El acuerdo del Govern con ERC, los Comunes y la CUP para regular los alquileres de temporada y de habitaciones y para prorrogar la calificación de los VPO que están en riesgo de perderla —medidas que se incorporaron al decreto de urbanismo y vivienda convalidada la semana pasada en el Parlament— puede suponer un paso relevante para frenar la escalada de precios y evitar la evasión de las evasiones. Las formaciones han acordado actuar sobre rendijas legales que el mercado ha aprovechado de forma creciente, dejando fuera del tope de precios miles de contratos.
Ahora bien, ¿pueden estos avances traducirse en un cambio de modelo real y duradero? Más allá de la voluntad política y la aprobación parlamentaria de estos acuerdos, un cambio de modelo requiere información transparente, común y fiable del mercado que permita evaluar si las medidas funcionan y corregir desviaciones, especialmente si estas regulaciones acaban incentivando las figuras informales del alquiler que escapen desprotegidas.Hoy el registro de fianzas del INCASÒL, una fuente privilegiada que recoge el 80% de los contratos de alquiler formalizados en Barcelona, ofrece datos clave desde 1984. Esta infraestructura informativa, que otras comunidades no tienen, es esencial para diseñar regulaciones efectivas y realizar seguimiento de sus efectos.
En este contexto, desde una mirada metropolitana hay una pregunta inevitable: ¿podemos aspirar a un cambio de modelo si ni siquiera tenemos datos compartidos para diagnosticar el problema? Ésta es la paradoja que hay que abordar si queremos avanzar hacia verdaderas políticas de vivienda a escala metropolitana.
Y es que una de las limitaciones más graves para planificar y gobernar la vivienda en esta escala es, sin duda, la falta de datos compartidos y sistematizados. A diferencia de lo que ocurre con otros ámbitos como el transporte o la gestión de residuos, el sistema de información sobre vivienda sigue siendo fragmentado y desigual, tanto en los temas como en los territorios.
La fragmentación institucional -con competencias repartidas entre la Generalitat, los ayuntamientos, los consejos comarcales y el AMB- hace que los datos sean dispersos, se recojan con metodologías diferentes, se mantengan cerradas o, directamente, no se generen. Esto dificulta tanto la planificación como la evaluación de las políticas, debilitando la posibilidad de construir un relato colectivo sobre soluciones conjuntas. Hablar de “modelo metropolitano de vivienda” con datos inconexos es cómo tomar decisiones de movilidad sin saber dónde empiezan y terminan las calles.
El caso de los desahucios es un claro ejemplo de ello. En muchos municipios, las familias llegan a los servicios sociales cuando ya están a las puertas del desahucio. A menudo ya han pasado por otros municipios donde han sufrido situaciones similares y, cuando finalmente son desahuciadas, se desplazan allá donde tienen red familiar. Si existieran sistemas de alerta temprana, canales de comunicación intermunicipales y una base de datos común, se podría realizar un acompañamiento preventivo mucho más efectivo . Desgraciadamente, hoy en día estas herramientas son inexistentes o anecdóticas.
Otro caso ilustrativo es el de las viviendas vacías . Según el INE (2021), un 8,2% del parque en Barcelona estaría vacío, a partir de cálculos realizados con consumos energéticos. En cambio, un censo físico realizado por el Ayuntamiento de la ciudad condal en 2019, con visitas a más de 100.000 pisos, identificó sólo un 1,2% de viviendas realmente vacías. Actualmente, muchos municipios de la región metropolitana parten de los datos del INE para diseñar programas de movilización de vivienda, pero estas diferencias dificultan la eficiencia y planificación de las políticas públicas. Un censo metropolitano unificado permitiría optimizar iniciativas como las bolsas de mediación de alquiler social , que a menudo no logran captar viviendas de propietarios privados por su poco atractivo ante agencias e inmobiliarias.
También tenemos una gran falta de información sobre el estado del parque edificado y las necesidades de rehabilitación . En 2021 sabíamos que el 63% del parque del AMB era potencialmente rehabilitable , pero no disponemos de datos desagregados por los 160 municipios de la región que permitan actuar de forma eficiente barrio a barrio. En un contexto de emergencia climática, la opacidad informativa es una barrera inaceptable para impulsar políticas de rehabilitación en la escala necesaria.
Ahora bien, también existen activos valiosos . Contamos con el Observatorio Metropolitano de la Vivienda de Barcelona (O-HB) , la Cátedra Barcelona de Estudios de Vivienda y observatorios comarcales como los de los Vallès Oriental y Occidental . También existen ayuntamientos y servicios técnicos muy implicados. Es necesario fortalecer estas capacidades con presupuestos estables e institucionalizar el trabajo en red , para pasar de buenas prácticas puntuales a una política metropolitana de datos robusta, cooperativa y sostenida en el tiempo .
Pero no se trata sólo de mejorar la planificación. También se trata de disputar el relato. Sin datos rigurosos, los discursos engañosos ganan espacio : se criminaliza la pobreza , se culpa a las personas migradas de la falta de vivienda y se dan altavoces como las personas de modelo real también necesita una nueva cultura de los datos.
Precisamente, la semana pasada tuve el honor y la responsabilidad de participar en el debate » ¿Estamos ante un cambio de modelo en vivienda? « , organizado por Verificado y La Vanguardia , con el apoyo del European Media and Information Fund. El objetivo era generar un espacio de discusión pública libre de desinformación y basado en datos contrastados.
Sobre la pregunta de fondo y el cambio de modelo , empezamos a ver síntomas de un modelo agotado : una ciudadanía más organizada y consciente, que con su movilización puede impulsar cambios legislativos y presionar a las administraciones para recuperar su rol regulador. Esta ruptura de modelo empieza a poner en alerta a varios actores sobre la gravedad de la crisis y la necesidad de encontrar soluciones. Sin embargo, todavía estamos lejos de un cambio profundo y estructural .
Una de las razones que nos alejan de ese cambio —y que quedó clara en el debate— es la falta de evidencias compartidas sobre las causas del problema. Sin un diagnóstico común, resulta difícil llegar a consensos sobre las soluciones. Las divergencias son evidentes: sobre el equilibrio entre oferta y demanda, la efectividad del tope de precios del alquiler o los beneficios de los propietarios.
Por mi parte, como “vivendista metropolitana” , intenté aportar al debate la visión de la ciudad de los 5 millones, el ámbito de trabajo del Plan Estratégico Metropolitano de Barcelona . Y desde aquí, insisto: sin datos compartidos, no hay gobernanza metropolitana posible.
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