Análisis

La enseñanza del catalán no llega ni al 1% de la población activa extranjera en Cataluña

En 2023 las empresas catalanas disponían de 238 millones de euros para invertir en formación continua bonificada, pero solo gastaron algo más de la mitad: 122,8 (51,4%). El año anterior pasó más o menos lo mismo: había una bolsa de 233,5 millones y solo se utilizaron 118,4 (50,7%). Estas cifras salen de los informes que publica la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Fundae), entidad pública que gestiona los fondos de las cotizaciones sociales que se destinan a la formación continua de los trabajadores. Según estos informes, las empresas catalanas que piden estos fondos no llegan ni al 20% de las que potencialmente podrían.

Los sindicatos CCOO y UGT, y las patronales Fomento y Pimec, hace tiempo que trabajan para que una parte de este dinero que no se gasta, y que al final se transfieren a los presupuestos generales del Estado, se dedique al aprendizaje del catalán entre los trabajadores de origen inmigrante. Actualmente, a esta finalidad se destinan cantidades simbólicas: medio millón de euros del Consorci de Formació Contínua de Catalunya (Conforcat) y otro medio millón del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). Con los primeros se da formación a un millar de trabajadores cada año y con los segundos a un millar de personas en situación de paro.

Estas 2.000 personas representan aproximadamente el 0,22% de las 904.600 que configuran la población activa de origen extranjero en Cataluña, según datos del Observatori del Treball i Model Productiu. Un 28% de estos trabajadores provienen de países de la Unión Europea, mientras que el restante 72% lo hacen de fuera, con Marruecos, China, Honduras y Colombia como los principales países de procedencia de la mano de obra de origen extranjero no comunitaria.

Las empresas catalanas ‘pierden’ más de cien millones de euros cada año de formación continua que no se hace

El pasado martes 14, CCOO presentó el documento En defensa de la llengua catalana i per la promoció del seu ús social, en una jornada que contó con varios expertos que analizaron la situación del catalán, en especial en la escuela y en el mundo del trabajo, en el conjunto de territorios de habla catalana. Dos de las medidas que se presentan para impulsar el catalán en el ámbito del trabajo son “desarrollar planes de formación lingüística y de reciclaje en el marco de la formación continua para que el conjunto de los trabajadores y trabajadoras adquieran la competencia lingüística adecuada” e “incluir planes de acogida lingüística para los trabajadores y trabajadoras extranjeros en el marco de un plan de gestión de la diversidad de la empresa”.

Montse Ros, coordinadora del documento, explica a este diario que “hace cuarenta años tuvimos suficiente con la escuela para hacer del catalán una lengua transversal y una herramienta de cohesión social, hoy necesitamos la implicación del mundo de la empresa”. “En los años 80 no había una emigración viva —razona—, la inmersión en la escuela se hizo sobre los hijos y nietos de una migración que ya estaba establecida en Cataluña, y por eso el pilar tenía que ser la escuela. La emigración actual es viva, es de personas adultas que llegan buscando trabajo y que después traen a sus hijos”. Y aporta este dato: “No tenemos ni un solo estudio hecho por sociolingüistas sobre el uso del catalán en los centros de trabajo”.

Un pequeño paso adelante

Lo que se preguntan, desde hace un tiempo, los agentes sociales es, según Ros, “¿por qué no se usan estos fondos, que son dinero finalista que se tiene que gastar en formación y no estamos gastando, a hacer formación en lengua catalana a todos estos trabajadores provenientes de la inmigración?”. Cada empresa puede pedir una cantidad de dinero para formación continua en función de su volumen de trabajadores, pero la realidad es que solo lo hacen las que cuentan con mucha plantilla y un buen departamento de recursos humanos. “Estamos desaprovechando una financiación muy grande, una parte puede ir al catalán y otra a otras formaciones que seguro que hacen falta”, matiza Ros.

A raíz de la Ley de FP (2022), las cotizaciones sociales destinadas a formación continua las gestionan a partes iguales los ministerios de Trabajo y de Educación. Àlex Lobaco, subdirector del Conforcat, explica que el Ministerio de Educación y Formación Profesional “inicialmente permitía usar estas subvenciones de formación únicamente para certificados profesionales, pero se admitió que el catalán es una competencia clave y profesionalizadora, y esto nos ha permitido disponer de una mayor financiación este año para formar en catalán a personas con trabajo”. Admite, pero, que un millar de trabajadores “es una cantidad muy pequeña teniendo en cuenta el volumen total”.

El papel de Política Lingüística

Según explica Ros, en este propósito de hacer llegar el conocimiento del catalán a los trabajadores migrados juega un papel importante el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL), que es el organismo dependiente del Departament de Política Lingüística de la Generalitat (antes de Cultura) que acredita la formación y el conocimiento del catalán, en seis categorías (A1, A2, B1, B2, C1 y C2), de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.

Los agentes sociales piden al CPNL más facilidades a la hora de realizar los cursos, es decir, que tengan más módulos, de tal manera que los alumnos puedan encajarlos con sus obligaciones laborales, y que los centros acreditados puedan hacer las pruebas, puesto que actualmente la única manera de obtener el título, después de hacer los cursos, es presentándose a una única prueba libre anual que convoca el CPNL.

“El aprendizaje del catalán tiene que tener dos patas, una en el sistema educativo y otra en el sistema del trabajo, y el CPNL tendría que convertirse en facilitador de estos dos sistemas aportando formación y material”, apunta Ros. Y añade: “Nosotros pedimos que la acreditación sea gratuita, modal y adaptada, y que el CPNL forme formadores y proporcione recursos didácticos, pero que deje que otros hagan la acreditación”.

Con todo, ahora mismo estas conversaciones están en punto muerto, admite Ros, puesto que el CPNL no está dispuesto a ceder el control de los exámenes a ninguna entidad. Según explica Lobaco, “el hecho de que los alumnos tengan que esperar meses hasta examinarse una vez han acabado el curso es ciertamente un hándicap”, y por eso los sindicatos piden al CPNL que “siga el modelo Cambridge, puesto que esta universidad facilita a los centros formadores los materiales y el examen”, una solución que podría ayudar el CPNL a reducir la larga lista de espera que tiene para los cursos de catalán que organiza directamente.