El periodo inflacionario que llevamos arrastrando desde 2021 no se veía desde hace décadas, y ha erosionado el poder adquisitivo de la ciudadanía, pues las subidas salariales de momento son insuficientes para cubrir el incremento en el coste de la cesta de la compra. Si los precios han crecido poco más de un 21% entre 2014 y 2023, los salarios lo han hecho un 17,4%, reduciendo por lo tanto el salario real. A pesar de que el salario mínimo se ha incrementado un 67,4% durante este periodo, mitigando el impacto del incremento de precios y reduciendo las desigualdades de renta, las rentas bajas se ven más afectadas por la inflación al destinar un porcentaje más alto de sus ingresos a la cesta de la compra, donde también hay que sumar la no deflactación de los tramos del IRPF.
Este fenómeno también afecta la capacidad de ahorro de las familias. Dentro de las que disponen de ella, las que han mantenido su dinero allí donde siempre lo han tenido, en la mayoría de casos una cuenta corriente de un banco tradicional que no remunera el ahorro, seguramente habrá perdido anualmente en poder adquisitivo la diferencia entre el incremento del IPC y el aumento que hayan podido tener en su salario, si excluimos otras fuentes de ingresos. En cambio, quien haya tenido sus ahorros en cuentas corrientes remuneradas, depósitos u otros productos financieros han podido mitigar el impacto de la inflación, y tal vez neutralizarlo y salir ganando. Y estas suelen ser personas con capacidad de ahorro, pero también con educación financiera.
Aunque tendemos a centrarnos en las desigualdades en las rentas del trabajo y su evolución, las desigualdades en las rentas del capital son muy superiores. Mientras que el porcentaje de renta total que ostentan el 1% y el 10% más ricos es del 11,9% y el 33,6% respectivamente, dejando el 50% más pobre con el 22,5% de la renta, en el caso de las rentas del capital estos porcentajes son del 23,8%, 57,2% y 6,7%, respectivamente. El acceso en la medida de lo posible del grueso de la población a las rentas del capital es una manera de reducir dichas desigualdades, pero primero se necesita educación financiera para que cada uno pueda elegir las opciones que mejor se adapten a sus proyectos de vida. Y es una asignatura pendiente.
En el eurobarómetro de 2023, el Estado español se situaba en la cola de Europa en alfabetismo financiero, sólo por delante de Chipre, Portugal y Rumanía. Sólo un 19% de los encuestados contestaron correctamente al menos 4 de las 5 preguntas sobre el tema, lejos del 43% alcanzado en los Países Bajos. Si bien la última evidencia disponible es de cuando justo empezaba el periodo inflacionario actual, la Encuesta de Competencias Financieras (ECF) del Banco de España de 2021 también muestra una comprensión pobre de conceptos financieros básicos. Sólo un 19% de los encuestados contestaron correctamente las tres preguntas principales del estudio, relacionadas con la inflación, el interés compuesto y la diversificación del riesgo. La media de respuestas correctas a las tres preguntas es del 53%, y existe una brecha de género de unos 10 puntos porcentuales en favor de los hombres, una brecha de edad en forma de U invertida, y una brecha de nivel socioeconómico.
Según la ECF, el 43% de la población española tiene algún producto de ahorro (cuenta de ahorro, plan de pensiones, fondo de inversión, acciones, renta fija o criptomonedas). Llama especialmente la atención en Catalunya el elevado número de personas que viven en hogares donde los gastos han superado a los ingresos en los últimos 12 meses, un 30%, liderando el ránking junto con Murcia.
Las pruebas PISA de 2022, que evalúan las competencias de una muestra representativa de estudiantes de 15 años y que añadieron un apartado de educación financiera, muestran, pero, como el Estado español se sitúa ligeramente por encima de la media. Los resultados también resaltan la importancia de las interacciones con la familia y la autonomía, pues aquellos que comentan regularmente sus decisiones de gasto con la familia y los que tienen capacidad de decisión sobre cómo gastar el dinero propio obtienen puntuaciones significativamente más altas en educación financiera.
El principal peligro de la ignorancia financiera es que, quien puede, se aprovecha de la situación. Los bancos españoles han repercutido significativamente menos que los vecinos europeos la subida de los tipos de interés en la remuneración de las cuentas corrientes de sus clientes. La concentración en cada vez menos manos de las entidades bancarias también puede jugar un papel, pero la capacidad de los clientes de poder comparar ofertas y cambiar de entidad es clave. Los créditos rápidos con tipos de interés rozando la usura, pagos a crédito innecesarios, la financiación de bienes que se podrían pagar al contado o una hipoteca mal negociada son otros ejemplos de consecuencias que pueden perjudicar la salud financiera de parte de la sociedad y que muchas veces se pueden evitar. Por otra parte, la viralización de gurús creadores de contenido promocionando la inversión en activos sin valor intrínseco como las criptomonedas también puede llevar a ciertas personas a la ruina por falta de diversificación. Puede parecer muy minoritario, pero en la ECF de 2021 hasta un 12% de los jóvenes declaran tener criptomonedas.
¿Quién debería ofrecer esta educación financiera? Si bien existen iniciativas por parte de la banca tradicional para llevar la educación financiera a las escuelas, son parte interesada. Siempre se reclama que ciertos contenidos se deberían enseñar en las escuelas, pero nunca se tiene en cuenta el coste de oportunidad de hacerlo (a cambio de qué contenidos eliminar), pero en este caso hay cierta evidencia que indica que el alumnado toma mejores decisiones financieras a largo plazo si ha recibido formación en la materia. Desde la OCDE y el gobierno español también se han desarrollado iniciativas como Finanzas para Todos, en colaboración con la CNMV y el Ministerio de Economía. Aún siendo una herramienta bastante completa, de momento tiene un alcance muy limitado.
A parte de fomentar la identificación de ingresos y gastos y la preparación y seguimiento de un presupuesto propio, el fomento del ahorro mediante la inversión también puede ser deseable, y se puede acompañar de incentivos fiscales. La vivienda ha sido tradicionalmente el vehículo principal de inversión en el Estado español, facilitado por el apalancamiento a tipos bajos que permiten las hipotecas y ciertas ventajas fiscales, hoy día prácticamente desaparecidas. Las viviendas se ven como activos seguros con los que generar rentas pasivas. En momentos como los actuales donde el acceso a este bien esencial está especialmente tensionado, es importante hacer atractivos otros métodos de complementar las rentas del trabajo para mitigar la actual concentración del ahorro en el sector inmobiliario, a la vez fomentando el acceso al mercado inmobiliario a quien realmente lo utilice para encontrar un sitio donde vivir.
Estos incentivos fiscales pueden tener forma de deducciones de impuestos en cuentas específicas de ahorro e inversión. Países como Francia (Livret A, Livret de Développement Durable y Livret d’Epargne Populaire, Reino Unido (Individual Savings Account), Suecia (Investeringssparkonto) o Japón disponen de este tipo de cuentas, conocidas por la población, que tienen en común la posibilidad de invertir en diferentes productos financieros (cuentas remuneradas, depósitos, acciones o fondos) con unas condiciones fiscales ventajosas, como la exención fiscal de los beneficios generados dentro de la cuenta hasta ciertos límites.
Fuera de dichos países, los ahorradores minoristas lo tienen más difícil. En general, los impedimentos que detecta la Unión Europea para que los minoristas se puedan beneficiar de los mercados de capitales son la falta de información, la (mala) influencia de la información comercial en las redes sociales, la falta de confianza en el asesoramiento por parte de los intermediarios y la comisiones comparativamente elevadas. La educación financiera es clave para superar estos impedimentos, y a nivel europeo se lleva debatiendo una propuesta similar a las cuentas de ahorro e inversión desde hace años. Parece que recientemente vuelve a estar sobre la mesa aprovechando los últimos intentos de promover la industria y la militarización europea para intentar tener algún papel relevante en el mundo multipolar actual.
Aunque todavía no está claro qué tipos de productos se van a beneficiar, parece que las cuentas estarían condicionadas a la inversión en empresas europeas y acompañados de una armonización entre países y de una eliminación de la doble imposición internacional. Se busca una situación donde ganen tanto los ahorradores, con rentabilidades más elevadas, como las empresas europeas, necesitadas de inversión, pero sólo una población formada podrá tomar las decisiones que más le convengan para llevar a cabo sus respectivos proyectos de vida.
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