En el libro afirmas que hay una lógica excluyente en el reconocimiento de las víctimas. ¿Por qué crees que el Estado español se ha sentido más cómodo reconociendo algunas muertes e invisibilizando otras, como las de la “guerra sucia” o la violencia policial?
Esta iniquidad tiene que ver con el discurso según el cual España alcanzó la democracia a partir de un proceso pacífico y modélico. Para sostener este relato, ha sido necesario ocultar el hecho de que casi medio millar de personas que apostaban por una verdadera ruptura con la dictadura murieron a manos de la Policía Armada y las tramas negras que durante la década de los 80 —“los años de plomo”— operaban bajo las órdenes de los gobiernos de la época. Asumir estas vulneraciones sería como admitir que el actual Estado se ha construido a través de la represión contra los sectores disidentes, razón por la cual tanto el PP como el PSOE ponen el acento en que la violencia solo ha provenido de los grupos insurreccionales y, salvo alguna excepción, que las otras muertes son fruto de episodios en los que las fuerzas de orden han tenido que actuar conforme al derecho a la legítima defensa.
¿Cuáles son los mecanismos o criterios políticos que acaban dictando quién es una ‘víctima de primera’ y quién queda relegada a la ‘segunda categoría’?
Los criterios vienen fijados por la Ley estatal de solidaridad con las víctimas, aprobada en 1999, y su posterior ampliación en 2011 con la Ley de reconocimiento y protección integral. Mediante estas normas se establece que son víctimas oficiales las causadas por ETA, los GRAPO, el yihadismo y otros grupos o individuos considerados terroristas por haber actuado contra el orden establecido; mientras que, en un segundo estadio, figuran las provocadas por grupos ultras y el “terrorismo de Estado” (los GAL), cuyas víctimas han tenido que batallar individualmente para ser admitidas en la ley. En cambio, contraviniendo el Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo, adoptado por Naciones Unidas en 2001, han quedado fuera de cualquier reparación y reconocimiento las víctimas causadas por las fuerzas y cuerpos policiales. Así es como se ha delimitado a quién se debe catalogar como víctima y quién no puede ser considerado como tal, lo cual proyecta una memoria sesgada respecto a la violencia registrada desde el tardofranquismo hasta la actualidad.
¿Cuál es el papel de asociaciones como la AVT, COVITE o el Foro de Ermua? En el libro observas que estas entidades han dejado de ser grupos de apoyo para convertirse en arietes ideológicos de un proyecto político concreto.
Sobre todo es la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) la que ejerce este rol. Primero, cuando el PP y el PSOE le otorgaron la presidencia de la Fundación Víctimas del Terrorismo (FVT), el organismo creado en 2001 para agrupar a las entidades que se dedican a atender y dar apoyo psicológico y legal a las víctimas. Pero después todo cambió a raíz de los atentados yihadistas del 11 de marzo de 2004 en los trenes de cercanías de Madrid. A partir de ese momento, y bajo la presidencia de Francisco José Alcaraz, la AVT abandonó la equidistancia para sumarse a la llamada “teoría de la conspiración” que El Mundo, La Razón y otros medios conservadores elaboraron contra el PSOE de Rodríguez Zapatero, a quien acusaron de haber llegado a La Moncloa gracias a la masacre. No solo eso: desde entonces, y con la ayuda del ala dura del PP, la jerarquía católica y otras asociaciones de víctimas afines, se ha dedicado a arremeter contra los sucesivos gobiernos progresistas, calificándolos de traidores a las víctimas por haber negociado el fin de la violencia en el País Vasco, poner en riesgo la unidad de España al pactar con el nacionalismo vasco o catalán en el Congreso o, mediante leyes como las del aborto o el matrimonio homosexual, romper los principios católicos que, según estos grupos, deben regir la sociedad. Alimentando el dolor de las víctimas es como la AVT y las entidades de su entorno se han convertido en verdaderos instrumentos de la ofensiva reaccionaria que hoy protagonizan la derecha y la extrema derecha en el Estado español.
¿Qué papel juegan la financiación pública y el apoyo de partidos como el PP o Vox en la consolidación de estas asociaciones como grupos de presión?
Es fundamental, porque allí donde gobiernan, ya sea en municipios, diputaciones provinciales o comunidades autónomas, las riegan con una gran cantidad de dinero. En general, las partidas se canalizan en forma de subvenciones por los servicios que estas entidades deberían prestar a las víctimas. Sin embargo, en la práctica, sirven para hacer proselitismo de su mensaje maniqueo en publicaciones, actividades lúdicas o en las condecoraciones con las que distinguen a cargos políticos, escritores o estamentos policiales y militares afines. Con estos fondos, y los que obtienen de forma ordinaria del Ministerio del Interior o a través de la Fundación Víctimas del Terrorismo, consiguen que su propaganda llegue a amplias capas de la población.
Hablas de un relato hegemónico, ¿cómo se articula este relato?
Son diversas las vías mediante las cuales se proyecta. Una son los medios de comunicación que reproducen este discurso, entre ellos los diarios El Mundo, La Razón, ABC, los digitales Ok Diario o Libertad Digital, además de COPE, Telemadrid y decenas de plataformas que operan en redes sociales. En segundo lugar, la presencia en el espacio público a partir de campañas como “El itinerario de la libertad”, en Madrid, “Zaragoza no os olvida”, en la capital aragonesa, y otras destinadas a colocar placas en los lugares donde se han producido asesinatos de ETA, los GRAPO o el yihadismo, obviando hacerlo en los sitios donde ha habido muertes a manos de la extrema derecha, el “terrorismo de Estado” o las fuerzas policiales. También hay que añadir su presencia como acusación particular en juicios contra activistas vascos, pero también contra músicos, artistas, escritores o intelectuales que se posicionan a favor del acercamiento de presos, o contra municipios que no cuelgan la bandera española en el balcón del consistorio. En tercer lugar, mediante actividades de mindfulness dirigidas al entorno familiar de las víctimas, así como carreras populares y otras iniciativas impulsadas junto a sindicatos conservadores de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Sin olvidar, como forma de inocular su relato, la presencia en escuelas e institutos, donde la AVT difunde sus “Cuadernos de concienciación” para que el alumnado reciba una visión unívoca y parcial de la violencia registrada en el Estado. Y, por último, los actos que organiza en el Centro Memorial de Víctimas, en Vitoria, las ceremonias de homenaje, los comunicados, además de congresos, mesas redondas, concentraciones y marchas con el objetivo de presionar a los partidos y marcar la agenda política.
En el libro apuntas que el dolor se ha utilizado como arma arrojadiza. ¿Qué consecuencias tiene para la convivencia democrática el uso de las víctimas?
Tiene una gran repercusión social, ya que la instrumentalización del dolor solo provoca división y enfrentamiento en el seno de la sociedad, cuando si alguna función pueden tener las víctimas es convertirse en un antídoto contra la violencia y, a través de su testimonio, mostrar que los conflictos pueden abordarse de forma pacífica y dialogada. Así lo consideran la mayoría de ellas, que observan con estupor cómo se las instrumentaliza para reforzar determinadas posiciones sin haber sido consultadas, y cómo mientras unas son merecedoras de reconocimiento, otras son relegadas por razón de sus ideas, cuando todas deberían ser tratadas en pie de igualdad. Utilizar el dolor como medio para atacar al adversario solo hace que el sentimiento de venganza y la polarización se extiendan en la opinión pública, obviando que poner de relieve las diferentes vivencias puede vacunarnos contra el odio y ayudar a empatizar con el otro para que lo que sufrió no vuelva a repetirse.
¿Por qué las víctimas de las fuerzas de seguridad siguen encontrando un muro? ¿Cuáles son los principales impedimentos, legales o políticos, para que reciban la misma reparación que las víctimas del terrorismo?
Las acciones de los funcionarios públicos están blindadas por la ley estatal y el monopolio de la violencia que el Estado se atribuye a través de la Constitución y otras disposiciones. La única salvedad son las leyes vasca de 2016 y navarra de 2019, aprobadas por sus respectivos parlamentos con el objetivo de garantizar la reparación y el reconocimiento de las víctimas causadas por estas. Dos normas que, de algún modo, tratan de subsanar este déficit, aunque en el resto del Estado las vulneraciones cometidas por los cuerpos policiales siguen gozando de impunidad, tal como han denunciado reiteradamente numerosas víctimas y diversos organismos y expertos en resolución de conflictos.
¿Qué pasos debería dar el Estado para aplicar un modelo de justicia restaurativa real para todos?
Lo más urgente es deconstruir este marco de impunidad que se levantó con los Pactos de la Moncloa. En particular, la Ley de Amnistía de 1977, cuya derogación reclaman relatores de Naciones Unidas por haber exonerado a los criminales franquistas. En esta línea, también sería necesario abolir dos normas clave adoptadas en el último tramo de la dictadura: la Ley de Condecoraciones de 1964 y la Ley de Secretos Oficiales de 1968, que permite al Estado mantener sin desclasificar episodios como los GAL o los propios crímenes del franquismo durante cincuenta años. Como resultado de esta anomalía, ante la negativa del Estado a revisar el pasado, muchos de los asesinatos perpetrados durante la Transición se están investigando actualmente en Argentina. Solo abordando estas reformas —a las que habría que añadir la supresión de la Audiencia Nacional, heredera del Tribunal de Orden Público (TOP), la depuración de los estamentos policiales y judiciales provenientes de la dictadura y el respeto al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobado por la ONU en 1966— el Estado español podrá iniciar un verdadero proceso de justicia transicional que lo equipare al resto de democracias del mundo.
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