas públicas que se impulsan desde el Ayuntamiento. Agbar, la empresa privada encargada de la gestión integral del ciclo del agua enfrentada con el Ayuntamiento por la voluntad de éste de remunicipalizar su gestión, ha presentado dos demandas contra Eloi Badia – Concejal del distrito de Gracia a cargo de la cartera de Emergencia Climática y Transición Ecológica de Barcelona, por delitos de injurias, calumnias y revelación de secretos que han sido archivadas.
Vauras Investment, un fondo de inversión inmobiliario que el Ayuntamiento de Barcelona acusaba de incumplir el Decreto Ley 17/2019 según el cual la empresa debía ofrecer un alquiler social a las familias que iban a desahuciar, presentó una querella contra Lucía Martín, Concejala de Vivienda, y Marc Serra, Regidor de Derechos de Ciudadanía y Participación, por coacciones, extorsión, prevaricación, tráfico de influencias – entre otros -. La querella fue desestimada por no tener «rigor ni precisión «.
También fracasó la querella del fondo de inversión Inversiones Hoteleras Atir que presentó contra la segunda teniente de alcaldía, Janet Sanz por prevaricación, cuando ésta se negó a conceder una licencia para la construcción de un hotel de dos edificios y once pisos en Drassanes. El listado continúa.
Si bien nunca es descartable que una querella pueda está fundamentada en hechos demostrables – y por tanto que acabe con una sentencia firme -, la acumulación de casos presentados por sectores económicos poderosos que se ven perjudicados por determinadas políticas públicas lleva inevitablemente a cuestionar el verdadero motivo de algunas querellas. Querellas que, a menudo, están tan mal redactadas, que no son ni aceptadas por no cumplir con los requisitos de forma. Resumiendo brevemente con una frase popular: calumnia que algo queda.
Porque una cosa – como es el caso en cuestión – es que una querella se acepte a trámite para determinar si existen o no indicios de delito (que es el procedimiento ordinario), y otra muy distinta es que la fiscalía investigue de moto propio, lo que implicaría que ya se ha iniciado formalmente una investigación donde se han apreciado indicios de delito.
La fiscalía, de hecho, y de acuerdo con el artículo 773.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, podría haber practicado las diligencias pertinentes para la comprobación de los hechos. No es el caso, ya que la fiscalía no se ha pronunciado al respecto y nadie del Ayuntamiento ha recibido ninguna notificación del Ministerio Fiscal.
La alcaldesa Ada Colau difícilmente será investigada por este presunto caso de corrupción porque no es la responsable legal de los convenios que deberán ser investigados, sino aquellas personas que habrían firmado los convenios en cuestión, es decir, los concejales de las áreas correspondientes. Teniendo en cuenta que la mayoría de estas subvenciones se iniciaron en el año 2012, también habría que añadir en el listado de investigados los responsables políticos bajo la administración del alcalde Xavier Trias.
Podría serlo, en todo caso, en la hipotética situación de que un juez aceptara a trámite la querella, ya que la denuncia presentada por la acusación también decidió incluir a la actual alcaldesa. Esto a día de hoy no ha sucedido, por lo que el tratamiento que se le ha dado a la noticia en diferentes medios sólo puede responder a dos razones: o bien se trata de negligencia en el tratamiento informativo, o bien hay una intencionalidad política subyacente.
Asimismo, ambas posibilidades son independientes de que la querella termine o no prosperando, ya que todavía habrá que esperar un tiempo para saber de qué manera finaliza el procedimiento judicial. Para entonces, sin embargo, los efectos de estos titulares ya habrán cumplido su función.
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